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LA VERDAD COMO INSTRUMENTO POLÍTICO MANIPULABLE

31 Mar

LA VERDAD COMO INSTRUMENTO POLÍTICO MANIPULABLEFinalizado el ciclo 22 de las conversaciones de paz en La Habana, sobre las cuales sólo se sabe que hay algunos acuerdos parciales en temas como la política agraria y la participación política, sin que se conozcan detalles de los mismos, el asunto del narcotráfico sigue pendiente y se sólo se conoce la visión de las Farc que hablan de avances sobre sustitución de cultivos de uso ilícito que deberán colocar en primer plano el protagonismo de los campesinos, las comunidades indígenas y afro, vinculadas al cultivo, como víctimas de un fenómeno respecto al que sin duda la lucha fundamental hay que librarla contra la comercialización, escenario en el que el capital financiero juega un papel de primer orden (FARC-ANNCOL, 2014)

A estas alturas, la narcoguerrilla quiere poner otro palo en la rueda y además de la constituyente, ahora plantean el establecimiento de una comisión de la verdad diseñada conforme a su interés de presentarse como víctimas y no como actores principales de la violencia que desde finales de los años 40 el PCC entronizó a partir de la tesis de la combinación de las formas de lucha para la toma del poder.

Pero lo preocupante es la actuación de terceros distintos al presidente y sus negociadores en el rumbo del proceso, son las mismas Farc quienes en carta pública señalan la intervención del ex presidente Ernesto Samper Pizano quien dirigió una carta al gobierno de los EE.UU exigiendo la liberación de “presos políticos” como Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, y Gloria Esperanza Carvajal Ospina, bandidos extraditados por Colombia y condenados por la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico (FARC-ANNCOL, Et.al)

No sobra recordar que actualmente Samper Pizano tiene una gran influencia en las decisiones del gobierno colombiano y que aún no hay nada claro sobre su participación en la recepción de dineros del narcotráfico para la campaña presidencial que lo llevó al poder en el período 1994-1998, ni en su presunta participación directa en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado o la eliminación física de testigos directos de la narcopolítica como el de la célebre Elizabeth Montoya, la monita retrechera esposa del confeso narcotraficante Jesús Amado Sarria. Los hechos criminales que rodearon el gobierno Samper Pizano son conocidos en Colombia con el triste nombre del Proceso 8.000.

No debe olvidarse tampoco que en el gobierno Samper Pizano se instituyó con el despeje de Cartagena del Chairá (1995), el inhumano tráfico de secuestrados para ser “canjeados” por terroristas presos en cárceles del Estado, práctica que se prolongó hasta 2012 y de la cual queda pendiente aclarar la suerte de 946 militares y policías secuestrados y desaparecidos por la narcoguerrilla y de más de 2.000 ciudadanos en la misma situación.

La actividad política del samperismo tiene que ver también con la repentina resurrección del llamado Consejo Nacional de Paz, organismo fallido en procesos anteriores y que ahora se convoca supuestamente para incorporar otros actores al proceso de La Habana, entre ellos la UP, la Marcha Patriótica y organismos sindicales y no gubernamentales que han demostrado históricamente su afinidad ideológica con las organizaciones narcoterroristas. Sin duda alguna es la ejecución de un plan para instrumentalizar la verdad a favor de quienes sostienen que sólo el Estado y sus instituciones son responsables por la violencia de más de 50 años. Las únicas ausentes, como lo han sido en todo el proceso, serán las víctimas de las Farc en estos años de barbarie y narcotráfico.

Y hasta ahora, en lo conocido a través de los medios de comunicación porque no hay una información oficial, en La Habana se cocina el estatus de víctimas para los narcoterroristas y sus apologistas, hasta el punto que en el tema de narcotráfico también serán expuestos como tales los cultivadores, los procesadores y los comerciantes de narcóticos, por supuesto también los consumidores, presentándose como únicos culpables al Estado, sus instituciones y el sector financiero “dependiente del capital imperialista”.

Dicen las Farc en un discurso que podrá tener alguna acogida demagógica y populista que “Definitivamente campesinos y demás comunidades rurales cultivadoras, consumidores y segmentos inferiores de los mercados ilegales entre los que se cuentan correos y pequeños vendedores, no son más que víctimas sobre las que debe cesar la criminalización y el tratamiento represivo y punitivo” (FARC-ANNCOL, Et.al), lo que indudablemente significa que comienza a abrirse la puerta para que los narcotraficantes sean tenidos como parte activa y beneficiaria del proceso de La Habana y bandas criminales como “Rastrojos”, “Urabeños” y sus diferentes aparatos delictivos sean cobijados por los beneficios legales que de allí emanaren.

Definitivamente, los resultados de La Habana deberán ser materia de una profunda y transparente pedagogía y discusión en todos los sectores de la sociedad colombiana, porque lo que se entrevé es bastante tortuoso y representa un costo muy alto para una paz incierta con una narcoguerrilla que no sólo se reclama como víctima, sino que insiste que no entregará ni hará dejación de las armas hasta que los resultados de ese proceso se materialicen, lo que no es una tarea que pueda ejecutarse de la noche a la mañana.

 
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Publicado por en marzo 31, 2014 en Opinión Pública

 

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