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DIFERENCIAS SUSTANCIALES

26 Mar

DIFERENCIASLos apologistas del proceso que se adelanta en La Habana insisten en mostrar el “modelo centroamericano” como ejemplo de que es posible una paz concertada entre dos fuerzas que contienden por el poder; pero el análisis es errado cuando se dejan de lado situaciones fácticas de la realidad política que rodeaba los países centroamericanos envueltos en conflictos armados internos, la calidad de los contendientes y la naturaleza de dichos conflictos con la realidad colombiana a estas alturas.

Ciertamente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala la violencia generada a partir de la tesis de la combinación de las formas de lucha introducida por el comunismo prosoviético, luego por los prochinos, a mediados del siglo pasado y que cobró auge con la victoria castrista en Cuba en los 60, logró incidir e impactar en las sociedades de esas naciones, allí las guerrillas comunistas tuvieron un apoyo popular significativo hasta el grado de dividirlas y ser mayoritario en algunos casos, haciendo real una situación de imposibilidad de alcanzar la victoria por las armas para las fuerzas en conflicto.

Los acuerdos de paz alcanzados en la última década del siglo XX con el acompañamiento eficiente y eficaz de la comunidad mundial, especialmente latinoamericana, permitieron la dejación de las armas por las guerrillas y su incursión en el debate democrático obteniendo significativos logros que llegaron a representar el manejo del poder nacional, precisamente porque sus propuestas representaban y se identificaban pragmáticamente con las necesidades más sentidas de las extensas capas sociales empobrecidas.

Pero las condiciones para ese apoyo popular a las propuestas socialistas nació de la inexistencia previa de una verdadera democracia participativa en esos países cuya historia se había desarrollado en medio de gobiernos autocráticos y excluyentes del disenso político, basados en una verdadera división social y económica con privación absoluta de oportunidades para otros sectores poblacionales, presentándose además la inexistencia de la separación de los poderes públicos y la instrumentalización política de las Fuerzas Armadas y de Policía.

Pese a los esfuerzos de la izquierda colombiana por mostrar en el país una situación similar, desde la Constitución de 1886 el Estado democrático ha sido real y ha ido evolucionando de la democracia representativa a la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1991; pese a las dificultades de una nación que ha vivido en conflictos armados sistemáticos desde su surgimiento como república, sus instituciones han sido fuertes y se han desarrollado con independencia. No pueden negarse las situaciones de injusticia social y económicamente y las debilidades estructurales de la administración pública, pero indudablemente el sistema político colombiano se enmarca dentro de los principios universales de la democracia, diferente a los sistemas feudales que operaron en Centroamérica.

Precisamente es esa democracia, aún con sus limitaciones, la que ha evitado la propalación de ideas políticas basadas en el marxismo-leninismo totalitario o facilitado la toma del poder por la vía armada con la que el comunismo conformó las guerrillas desde finales de la década de los 40 del siglo pasado y que se materializaran en las Farc y Eln en la década de los 60; el apoyo político a esas tesis socialistas jamás ha sido superior al 4% de los ciudadanos electores y las victorias alcanzadas por las FF.MM sobre las guerrillas tienen como fundamento la colaboración de los mismos ciudadanos que por más de 40 años debieron someterse al terror en aquellas regiones donde las organizaciones armadas ilegales, la información ciudadana ha permitido los más duros golpes a las estructuras narcoterroristas.

El fracaso político de otras organizaciones guerrilleras desmovilizadas ha quedado plasmado en lo sucedido en Bogotá, donde un alcalde proveniente de una organización terrorista acaba de ser destituido por flagrante violación a la Constitución y la ley al querer imponer un gobierno imperial supralegal en un intento de convertir la administración pública en otro capítulo de la lucha de clases marxista orientada a la destrucción de la iniciativa privada, de las clases medias y de cualquier forma de disenso.

Al contrario de lo que sucedía en Centroamérica, desde hace 30 años las guerrillas perdieron su naturaleza de instrumento armado de una ideología para convertirse gradualmente en una banda criminal narcotraficante que ejerce el terror para conseguir sus fines; no en vano la sociedad internacional clasifica a las Farc y Eln al mismo nivel de organizaciones terroristas contrarias a cualquier principio de organización estatal política cuyo objetivo es la destrucción de la democracia y de las libertades civiles consagradas en la Carta de DD.HH de la ONU.

Hoy no se negocia en La Habana con una organización insurgente, sino con el mayor cártel del narcotráfico que utiliza el terrorismo y todos los delitos de lesa humanidad conexos a los anteriores que les permite actuar como delincuencia transnacional disfrazada de un discurso político, lo mismo hacía el tristemente célebre Carlos Lehder del cártel de Medellín en los años 80, nada difiere de las conductas de las Farc con las ejecutadas por Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha con quienes les unían vínculos criminales desde los años 70 y que diera origen a la guerra contra su brazo político UP en los 80 y 90.

Sería entonces un craso error dejarse llevar por la utopía de trasplantar el método y las formas de diálogo y negociación centroamericanas de los 80 desechando la realidad fáctica, constitucional y legal, incluidos los acuerdos sobre justicia internacional, a lo que se da hoy día con una organización que no es insurgente sino un clásico cártel narcoterrorista.

 
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Publicado por en marzo 26, 2014 en Opinión Pública

 

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