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MÁS VÍCTIMAS SILENCIADAS

17 May

MÁS VÍCTIMAS SILENCIADASLuis Sebastián Preciado Valencia de 13 años y Pierri Ángelo Cabezas Montaño de 14 años son los nombres de las víctimas de la insania de la columna Daniel Aldana de las Farc que los utilizaron como correos bomba para atentar contra unos policías que desarmados compartían un “picadito” de fútbol en el corregimiento de Chilvi del municipio de Tumaco, departamento de Nariño en el sur colombiano. Horas después los cabecillas del narcoterrorismo hablaría de una tregua unilateral con ocasión de las elecciones a realizarse el 25 de mayo y en las que se elegirá el presidente del país por el período 2014-2018.

Debe recordarse que Juan Manuel Santos aspira a ser reelegido como mandatario de los colombianos y su principal argumento es el proceso de paz que negocia con la organización narcoguerrillera en La Habana, Cuba, desde hace más de un año y sin que se conozcan acuerdos reales; durante este año las Farc han recrudecido las acciones terroristas contra personal civil y de la fuerza pública, además de incrementar su participación en el negocio ilícito del narcotráfico asociadas con las llamadas bandas criminales.

Resulta doloroso que el hecho criminal que cobró la vida de esas dos pequeñas víctimas haya sido ignorado y silenciado por la mayoría de los medios de comunicación, especialmente por los que tienen mayor recepción entre los colombianos; estos medios se han dedicado a hacer propaganda por el presidente-candidato, a darle audiencia a sus alfiles en desesperados ataques contra el candidato opositor y especialmente contra el expresidente y Senador electo Álvaro Uribe quien pretende ser judicializado por la fiscalía acusado de ser “enemigo de la paz”.

Y es que el discurso oficial se fundamenta en señalar y descalificar a quienes han expresado críticas o reparos a la dinámica y metodología del proceso de La Habana, especialmente en cuanto hace a la laxitud del llamado marco jurídico para la paz que contempla innumerables beneficios para los miembros de las Farc que se desmovilizaran y a voces del Fiscal General los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sólo pagarían penas simbólicas sin que ninguno purgara penas privativas de libertad que serían reemplazadas por “trabajo social”.

Pero mientras los críticos del proceso son calificados como “enemigos de la paz” por el presidente-candidato y sus adláteres, el país asombrado ha visto como aplaude y felicita a los narcoterroristas por aceptar su responsabilidad en crímenes violatorios del DIH (ELCOLOMBIANO, 2014), limitándose a la condena retórica de los reprochables hechos criminales, pero no a exigirle a las narcoguerrillas verdaderas demostraciones de paz mediante la suspensión de actos terroristas y de narcotráfico.

Desde el inicio de las negociaciones de paz las Farc han incrementado sus actos criminales, 2.075 acciones que comprometieron a la población civil activaron bombas, asesinaron, lanzaron morteros, secuestraron, extorsionaron, y lanzaron ataques contra blancos políticos, económicos, militares y civiles. Usaron minas antipersona de manera indiscriminada”, como registrara el mismo Departamento de Estado de los EE.UU (ELESPECTADOR, 2014); la gran mayoría de las acciones terroristas han sido silenciadas por los medios y el gobierno con el argumento de no minar la confianza en el proceso y bajo la excusa de que se está negociando en medio del conflicto.

Pero es que las acciones terroristas no pueden ser vistas como inherentes a un conflicto armado interno, son actos criminales violatorios de toda norma de la guerra y especialmente del DIH; el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 es taxativo al señalar que:Las reglas que contiene tienen carácter de principios fundamentales que, además, forman parte del Derecho Internacional Consuetudinario por lo que son normas de ius cogens aplicables a toda persona. Los principios humanitarios contenidos en este artículo son reconocidos como el fundamento de la protección de la persona en los conflictos armados no internacionales y en general se pueden resumir en trato humano (integridad física y mental) para todas las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y en el derecho a ser juzgado por un tribunal regularmente constituido, aunque particularmente implica la salvaguardia de la población civil, el respeto del adversario fuera de combate, la asistencia a los heridos y a los enfermos y un trato humano a las personas privadas de libertad.

No sobra recordar que fueron las Farc las que recientemente asesinaron a mansalva y con sevicia a dos policiales degollados y empalados por la misma estructura criminal que cobró la vida de los dos niños en Tumaco y en diferentes acciones han procedido de manera inhumana contra soldados y policías indefensos o sometidos, por no referir a la multiplicidad de crímenes contra campesinos, indígenas y afrodescendientes en las regiones donde mantienen presencia.

Lo actuado por el gobierno nacional al pretender normas laxas y benignas para los narcoterroristas responsables de delitos de lesa humanidad y el cinismo prepotente de la narcoguerrilla, sin lugar a dudas es una invitación enorme para que sea la Corte Penal Internacional la que en última instancia conozca de la realidad de todas estas víctimas silenciadas para darle paso a intereses políticos coyunturales desatendiendo la voz de las mayorías nacionales.

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Publicado por en mayo 17, 2014 en Opinión Pública

 

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