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ACEPTARÁN FARC SU CONDICIÓN NARCOTRAFICANTE

14 May

En la rueda de prensa que las Farc ofrecieran en La Habana al finalizar el pasado ciclo de negociaciones, los voceros del narcoterrorismo señalaron premonitoriamente: “Es el narcotráfico un negocio transnacional de orden capitalista que evidentemente penetró la institucionalidad y la economía nacional y entró a sumarse como factor de corrupción en la vida política y en la dinámica de la violencia” (ANNCOL, 2014)

Aunque de manera torticera y muy a su estilo evasivo las Farc distraen diciendo que es un negocio capitalista y culpan en primer lugar al mal llamado paramilitarismo por su alianza con narcotaficantes, terminan aceptando a regañadientes que ellas también están permeadas por el criminal negocio como actores de la violencia que son.

Sin embargo no basta el embozado reconocimiento, para alcanzar unos acuerdos serios que garantizan el comienzo de la consolidación de la paz, es necesario que las Farc manifiesten su verdadera voluntad no sólo de no reincidir en el narcotráfico, sino de coadyuar al Estado en la eliminación definitiva de ese flagelo, ellas lo conocen a profundidad en tanto hoy son socias productivas y comercializadoras de las llamadas bandas criminales.

Ahora bien, pese a ese reconocimiento que hacen las Farc en La Habana, hay que tener en cuenta hasta dónde puede el gobierno en aplicación del llamado marco jurídico para la paz, beneficios y concesiones a los narcoterroristas de cara a los compromisos internacionales adquiridos para la lucha contra el narcotráfico; compromisos que no puede eludir aduciendo una primacía del bien de la paz en tanto las conductas punibles desarrolladas por las Farc relacionadas con narcotráfico y sus delitos conexos tienen alcances internacionales.

Debe recordarse que en la reforma de implementación del sistema acusatorio, la estructura de cooperación judicial, se conserva bajo los mismos criterios de la ley 600 de 2000, dentro de los límites y funciones establecidas en los artículos 484 y siguientes de la ley 906 de 2004. El principio general de cooperación concebido en el artículo 484 se diferencia del establecido en el artículo 503 de la ley 600 de 2000, por la incorporación de la posibilidad de atender solicitudes que sean requeridas a las autoridades nacionales, por parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

No sobra advertir que muchos de los delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc a partir de la década de los 80 están íntimamente ligados a la actividad narcotraficante; masacres de civiles cometidas para posicionarse especialmente en el sur y suroccidente colombiano como en la amazonía y los llanos orientales, no tenían otro propósito, igualmente el desplazamiento de comunidades completas y la utilización de armas no convencionales contra la población civil y aún contra las Fuerzas Militares y de Policía. Ello obstante, no debe significar que los delitos de narcotráfico puedan ser concebidos como conexos al de rebelión.

La Corte Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que quienes hayan sido condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, lesa humanidad y narcotráfico no son acreedores a las rebajas de pena, lo que es congruente con la política criminal que deba adoptar el Estado dependiendo de la magnitud y trascendencia social de las conductas. De tal manera que si el Estado por razón de un acuerdo político interno renunciara a la persecución de esas conductas definidas como delitos de lesa humanidad, incluyendo las conexas al narcotráfico, estaría sin duda alguna abriendo la puerta para que la Corte Penal Internacional asumiera sus competencias a fin de que los responsables de los mismos no quedaran impunes en virtud de los mismos tratados y acuerdos internacionales suscritos y vigentes para Colombia.

Ahora bien, será necesario entonces tener claridad si el marco jurídico para la paz contempla la posibilidad de la renuncia del Estado a la investigación, juicio y condena de conductas punibles cometidas por los individuos de las Farc, incluidos los responsables de todas las jerarquías por cadena de mando, o si eventualmente los procesos serán llevados a su final y se aplicará la llamada suspensión de la pena en virtud de la justicia transacional y selectiva que ha anunciado la Fiscalía General de la Nación. No es simple la solución jurídica sin afectar el interés general que la misma Constitución vigente mantiene.

 
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Publicado por en mayo 14, 2014 en Opinión Pública

 

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