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FARC DICEN QUE NO NEGOCIAN IMPUNIDAD

13 Abr

FARC DICEN QUE NO NEGOCIAN IMPUNIDADRecurriendo al mismo discurso maniqueo y prepotente de siempre, el cabecilla de las Farc Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, dice que las Farc no están negociando impunidades en La Habana y exigen una comisión de la verdad que señale que el único responsable de las víctimas es el Estado por acción o por omisión (FARC-ANNCOL, 2014)

Sin más ambages lo que debe interpretarse es que las narcoguerrillas no van a aceptar ninguna responsabilidad frente a los cientos de miles de víctimas que ha generado su acción terrorista en los últimos 50 años de existencia de la república; para las Farc el único culpable de la violencia es el Estado y sus instituciones, especialmente la institución militar.

Los narcoterroristas sostienen que “Colombia no es un Estado que tenga un ejército, sino un ejército que tiene un Estado” Pero no es todo, pues el ejército colombiano a diferencia de los demás países modernos de la mundialización neoliberal, es un apéndice directo (Plan Colombia) del Gobierno de los EEUU. (FARC-ANNCOL, Et.al), y entonces debe esperarse cuál será su propuesta para castigar a los autores de la violencia si se acoge la tesis de que ellos son también víctimas, el peso de la ley penal nacional e internacional por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el “conflicto” recaerá única y exclusivamente sobre los militares colombianos a imagen y semejanza de lo acontecido en Argentina, Chile, Uruguay, Centroamérica y recientemente en Perú.

En la perversa lógica de las Farc, plantean que están dispuestas a responder “valientemente” ante las familias de las víctimas del conflicto pero sólo y hasta cuando una Comisión de la Verdad, nombrada por ellos, determine quiénes es víctima por acción (causa estatal) y otra por consecuencia (guerrilla) como cínicamente señala su agencia propagandística Anncol y difunden en centros académicos, políticos y sociales aparatos como el llamado Movimiento de Víctimas del Estado MOVICE, el Colectivo Alvear Restrepo CAJAR y otros aparatos políticos afines al narcoterrorismo.

Es por ello que la narcoguerrilla se ha opuesto a la presencia de representantes de organizaciones de verdaderas víctimas de las Farc, como ocurrió con el caso de las familias de civiles, militares y policías secuestrados-desaparecidos por esa organización narcoguerrillera que pidieron ser escuchados en La Habana; el número de secuestrados-desaparecidos por las Farc supera los 3.000 ciudadanos, entre ellos 946 soldados y policías, a los que deben sumarse los miles de niños, adolescentes y jóvenes reclutados de manera forzada y cuya suerte se desconoce. Bajo ninguna justificación puede pretenderse que todas estas son víctimas de la omisión del Estado y por tanto una simple consecuencia del conflicto como pretende el narcoterrorista Márquez.

En toda la propaganda narcoterrorista y de sus aparatos sólo se hace referencia a lo que llaman víctimas de la “doctrina de seguridad nacional” e indican que sólo hasta que el Estado reconozca su culpa y pida perdón podrá saberse sobre la verdad de la violencia y sus consecuencias, “Muchos de nuestros compañeros de exilio tienen hondas cicatrices vivas producidas por el Terrorismo de Estado de la DSN y por ello son de los primeros en exigir el desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional. Nunca sanarán nuestras heridas si las víctimas no saben lo realmente ocurrido con sus seres queridos. Ellos son una base fundamental para alcanzar La Paz” señala de manera cínica el editorial de Anncol (FARC-ANNCOL, El estado sigue produciendo víctimas, 2014)

Hay que recordar que fue precisamente alias Iván Márquez quien justificaba el asesinato a garrotazos y degollados de dos integrantes de la Policía Nacional secuestrados en el Cauca cuando adelantaban tareas con la comunidad, entonces decía que el proceder de los terroristas era para ahorrar balas y evitar ser detectados, tal y como lo hicieran cuando asesinaron a más de 18 indígenas de la comunidad Awá en Nariño; este mismo terrorista justificó el uso de minas antipersonal contra campesinos, indígenas y la comunidad negra porque son más baratas y efectivas que otros medios, culpando sin embargo y de manera mendaz al Ejército Nacional por la siembra de esas minas artesanales, conducta prohibida en el Derecho Internacional Humanitario DIH (SEMANA, 2014)

El Ejército Nacional no sólo suspendió la siembra de minas antipersonal, sino que retiró las existentes y destruyó los inventarios, obrando de conformidad a las normas del DIH y en el marco de la Convención de Ottawa ratificada por Colombia desde el año 2000. Aquí también las Farc eluden su responsabilidad y tratan de hacer invisible el que han multiplicado esa práctica en el marco de la Operación Nuevo Amanecer que diseñara el abatido cabecilla terrorista Alfonso Cano para impedir el acoso de las unidades militares a las cuadrillas de bandidos y para proteger los cultivos de narcóticos de la acción de los erradicadores, lo que el antisocial justifica diciendo para las Farc la minas “son una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza” que usa “bombas inteligentes” y que cuenta “con la ayuda de la CIA” (SEMANA, Et.al)

El conflicto iniciado por el Partido Comunista como parte de su estrategia de combinar todas las formas de lucha para la toma del poder desde finales de los años 40, ha cobrado la vida de más de 250.000 colombianos, hay cerca de 30.000 desaparecidos, son millares los hombres, mujeres y niños lisiados de manera permanente por el uso de armas no convencionales por parte de la narcoguerrilla y llegan a 5 millones los desplazados en todo el país; las Farc no pueden seguir negando cínicamente esa realidad y no puede tolerarse ninguna justificación para que el Estado y sus instituciones terminen aceptando la culpa de estos horrorosos resultados de una intencionalidad puramente política que ya no tiene excusa ni cabida en la historia de la humanidad.

 
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Publicado por en abril 13, 2014 en Opinión Pública

 

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