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¿ES EL FISCAL GENERAL INTÉRPRETE DE NORMAS PENALES?

24 May

ES EL FISCAL GENERAL INTÉRPRETE DE NORMAS PENALESLos últimos acontecimientos sobre la judicialización de la política y las respuestas mediáticas del Fiscal Eduardo Montealegre, sin duda han despertado una discusión académica sobre la atribución de facultades de intérprete de la normatividad penal que el funcionario se atribuye especialmente en cuanto hace a la posibilidad punible para las narcoguerrillas y sobre escándalos montados en torno al debate electoral.

La tarea investigativa de la fiscalía fue diseñada en la Constitución como un mecanismo para garantizar una administración de justicia en la que se hagan efectivos los principios de verdad, reparación, las garantías del procesado y de la víctima, para lograr, desde la perspectiva penal, la prevalencia de la justicia material que es uno de los objetivos del Estado Social y Democrático de Derecho (Las audiencias preliminares en el Sistema Penal Acusatorio, 2007)

Todo proceso investigativo debe iniciarse con un juicioso estudio de los asuntos que se resuelven en audiencia preliminar y sus tipos de control. Con posterioridad aborda los principios constitucionales que rigen la función jurisdiccional del juez y la función judicial del fiscal y con mayor profundidad analiza los criterios aplicables para resolver un conflicto entre derechos fundamentales (et.al.)

Es un hecho que una denuncia penal conlleva afectación de los derechos fundamentales del procesado y de las víctimas, por lo que la Fiscalía no puede tomar determinaciones mediáticas que corresponden a los jueces para decidir si una denuncia presentada es o no falsa denuncia antes del pronunciamiento de un juez de garantías sobre la licitud de sus actuaciones; esto no es un capricho, está clara y taxativamente determinado en los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).

Por ello llama la atención que la Fiscalía frente a la denuncia de una presunta manipulación de unos elementos probatorios que afectan gravemente la honra e integridad de un ciudadano que aspira a un cargo de elección popular, en menos de 24 horas determine que los argumentos del denunciante son mendaces porque ella no aprecia manipulación de tales pruebas sino un simple “acomodamiento periodístico” de un material utilizado por un medio de comunicación para crear la discusión política mediática, aun cuando ello conlleve una evidente violación al derecho a la información veraz e imparcial que tienen los colombianos.

Lo primero que hay que observar es que el tipo de falsa denuncia es un delito querellable, es decir no es perseguible de oficio como pretende la Fiscalía según su comunicado, sino que exige que la presunta víctima del punible pida al ente investigador abocar el conocimiento del posible daño jurídico.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado en jurisprudencia vigente:

La denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten. Se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula al titular de la acción penal – la Fiscalía – a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho punible. Es además un acto formal en el sentido que, aunque carece del rigor de una demanda, convoca una mínima carga  para su autor en cuanto exige (i) presentación verbal o escrita ante una autoridad pública; (ii) el apremio del juramento; (iii)que recaiga sobre hechos investigables de oficio; (iv)la identificación del autor de la denuncia; iv) la constancia acerca del día y hora de su presentación; (vi) suficiente motivación, en el sentido que contenga una relación clara de los hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la investigación; (vii) la manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. La denuncia es un acto debido en cuanto involucra el ejercicio de un deber jurídico (Art. 95.7 CP) del cual es titular la persona o el servidor público que tuviere conocimiento de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio. El acto de denuncia tiene carácter informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la perpetración de una conducta presumiblemente delictuosa, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó y de los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos por el denunciante. A diferencia de la querella, la denuncia no es desistible, ni comporta la posibilidad de retractación en razón a la naturaleza pública de los intereses jurídicos que se encuentran comprometidos, lo que excluye la disponibilidad sobre los mismos por parte del denunciante. (Sentencia C-1177/05, 2005)

No hay evidencia de que el denunciado por presunta falsedad documental, el ciudadano español Rafael Revert haya incoado denuncia contra el abogado Jaime Granados Peña u Oscar Iván Zuluaga; tampoco hay evidencia de que los hechos denunciados por estos últimos no se hayan materializado como conductas punibles y no existe antecedente judicial que le permita al Fiscal excluir una prueba presentada legalmente por consideraciones subjetivas como las que señala en el comunicado de prensa: haberse afirmado que el video publicado por la revista Semana fue “burdamente manipulado”, cuando podría haber sido razonable concluir que dicho audiovisual había sido adaptado periodísticamente (Comunicado de prensa Fiscalía, 2014)

