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LA DEGRADACIÓN DEL ALMA HUMANA

06 Abr

LA DEGRADACIÓN DEL ALMA HUMANAMás que indignante resultan escalofriantes y aterradoras las declaraciones de algunos personajes vinculados a la historia de violencia que ha sufrido nuestra patria y que sintetizan el nivel de degradación de un conflicto que no representa el querer o el sentimiento de las mayorías nacionales, sino que fue impuesto por el perverso apetito del poder político expresado en la tesis de la “combinación de las formas de lucha” para imponer un modelo político, social y económico ajeno a nuestra cultura, valores y formación democrática.

Pero tan despreciables son las explicaciones y justificaciones de quienes insisten en mantener esas deshumanizadas y arcaicas tesis, como quienes desde otra orilla justifican la barbarie cometida por quienes dijeron combatir a sus exponentes; no existe ninguna razón en las cínicas y frías palabras de un señor Luis Moreno, ex concejal de Riachuelo, un corregimiento de Charalá, Santander, o de su esposa Lucila Gutiérrez, ex rectora del colegio de ese lugar, para tratar de exculpar la violencia de género y el abuso sexual cometido por bandidos de las autodefensas ilegales contra adolescentes y jóvenes utilizadas como “premio” por los cabecillas del frente “Guanentá” del Bloque Central Bolívar de las Auc.

Es criminal la forma en que este señor Moreno dice que no hubo violaciones por parte de los mal llamados “paramilitares”, que las víctimas se están haciendo pasar por violadas, pero que los atropellos sexuales fueron por su entero gusto y de remate señala que los violados fueron los “paracos”, no las niñas (ELTIEMPO, 2014)

Tal descarnado cinismo no puede atribuirse a ignorancia o a una cultura machista, es una grave confesión de culpa frente a uno de los más dolorosos delitos de lesa humanidad concebibles; la violencia sexual no es un instrumento de guerra, concebirlo así aminora la conducta del perpetrador, es una degradación  absoluta de la guerra porque busca la aniquilación física, psíquica y moral de las víctimas y su entorno. En el caso de Riachuelo obedeció exclusivamente a la conducta depravada de los autores y facilitadores que reclamaban como premio sexual a las jovencitas que participaban en los “reinados de belleza” que patrocinaba y se realizaban en el colegio con la complacencia de su directora, las víctimas niñas de entre 12 y 16 años cuyas vidas quedaron marcadas para siempre.

Esa misma práctica aberrante ha sido reiterada en otras regiones y cometidas por todos los violentos, las Auc y las Farc, que se ensañan contra la niñez y la adolescencia procurando mediante el terror consolidar un poder criminal sobre un territorio o para cobrar venganzas contra sus opositores. De manera tibia las autoridades colombianas han dado a conocer 119 casos documentados por la Unidad de Justicia y Paz apenas de los miles de crímenes de esta modalidad cometidos por las narcoguerrillas.

La Fiscalía General ha reunido evidencia plena de cómo al igual que las Auc, la narcoguerrilla usa la violencia sexual como arma de guerra, para sembrar terror, desplazar, amenazar y extorsionar. Y aunque las víctimas han empezado a aparecer, hasta ahora ninguno de los 459 guerrilleros que están en Justicia y Paz ha admitido su participación en esos crímenes. La verdad la capacidad del poder judicial para condenar ejemplarmente a los autores de uno y otro bando es demasiado precaria y genera esa sensación de impunidad que impide creer en la posibilidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas y la sociedad en general.

Esa ineficiencia e ineficacia judicial es la que fundamenta el nulo temor de los delincuentes a cometer estas conductas y consolida el miedo en las víctimas a denunciar porque corren graves riesgos en su vida e integridad, los criminales vuelven a cobrar “venganza” porque fueron “sapeados” y las víctimas se saben en total indefensión en un Estado cuyos gobernantes sólo se pronuncian de manera coyuntural y con ánimo electorero, pero jamás cumplen con su deber de garantizar justicia y protección para los ciudadanos, especialmente a niños, adolescentes y jóvenes que se convierten en el botín más preciado de toda suerte de delincuentes.

Y no estamos ante un delito común o un hecho de poca monta, un delito bagatela como ahora está tan de moda en el poder judicial llamarlos; Durante siglos, la violencia sexual en los conflictos se aceptaba tácitamente como inevitable. Un informe de las Naciones Unidas de 1998 sobre la violencia sexual y los conflictos armados  señala que, históricamente, los ejércitos consideraban la violación uno de los botines de guerra legítimos. Durante la segunda guerra mundial, todas las partes en el conflicto fueron acusadas de violaciones masivas, sin embargo ninguno de los dos tribunales establecidos por los países aliados vencedores para enjuiciar presuntos crímenes de guerra, el de Tokio y el de Núremberg, reconoció el delito de violencia sexual. No fue hasta 1992, ante la generalización de la violación de mujeres en la ex Yugoslavia, que la cuestión fue señalada a la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 18 de diciembre de 1992, el Consejo declaró que «las detenciones y las violaciones sistemáticas, masivas y organizadas de mujeres, en particular mujeres musulmanas, en Bosnia y Herzegovina» era un delito internacional que debía abordarse (ONU, 2012)

En el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que funciona desde julio de 2002, se entiende por crimen de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u «otros abusos sexuales de gravedad comparable» cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático. Las órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional incluyen varios cargos de violación como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. A pesar de que los cambios en las leyes nacionales e internacionales constituyen importantes pasos de avance para castigar y erradicar la violencia sexual, su éxito será imposible de lograr sin un cambio radical en la actitud de las personas hacia el abuso sexual de las mujeres (ONU. Et.al)

Es por ello que delitos de esta naturaleza no deben ser objeto de ningún beneficio legal para sus autores, sean del grupo armado ilegal que sean, ni pueden ignorarse en ningún marco jurídico aun cuando se busque un fin altruista como puede ser la misma paz. Personas como los Luis Moreno o Lucila Gutiérrez merecen no sólo el mayor reproche social, agravado por las condiciones de superioridad política y de autoridad frente a las víctimas, sino el más duro castigo legal porque tenían el deber jurídico de cuidado frente a las niñas de Riachuelo y así con todos quienes permitieron estos vejámenes horrorosos

 
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Publicado por en abril 6, 2014 en Opinión Pública

 

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