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TERRORISTA POR ELECCIONES

16 May

TERRORISTA POR ELECCIONESEl anuncio de una tregua unilateral de las organizaciones narcoterroristas Farc y Eln entre el 20 y 29 de los corrientes y con ocasión de la jornada electoral, es recibido con reservas por un amplio sector de la opinión pública nacional, sobre todo cuando fue precedido de un crimen de lesa humanidad como lo es la utilización de niños-bomba para atentar contra un puesto de policía en Tumaco, Nariño, el día anterior al anuncio.

La primera impresión que tiene el ciudadano del común es que el anuncio de los narcoterroristas es una cortina de humo para minimizar la gravedad del hecho cometido, lo que sin duda tiende más dudas sobre la verdadera voluntad de estas bandas criminales por alcanzar y consolidar una paz en el país.

La tregua terrorista se anuncia también en el marco de supuestos acuerdos en el tema del narcotráfico en la agenda de La Habana, acuerdos que según el representante comunista Iván Cepeda Castro  abre nuevo tratamiento al problema en el plano internacional (ELCOLOMBIANO, 2014)

Las palabras del vocero comunista son tal vez demasiado optimistas, pues Colombia, como signataria de acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, no puede tomar decisiones unilaterales por fuera de lo reglamentado por la comunidad de naciones sin previa consulta a los organismos pertinentes. No puede olvidarse que para el caso específico de la relaciones de cooperación entre Colombia con los Estados Unidos y la Unión Europea en materia de drogas ilícitas, la naturaleza global del fenómeno de las drogas, su dinámica multicausal y transnacional ha llevado a los estados a recurrir a un mayor multilateralismo, debido a que la responsabilidad de enfrentar el problema ya no recae exclusivamente en un solo actor, en este caso Colombia (MILENA PICÓN, 2006)

Ahora bien, debe confiarse en que cualquier acuerdo en el tema del narcotráfico con las Farc contemple al menos unos puntos mínimos de entrega de cultivos, laboratorios y rutas que esa organización ha utilizado individualmente o en asociación con las bandas criminales, entrega a la justicia colombiana e internacional de los responsables del narcotráfico de su organización o de las bandas criminales y lo que es muy importante, entrega de los dineros obtenidos para reparación de las víctimas de ese crimen y los conexos a él cometidos en los últimos 40 años.

Unos puntos mínimos como los ofertados por narcotraficantes en el proceso que generó el escándalo del pago de sumas millonarias a asesores cercanos al presidente de la república y que es objeto de investigación judicial.

Es un hecho que un acuerdo que no contemple al menos esos aspectos mínimos no sería de aceptación de los colombianos quienes son los que deben aprobar o improbar en un referéndum los acuerdos que se suscriban en La Habana y como se ha visto en las diferentes mediciones de opinión, la sociedad colombiana está dispuesta a ser generosa pero no complaciente frente a hechos que puedan representar impunidad frente a los delitos cometidos por la narcoguerrilla.

Queda el sinsabor de que los hechos criminales acaecidos en Tumaco y que no son los primeros en los que las Farc utilizan niños o adolescentes para sus fines terroristas se vayan quedando como sepultados y condenados a un olvido producto de la euforia que políticamente pueda representar la tregua anunciada en La Habana, mucho más cuando el siguiente tema de la agenda de negociación es precisamente el de la responsabilidad de la organización criminal con respecto a las víctimas.

Sería de muy mal gusto que la celebración de la tregua favorable a intereses políticos no conllevara el máximo reproche del gobierno y del país entero, especialmente de su clase política y judicial comprometida enteramente en el proceso de paz. Sería un ejemplo de injusticia que no puede ser garantía de un proceso verdadero y de una paz cimentada en bases sólidas.

A esta altura del proceso de La Habana ya los delegados del gobierno no deberían conformarse con un anuncio de una tregua dudosa de las organizaciones criminales, sino exigir el máximo cumplimiento a las reglas del Derecho Internacional Humanitario DIH, violadas sistemáticamente por los facinerosos con el falaz argumento de que se está negociando en medio del conflicto y por eso hechos como los de Tumaco son efectos naturales de ello.

 
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Publicado por en mayo 16, 2014 en Opinión Pública

 

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