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LAS FARC Y EL TRISTE SINO DE BUENAVENTURA

03 Abr

LAS FARC Y EL TRISTE SINO DE BUENAVENTURADolorosamente Buenaventura está de moda, el principal puerto colombiano por donde circula el 60% del tráfico marítimo del país y que según cifras oficiales movió el año pasado 31 billones de pesos (ELTIEMPO, 2014), atrae por estos días las miradas del mundo por las condiciones de violencia y pobreza que la agobian.

Pese a las cifras económicas que se tienen en el puerto, el desempleo es cercano al 49% para una población de 377 mil habitantes (90.4% por ciento urbana y de ascendencia negra), de los cuales el 66.5% viven en condiciones de extrema pobreza. Es una injusta situación socio-económica producto de años de desidia nacional y desadministración regional y local. El año pasado Buenaventura tenía un presupuesto de 344,5 mil millones de pesos, un 25% más que el presupuesto de una capital como Armenia (EL TIEMPO, Et.al), que tiene un número de habitantes similar.

Pese a esas sumas presupuestales en Buenaventura el 35% de los habitantes tienen más de una necesidad básica insatisfecha, no cuenta con agua potable y mucho menos con alcantarillado, se utilizan letrinas que desaguan directamente a la zona de playas a la espera de que el mar se lleve las desechos; la mayor parte de las viviendas son precarias (lacustres de bajamar). El ingreso per cápita es de apenas 73.000 pesos al mes, es decir inferior a un salario mínimo legal y la prestación de servicios de salud, educación, servicios públicos domiciliarios, es deficiente e irregular o nulo en las zonas de mayor concentración de miseria.

Larga es la lista y la historia de las injusticias con la población bonaverense, condenable es la utilización política de esa situación por parte de la clase política que como ocurre en toda la geografía nacional, sólo recuerda las necesidades de los pobladores en las épocas electorales y luego de manera proterva las utilizan para alimentar la corrupción que gangrena todos los tejidos sociales y especialmente el manejo de la cosa pública. Nadie da razón del paradero de los recursos que llegan al puerto por transferencias, ingresos tributarios y no tributarios, presupuestos, etc. Lo que si se ve de primera mano es que no han sido destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Ese ha sido el escenario perfecto para que toda suerte de criminales se apoderen de la ciudad, desde las narcoterroristas Farc en la década de los 80, luego los mal llamados paramilitares entre 2002 y 2006 y ahora las estructuras de las bandas criminales que actúan de consuno con la narcoguerrilla, específicamente con el llamado frente 30 que tiene su propia escuela de sicarios y explosivistas, que recluta niños y adolescentes para las milicias urbanas y para otras estructuras delincuenciales y se reparten el poder con los “urabeños” y otros combos como “la empresa”, conformada por jóvenes a quienes se atribuyen horrendos crímenes como los sucedidos en las llamadas casas de pique.

Además del frente 30, también opera en la zona el frente 42 o frente Manuel Cepeda Vargas; todas estas estructuras están vinculadas al llamado Bloque Occidental o Comando Conjunto de Occidente a cargo de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, actual negociador de las Farc en La Habana; son responsables de atentados contra la infraestructura energética y vial, además de la extorsión que se ejecuta contra industriales y comerciantes, aún a pequeños tenderos o vendedores ambulantes, quienes son asesinados o desplazados sino cumplen con las cuotas o vacunas que les imponen los narcoterroristas y sus asociadas bacrim coordinadas por alias Otoniel, antiguo miembro de la narcoguerrilla.

Mantener el estado de postración de Buenaventura es fundamental para las Farc y sus aparatos políticos, allí mantienen una cantera permanente de reclutamiento de menores, ejercicio del narcotráfico y la extorsión y la sangrienta acción de los llamados combos les permite mantener la excusa de la ineficiencia del Estado como caldo de cultivo de la inconformidad popular contra las instituciones. De ahí que la recuperación del control no sólo militar, sino político y judicial se convierta en una urgencia prioritaria para el Estado a fin de hacer ejercicio de los fundamentos del Estado social de derecho en procura del bienestar general.

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Publicado por en abril 3, 2014 en Opinión Pública

 

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