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LA SEGURIDAD, UN DESAFÍO PARA LA SOCIEDAD COLOMBIANA

22 Mar

DESAFÍO PARAMás allá de los debates teóricos sobre la percepción o la realidad de la seguridad ciudadana en Colombia en estos momentos, debe primar la concientización del deber ciudadano de coadyuvar con las autoridades legítimas en su establecimiento como fundamento del Estado social de derecho y de la supervivencia misma de la sociedad; ningún ciudadano, sin importar su condición social, económica o política puede sustraerse al derecho-deber consagrado en el art. 2 de la Constitución, el de construir una sociedad justa para alcanzar el bienestar general.

Así que la pregunta es si la sociedad colombiana va a perder el desafío planteado por la delincuencia de todos los pelambres, desde la delincuencia narcoterrorista hasta la ejecutada por las organizaciones del microtráfico, las pandillas y las barras bravas, responsables todas ellas de esa sensación de violencia e inseguridad que azota a la sociedad en las ciudades y en los campos.

Sobre el particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala como conclusión de la realidad continental el que las sociedades del hemisferio enfrentan cotidianamente renovados desafíos para la convivencia democrática, caracterizada por la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los derechos de todas las personas que la integran. En este escenario interactúan las diferentes formas de violencia, que se presentan en forma de variadas manifestaciones, entre las que se destacan: el crimen organizado; la presencia de un alto número de armas de fuego en manos de particulares; el abuso de sustancias estupefacientes; la violencia contra las mujeres; la violencia contra niños, niñas y adolescentes; la violencia contra la población indígena y población afrodescendiente; los conflictos que involucran a movimientos sociales y comunitarios; y el fenómeno, pocas veces tratado en la profundidad de sus distintas causalidades, de la violencia relacionadas con la delincuencia juvenil (CIDH-OEA, 2009)

La pregunta sin respuesta hasta ahora es en qué momento todas estas expresiones delincuenciales desbordaron la capacidad de control de la sociedad y del Estado; muchos y variados son los diagnósticos y las explicaciones, generalmente tendientes a justificarlas en reales o presuntas situaciones de exclusión social o económica, a la que son tan dadas las teorías provenientes de la sociología y la sicología social, pero que no tienen asidero fáctico si se tiene en cuenta que en la delincuencia organizada priman precisamente poderes económicos fincados en el narcotráfico y otros delitos conexos que llegaron a desquiciar el ordenamiento social.

Es cierto que existen situaciones de injusticia social y económica que pueden llevar a un individuo a delinquir ocasionalmente como conducta de supervivencia, pero cuando el delito se convierte en un modo de vida tal circunstancia atenuante o exculpatoria pierde su naturaleza. Una sociedad que acepta como válida la falaz tesis de que hay quienes delinquen o asesinan para que otros vivan mejor, como la que se impuso por algún magistrado para explicar el fenómeno narcoterrorista en Colombia, es una sociedad que está condenada a vivir ese permanente y sistemático ciclo de violencia, miedo e inseguridad que hoy nos afecta.

Indudablemente existen fallas estructurales en la política criminal colombiana que incluso alientan el delito; la inoperancia, ineficiencia e ineficacia del poder judicial que no administra pronta y cumplida justicia, que es causa de impunidad, sumada a una cada vez más laxa legislación penal que estratificó los delitos para ocultar las deficiencias en el sistema carcelario; la corrupción rampante que aminora la capacidad moral del Estado para combatir el delito y que convierte a los funcionarios en cómplices por acción o por omisión de la delincuencia organizada, especialmente en aquellas conductas de mayor impacto social como el saqueo del patrimonio público o de los recursos de la seguridad social.

Pero hay un elemento muchas veces omitido en los diagnósticos, estudios y análisis, la indiferencia ciudadana que prohíja toda conducta punible; el yo no denuncio porque no es conmigo o porque denunciar es una pérdida de tiempo, esa indiferencia con la que se disfraza el miedo que es el elemento que más favorece a los delincuentes. Allí se rompe precisamente la solidaridad como fundamento del tejido social y se permite la reproducción continuada del delito y las organizaciones que viven de él.

Precisamente es esa indiferencia social la que auspicia las respuestas coyunturales frente al fenómeno de inseguridad; hoy se promulgan leyes de endurecen las penas y que por inoperancia judicial terminan siendo un simple saludo a la bandera, mañana a alguien se le ocurre que las penas severas no previenen el delito y vuelven a rebajarlas. La justicia se convirtió en un mercado persa donde los delincuentes se burlan impunemente de la sociedad obteniendo beneficios y concesiones inauditas. Quien comete un delito y lo confiesa prácticamente escapa sin castigo a disfrutar el ilícito provecho obtenido. El Sistema Penal Acusatorio se convirtió en una puerta giratoria para todo tipo de delincuentes, especialmente para aquellos organizados y que cometen los llamados delitos bagatela por la cuantía del daño antijurídico.

Urge si la revisión de todo el sistema penal y carcelario, pero urge más acabar con la indiferencia social como sustento de la delincuencia y esa es una tarea que debe acometerse por todos los estamentos, gremios, organizaciones y autoridades, sólo así podrá vencerse frente al reto que plantea la delincuencia.

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Publicado por en marzo 22, 2014 en Opinión Pública

 

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