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ESPECULACIÓN DAÑINA

10 Feb

ESPECULACIÓN DAÑINALa semana que pasó fue escenario de uno de esos escándalos mediáticos inoficiosos y fundamentados en especulaciones dañosas a que están dados nuestros medios invocando la libertad de expresión; la filtración perversa de datos relacionados con una operación de inteligencia, conocida como Operación Andrómeda, a la revista Semana ha servido para decenas de artículos, editoriales y hasta denuncias de las Farc contra operaciones del Ejército Nacional a las que sin fundamento se les cuelga el rótulo de ilícitas o de violación a los derechos humanos, como son las de recopilación de información relacionada con la seguridad nacional.

Determinar quién filtró la información a Semana sobre una fachada legal de las operaciones de inteligencia es necesario para que se realice la investigación y se apliquen las sanciones que corresponden ante una eventual materialidad de la conducta penal tipificada en el art. 119 del Código Penal, en tanto la revelación de esa información de carácter reservado y relacionada con la seguridad nacional causó efectivamente un daño antijurídico irreparable, como fue privar al Estado de un instrumento legítimo de defensa ante las amenazas narcoterroristas y delincuenciales.

Como señaló el mismo presidente Santos, operaciones como las señaladas por los medios de comunicación como irregulares son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la ley de inteligencia, y eso no tiene nada de irregular. Son operaciones que envuelven indubitablemente regulaciones que comprometen elementos estructurales y básicos de derechos fundamentales como la intimidad, el habeas data, el buen nombre, la honra, el acceso a la información, el debido proceso y el principio de legalidad, lo cual explica que su ejecución se encuentre reglada en el país por la Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013.

Por ello resulta preocupante la actitud desarrollada por la Fiscalía General de la Nación que sin las verificaciones previas, en tratándose de una operación de seguridad nacional desarrollada por el Ejército, haya procedido a allanamientos y divulgación irresponsable de supuestos en un afán de figuración mediática incompatible con su misión constitucional. El daño se produjo, quedaron expuestos nombres y rangos de los responsables de la operación a condiciones de vulnerabilidad frente a represalias de narcoterroristas y delincuentes que fueron objeto de seguimiento legal, como lo demuestra el airado reclamo de las Farc desde La Habana cuando la fiscalía señala que hay al menos 2.000 correos de esa organización criminal sobre los que hubo vigilancia especial.

De nada sirve ahora que los autores de explosivas declaraciones mediáticos, funcionarios del mismo Estado, salgan a tratar de enmendar el error cometido diciendo que la operación de inteligencia era legal; en la opinión pública quedó sembrada la duda, que se acrecienta con la remoción de dos Generales de la república ahora con la justificación de “falta de criterio” por no haber informado del operativo policíaco desarrollado por la Fiscalía en el establecimiento comercial donde funcionaba el centro de operaciones, es decir se mantiene el error cobrando dos cabezas de chivos expiatorios por el error craso de otra entidad estatal que indujo a su vez en error al mismo ejecutivo.

Los colombianos deben saber que las operaciones de inteligencia que impliquen escuchas, interceptaciones de comunicaciones electrónicas y otras actividades relacionadas con el derecho de información y otros derechos fundamentales, son perfectamente lícitas mientras respeten el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso, como lo señala el art. 4 de la Ley 1621/13. Es decir, los organismos de inteligencia no pueden disponer de esa información a su albedrío para causar daño a una persona u organización, sino que deben respetar lo dispuesto en el art. 29 de la Constitución Nacional.

Tales operaciones no requieren autorización judicial previa, pues los jueces sólo conocen de las eventuales conductas punibles que contra la seguridad puedan estar en desarrollo o se hayan materializado y la inteligencia tiene como fin recabar información que permita neutralizar su realización, como ha señalado la Corte Constitucional, los servidores públicos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán denunciar las actividades delictivas de las que tengan conocimiento de manera directa o mediante representante del organismo de inteligencia, y en condiciones que permitan garantizar su seguridad e integridad, garantizando la protección de fuentes, medios y métodos. Le corresponde al juez o el fiscal disponer que la diligencia se reciba en forma privada y mantenerla  en reserva mientras sea necesario (Sentencia C-540/12)

No es cierto y es algo que escapa de cualquier lógica que la inteligencia se ejerza sobre todos y cada una de las personas naturales o jurídicas que existen en la nación, eso sería un ejercicio imposible y demasiado costoso en recursos humanos y económicos para el Estado. Esas operaciones sólo se dirigen a individuos o entidades definidas como objetivo estratégico por el conocimiento que se tenga de actividades contrarias a la Constitución y la ley como son todas las relaciones con el narcoterrorismo y otras formas delictivas.

Resulta entonces irresponsable y peligroso que incluso miembros del Congreso en trance de elección decidan ignorar y desconocer lo que ellos mismos aprobaron como Ley de Inteligencia y Contrainteligencia para señala inexistentes e imposibles “ruedas sueltas” para descalificar a sus opositores deslegitimando la institución castrense y anunciando citaciones a Generales para que divulguen cómo se hace la inteligencia en Colombia, un despropósito mayúsculo que no se presenta en ningún otro lugar del mundo.

Que la izquierda recurra a inventar historias de amenazas y seguimientos ilegales no es novedoso, ha sido su táctica política recurrente y sistemática para presentarse como víctimas y tratar de obtener votos por conmiseración especialmente de sectores críticos del Estado; ahora, seguramente algunos de sus componentes se sentirá inquieto si mantiene relaciones ilícitas con organizaciones armadas ilegales o con sus actividades narcoterroristas como parte de la combinación de las formas de lucha aún sostenida por algunos aparatos políticos, hecho que los convierte en objetivo de interés para los organismos de seguridad estatal.

Lo cierto es que la revista Semana y otros medios realización una campaña de especulación irresponsable y dañina abusando del derecho de libertad de información que llega a traducirse en riesgo para la misma vida e integridad de quienes hacen parte de los organismos de seguridad del Estado, doloroso que la Fiscalía concurra por afán mediático a hacer más grave ese daño.

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1 comentario

Publicado por en febrero 10, 2014 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “ESPECULACIÓN DAÑINA

  1. martha

    febrero 10, 2014 at 7:15 pm

    Como siempre la revista Semana se pasa de irresponsable

     

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