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DESARTICULAR LA DEFENSA DE LA NACIÓN

15 Feb

DESARTICULAR LA DEFENSA DE LA NACIÓNResulta asombroso que a partir de lo que han dado en llamar “interpretaciones heterodoxas” de la Constitución Política, sea desde el mismo Estado social de derecho que se accione para desarticular la defensa de la nación, pretermitiendo el mandamiento de la Carta que obliga a todos los ciudadanos a preservar y mantener esa defensa como un deber social de solidaridad.

Es inconcebible hasta ahora que con base en informaciones de fuentes no identificadas la Fiscalía General de la Nación decida allanar un centro de recopilación de información del Ejército Nacional y arme todo un show mediático para indicar que allí posiblemente se hubieren podido cometer excesos en la recolección de información y se hubieren efectuado interceptaciones ilegales a los negociadores de paz del gobierno.

Lo peor es que esa información siendo objeto de reserva sumarial en la etapa investigativa, fluya como un torrente a los medios de comunicación social y sin fundamentos legales serios se atente contra la integridad y la moral de los hombres y mujeres que llevan a cabo delicadas tareas en defensa de la patria, exponiendo no sólo sus coberturas sino su integridad personal, su vida misma.

Pasado el interés inicial por el tema y luego de que el mismo presidente de la república aclarara públicamente que la fachada que operaba en el occidente de la capital, conocida como Operación Andrómeda, era legal, y sin que la Fiscalía, como informaba públicamente, hubiere obtenido prueba alguna de ilicitud cometida en ese centro, de repente aparecen directores de partidos y movimientos políticos señalando que tienen copia de archivos desencriptados por la Fiscalía que probarían escuchas a algunas personalidades colombianas o comienzan a filtrarse escuchas a los narcoterroristas que le sirven a estos para mostrarse indignados y decir que pierden la confianza en el proceso de La Habana.

En una época preelectoral como la que vive Colombia es supremamente peligroso que este tipo de conjeturas y suposiciones, de falsas informaciones y especulación mediática se dé, habría que preguntarse entonces dónde es que realmente están los enemigos de la paz, el orden y la ley, esas fuerzas oscuras de que tanto se habla para descalificar a los que cuestionan el proceso que el actual gobierno adelanta con la narcoguerrilla de las Farc.

El fiscal Eduardo Montealegre que no ha desaprovechado todo escenario posible para decir que las Farc no cometen delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra (ELUNIVERSAL, 2013), insiste como Torquemada en que el Ejército debe probar su inocencia y que hay una presunción de culpabilidad en las labores de inteligencia, tesis que sirve de acicate a miembros de la izquierda radical colombiana para tratar de hacer campaña sobre falsas amenazas y espionaje en su contra por parte del Estado, en consonancia con lo que afirman desde Cuba los cabecillas del narcoterrorismo.

El senador Carlos Romero, actual precandidato de la Alianza Verde Progresista, rompiendo el sigilo que debe acompañar las sesiones reservadas del Congreso sobre temas de seguridad nacional, salió a hacer públicas las deliberaciones sobre el caso concreto de la llamada Operación Andrómeda, primera sesión de control político de las labores de inteligencia y contrainteligencia, tarea difusora en la que lo acompañaron otros miembros de esa corporación como Iván Cepeda Castro, al decir que se retiraron de la sesión porque el Ministerio de Defensa no había hablado de responsabilidad penal de los implicados, sin que hasta ahora se haya probado la comisión de delito alguno. Pura especulación para fines politiqueros.

La Inspección General del Ejército, sin contar con la colaboración adecuada de la Fiscalía que secuestró los medios electrónicos de la fachada, llegó a una conclusión seria y luego de pruebas y exámenes a quienes desarrollaban allí sus labores, determinó que se habían ceñido a la ley que regula estas actividades, separando a quienes tenía la responsabilidad de controlar la seguridad de las mismas en tanto permitieron acceso a terceros y no informaron oportunamente del allanamiento efectuado por la Fiscalía.

La Procuraduría a su vez anuncia que ejercerá el poder disciplinario preferente sobre el personal del Ejército en lo que atañe al caso y periodistas como Daniel Samper Pizano enseguida señalan que eso no es garantía, como si el único resultado posible fuera ponerle cadenas y grilletes a los militares por el cumplimiento de su misión para satisfacer el morbo de la galería.

La sociedad colombiana y la comunidad internacional deben tener en claro que las Farc siguen siendo una organización narcoterrorista que adelanta acciones criminales en el país aún en medio de los diálogos con el gobierno y por lo tanto es deber ineludible de las autoridades legítimamente constituidas indagar qué planean, cómo piensan hacerlo, cuándo, dónde, con qué recursos, para neutralizar cualquier acción delictiva que afecte la convivencia pacífica y allí es donde juega su papel la inteligencia y la contrainteligencia que en Colombia está reglada por la Ley 1621/13, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-540/12 y por tanto de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

Si hay personas, cualquiera sea su profesión o militancia política, que adelantan charlas, conversaciones o encuentros con miembros de organizaciones armadas ilegales incumpliendo el mandato del art. 95 constitucional, no importa los motivos que indiquen, están siendo cómplices o están prohijando las acciones criminales de esos grupos y por ende se convierten en objetivos de interés para los organismos de inteligencia y contrainteligencia sin que ello signifique que están siendo perseguidos por razón de sus convicciones políticas, en eso no hay que llamarse a engaño y no se puede tolerar para posar de democrateros.

 
1 comentario

Publicado por en febrero 15, 2014 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “DESARTICULAR LA DEFENSA DE LA NACIÓN

  1. Juan Herrera G.

    febrero 17, 2014 at 2:33 pm

    El gobierno de Santos, es temeroso del conocimiento que de alguna manera se pueda tener de las negociaciones en La Habana. El nuevo show armado por la Fiscalía, esparte del montaje de desprestigio que se le hace al ejército para meter a la opinión pública en los errores divisionistas que están creando para propiciar la entrada de los bandidos al Congreso.

     

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