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CIDH COMPROMETE SEGURIDAD JURÍDICA COLOMBIANA

19 Mar

CIDH COMPROMETE SEGURIDAD JURÍDICA COLOMBIANALa recomendación de medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando presuntas faltas de garantías jurídicas en el proceso disciplinario que le siguió la Procuraduría General de la Nación al burgomaestre pese al aval jurídico proferido en decisiones del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura al acto administrativo por el cual se le destituye e inhabilitad, sin lugar a dudas colocan en una situación sub júdice todo el sistema judicial colombiano.

El punto en discusión es determinar si en Colombia la Procuraduría tiene la facultad legal para destituir e inhabilitar a un servidor público elegido por voto popular que es el argumento de la defensa del alcalde ante la CIDH, en tanto la Carta Interamericana de Derechos Humanos diseñada en 1968 contempla que los ciudadanos elegidos popularmente sólo pueden ser separados de sus cargos por decisión de juez penal; en tiempos recientes la CIDH había ordenado tales medidas en los casos del el ex ministro mexicano José de Jesús Orozco y el venezolano Leopoldo López a quienes sus gobiernos había prohibido inscribirse como candidatos a elecciones sin que mediara proceso jurídico.

No es el caso de Gustavo Petro Urrego quien fuera investigado por la Procuraduría a solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Contraloría y la Veeduría Distritales que habían hecho advertencias de control sobre el proceso en el cambio del modelo de recolección de basuras en la capital que en diciembre de 2012 generó toda una problemática que puso incluso en riesgo la salubridad de la ciudad, tal cambio de modelo pretermitió claras disposiciones constitucionales y legales en tanto hubo abuso de las facultades del burgomaestre que limitaron entre otras cosas la libre competencia en el mercado de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

El proceso disciplinario radicado IUS 2012 – 447489 estableció probadamente la responsabilidad disciplinaria del alcalde Petro en violación grave de las normas del Código Único Disciplinario y ordenó su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, tal y como se aplicó a otros funcionarios como el ex ministro Arias, la ex senadora Piedad Córdoba y cerca de 700 funcionarios más elegidos popularmente. La defensa del alcalde, que no se notificó de la sanción, aduce que por su calidad de elegido no puede ser sancionado disciplinariamente sino penalmente.

Como estrategia de defensa el alcalde acudió a una tutelatón en la que más de 300 acciones de tutela fueron interpuestas por terceras invocando la protección al derecho a elegir y ser elegido y violación del debido proceso en lo disciplinario, todas estas pretensiones fueron desestimadas finalmente por el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura; sus defensores también habían invocado la protección del CIDH que finalmente solicita las medidas cautelares desconociendo flagrantemente la Constitución, la ley y la jurisprudencia colombiana sobre el particular y que se ha desarrollado desde 1991.

El CIDH desconoce una realidad jurídica y es el surgimiento de nuevas instituciones judiciales desde 1968 como es la jurisdicción disciplinaria que en asuntos administrativos subroga a la penal cuando la conducta investigada no es punible por dolo según el ordenamiento interno. Ya ese mismo organismo multilateral había señalado anteriormente en otros eventos que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción”, argumento que ahora desconocen para el caso Petro.

El principio integrador del derecho disciplinario en Colombia precisamente recoge los postulados de la Carta Interamericana de DD.HH al señalar que respecto de los componentes del derecho disciplinario, éste se encuentra integrado por todas aquellas normas sustantivas y adjetivas que exigen de los servidores públicos y de ciertos particulares, un específico comportamiento en el ejercicio de las funciones públicas, como la disciplina, la obediencia, la diligencia, el cuidado, la corrección y el comportamiento ético en el desempeño de las funciones asignadas y encomendadas a los servidores públicos, con el fin de asegurar la debida prestación y buena marcha de la función administrativa, en desarrollo de los principios constitucionales contenidos en el artículo 209 Superior. Por tanto, las infracciones al cumplimiento de dichos deberes, obligaciones, mandatos y prohibiciones constitucionales y legales para el adecuado e idóneo desempeño de la función pública, deben ser sancionadas disciplinariamente, como la ha señalado en pluralidad de ocasiones la Corte Constitucional de Colombia.

 

Sobre la facultad sancionatoria de la Procuraduría también hay suficiente referencia jurisprudencial que la legitima; ya desde 1995 la Corte Constitucional señalaba que  no puede ser atribuida al Presidente y a los gobernadores una facultad genérica de hacer efectiva la suspensión o destitución en todos los casos derivados de sanciones disciplinarias, por cuanto se estaría desconociendo la facultad sancionadora propia de la Procuraduría. Además, una regulación de esa naturaleza vulnera la autonomía administrativa de los municipios, pues el Presidente y los gobernadores devienen verdaderos superiores jerárquicos de los alcaldes, cuando éstos son, conforme al artículo 314 de la Carta, jefes de la administración local, representantes del municipio y funcionarios elegidos por voto popular (Sentencia C-229/95) ratificando taxativamente que el Ministerio Público es autónomo y no está sometido a ninguna dirección gubernamental.

De tal manera que si el presidente Santos por consideraciones políticas se abstiene de ejecutar la decisión de la Procuraduría y proceder a la destitución del alcalde Petro, atendiendo la recomendación del CIDH que no es un fallo vinculante, estaría poniendo en grave riesgo la soberanía y la seguridad jurídica nacional sometiéndola al albedrío de un organismo multilateral que está abusando de sus funciones estatutarias atendiendo simples identidades ideológicas de sus miembros con el señor Gustavo Petro Urrego y no el interés nacional o la protección de derechos fundamentales violados por el Estado.

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Publicado por en marzo 19, 2014 en Opinión Pública

 

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