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LA INCLUSIÓN DE MILITARES CONDENADOS, EN EL PROCESO DE PAZ

21 May

LA INCLUSIÓN DE MILITARES CONDENADOS, EN EL PROCESO DE PAZDesde el punto de vista de la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución nada más justo que la solicitud de militares condenados o investigados por delitos de lesa humanidad en el desarrollo del conflicto armado durante los últimos 50 años; si para los narcoterroristas, causantes de ese conflicto, el marco jurídico para la paz elevado al rango constitucional, contempla beneficios jurídicos y una justicia transicional que sólo aplicaría penas simbólicas a los autores del mismo tipo de delitos, es justo que quienes por exceso en el cumplimiento del deber de la institucionalidad democrática hayan incurrido en ellos.

Lo que no aparece muy claro es que sean representantes de la izquierda y caracterizados voceros políticos de las narcoguerrillas quienes se aproximen al diálogo y a la búsqueda de soluciones a la situación de estos militares, mientras al mismo tiempo mantienen una ofensiva jurídico-política contra la institución castrense. Es el gobierno el que debería liderar en la mesa de negociaciones el tratamiento igual para quienes se han visto incursos en el conflicto y han cometido delitos como consecuencia del mismo.

El antecedente inmediato de las intenciones de la izquierda con hechos similares es bien diciente. Hay que recordar que una vez se produjo la extradición de los cabecillas de las autodefensas ilegales y comenzaron otros a purgar penas en prisiones colombianas, los mismos personajes políticos representativos de esa izquierda vinculada a la narcoguerrilla acudieron a las cárceles, incluidas las de EE.UU, a negociar con los condenados beneficios jurídicos a cambio de que inculparan a personajes de la vida política y a militares en una conducta sistemática para atacar a la población civil dentro del desarrollo de la estrategia de la seguridad democrática.

Después de esas negociaciones los llamados “paramilitares” comenzaron a chantajear a quienes los habían combatido y sus declaraciones se convirtieron en piezas clave de los procesos que hoy tienen a esos mismos militares privados de la libertad. Ahora la izquierda busca repetir la misma táctica para ocasionar fracturas en la institución militar y poner a quienes están condenados o investigados a declarar contra sus superiores, compañeros o subalternos para probar que las narcoguerrillas son ajenas a la deshumanización del conflicto y al recurso del terrorismo como expresión de su derrota.

A toda costa se quiere lavar la imagen de los narcoterroristas y un flanco débil es jugar con los sentimientos y necesidades de los militares detenidos y con los de sus familias que consideran injusta su pena mientras sus adversarios serían castigados con “trabajo social” por el Estado al que atacaron y el militar defendió. Si se cae en este juego sucio, como ocurrió en el cono sur, los únicos y últimos culpables del conflicto serán los militares y no quienes convocaron a la “combinación de las formas de lucha” como mecanismo para la toma del poder.

 
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Publicado por en mayo 21, 2014 en Opinión Pública

 

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