Ya la Fiscalía entonces demuestra una intención proterva y prejuiciosa de negar el acceso a la justicia a quien se siente agraviado por la difusión de un video editado o manipulado para causar daño a su honra y buen nombre, para proteger a quien incurrió en esa práctica maliciosa argumentando que bien puede tratarse de una “adaptación periodística”, es decir jurídicamente están creando una nueva figura que en una abusiva interpretación de la libertad de prensa permite que un medio pueda destruir moral y socialmente a un ciudadano sin que por ello incurra en delito, están absolutizando la libertad de prensa para beneficios oscuros y negando la función judicial como garante del bien común.

No sobra recordar que estas interpretaciones “razonables” del Fiscal han generado errores jurídicos como los acaecidos en los casos de Sigifredo López (precisamente basado en un vídeo manipulado o adaptado), los de los falsos testigos montados o adaptados en el caso Colmenares, por no hablar de los cientos de casos que comprometen la libertad de militares basados en un acuerdo interinstitucional declarado inconstitucional e ilícito pero que aún se sigue aplicando.

Resulta diciente que en el 88% de los delitos denunciados por los ciudadanos de a pie la Fiscalía responda con la liberación de los victimarios, aplicando a ellos sí todas las garantías procesales, mientras en casos como el citado en menos de 24 horas muestre su interés malicioso de judicializar a quien denuncio el montaje y fue víctima de él; no quisiéramos realmente pensar que el ente investigativo se convirtió en apéndice de alguna campaña política y con ello degrade la naturaleza constitucional del mismo.

Ante este exabrupto del polémico Fiscal como ciudadano debo expresar mi inquietud ante lo señalado por diversos juristas de renombre nacional que aterrados ven el afán de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación entre otros entes de control de juzgar y enviar a la cárcel o exponer al escarnio público a cuanto exfuncionario  del gobierno Uribe o a quienes compartan su visión política del país, mientras las investigaciones y los procesos por corrupción, farcpolítica, permanecen empolvados en los anaqueles de los despachos judiciales o las órdenes de la misma Corte Suprema de Justicia de investigar a altos dignatarios por montajes judiciales simplemente se desconocen.

Cualquier similitud con lo que sucede en la corrupta y politizada justicia venezolana no es una coincidencia y ojalá no estemos ad portas de sufrir una crisis nacionales como la que experimenta el país hermano sólo para satisfacer los intereses de algunos políticos que claudican ante quienes por más de 50 años agredieron al país y hoy son objeto de toda suerte de reconocimientos con el llamado a una paz que más parece el mítico canto de las sirenas para hacer estrellar el barco nacional contra algún acantilado infernal.

 
1 comentario

Publicado por en mayo 24, 2014 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “¿ES EL FISCAL GENERAL INTÉRPRETE DE NORMAS PENALES?

  1. Gamal uribe

    mayo 24, 2014 at 7:58 am

    Extraordinario análisis jurídico de los palos de ciego y bandazos que da la Fiscalía en cabeza de quien usurpa actualmente su dirección en su afán por sacar en limpio al Iscariote, traidor, vendido y felón criollo..
    Los felicito. son tal vez el único medio de comunicación veraz, objetivo, inteligente, profundo, idóneo, verdadero conocedor de los temas que aquejan a la población colombiana y que los aborda con total autoridad, jurídica, racional, filosófica, política, moral. Colombia Opina representa realmente el sentir y sobre todo, los intereses del pueblo colombiano.
    ¡Enhorabuena! Sigan así. difundan más sus comentarios y su blog. envíen enlaces de este tipo de posts en los comentarios de los artículos de actualidad amañados que a diario sacan los medios vendidos al régimen de Santos y al gobierno mundial.
    Mucho he buscado y es el primer blog y expresión que encuentro, verdaderamente contrarrevolucionario.
    Que Dios los bendiga e ilumine y Nuestra Señora los asista en su lucha

     

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