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UNA MALA PAZ ES TODAVÍA PEOR QUE LA GUERRA

03 Jun

PEOR QUE LA GUERRADecía Cayo Cornelio Tácito (55-120 a.C.), célebre historiador, político, cónsul  y gobernante romano, “una mala paz es todavía peor que la guerra”, y su acierto cobra vigencia en cada conflicto que se ha suscitado entre los hombres, sobre todo cuando la paz endeble no es más que el comienzo de una nueva guerra.

Los colombianos, por desgracia, hemos experimentado muchas veces esa realidad y aún insistimos en el error con la esperanza de esta vez no equivocarnos; los conflictos partidarios de la primera mitad del siglo XX se saldaron con acuerdos de paz que fueron aprovechados por otros para reiniciar la guerra. Así lo hicieron las guerrillas comunistas desde finales de los años 40 con la introducción de la tesis soviética de la combinación de todas las formas de lucha para la toma del poder, continuada por las actuales organizaciones narcoterroristas.

El origen comunista de las Farc los llevó a incorporar la violencia como práctica permanente para enfrentar al Estado colombiano  y a concebir la denominada lucha armada como alternativa de derrocamiento del gobierno democrático.  Del  conocido como XIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano  realizado el 22 de octubre de 1949 surgió “la política de autodefensa de masas sintetizada en la consigna de oponer a la violencia reaccionaria la violencia organizada de masas”, doctrina que el grupo armado ilegal  consideró  apropiada para implementar en su “ideal guerrillero”, mantenido como principio en su actual naturaleza narcoterrorista.

Ni las Farc, ni el Eln le han ganado ninguna batalla decisiva al Estado colombiano, pero con arrogancia exigen una paz fruto de una negociación política, como si ellas fueran las vencedoras: el acomodamiento a su llamada Plataforma Bolivariana para una Nueva Colombia promulgada desde su IX Conferencia y que plantea, entre otras cosas, el establecimiento de una “república bolivariana” donde las FF.MM sean apéndices del partido único de gobierno y la Policía un instrumento político de un Ministerio de la Seguridad o del entonces llamado Ministerio del Interior y de Justicia.

Nótese que los voceros de la narcoguerrilla en La Habana, han insistido en dos puntos vitales para cualquier negociación conducente al cese del conflicto: No harán entrega de las armas y las mantendrán como garantía del cumplimiento de los acuerdos que se pactaren y el No reconocimiento de sus víctimas, sino una especie de amalgama donde se conjuguen todas las “víctimas del conflicto” con prevalencia de aquellas denominadas de los “paramilitares” o del “Estado”. Sobre las víctimas que ellos ocasionaron sólo hay un “quizá… quizá… quizá”.

Las Farc insisten en que exigirles un mínimo cumplimiento del artículo 3º común a los Protocolos Adicionales de la Convención de Ginebra de 1949, excluir a la población civil y especialmente a los sectores más vulnerables, como los niños y adolescentes, del conflicto es una imposición humillante para ellas y desafortunadamente el gobierno nacional y los apaciguacionistas han caído en esa trampa de confundir actos terroristas dirigidos contra la población civil y sus bienes con los actos de guerra que pueden llevarse a cabo mientras se negocia en medio del conflicto.

La paz es un derecho y un deber anhelado por todo ciudadano, pero una mala paz es una vulneración a ese derecho fundamental, sobre todo cuando la justicia y la verdad son las primeras víctimas.

El absoluto desprecio por el Derecho Internacional Humanitario no es nada novedoso en la narcoguerrilla, por el contrario ha sido reiterativo y sistemático. En entrevista concedida por “Alfonso Cano” al periódico español Público.es  difundida el 11 de junio de 2011, hay varios elementos  que muestran la posición ambigua del grupo armado ilegal.  “Cano” consideraba en esa entrevista,  que respecto al Derecho Internacional Humanitario  y a sus Protocolos adicionales, las Farc mantenían reservas porque en ocasiones dificultaban hacer aproximaciones a distintos escenarios (las bandas criminales y el crimen transnacional por ejemplo).

Con ocasión de las negociaciones del Caguán (1998-2002), Pedro Antonio Marín, el bandolero conocido con los alias de Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, decía despectivamente que esa vaina ellos no la reconocían porque nunca los habían invitado a discutirla y firmarla.

Este pronunciamiento explica la razón por la cual las Farc no observan ni respetan  las normas humanitarias internacionales, y más aun argumentando que sus ”estatutos farianos” son los  que controlan la actuación de los guerrilleros, han caído en un profundo aislamiento que les produce también un elevado rechazo social y su enclaustramiento absoluto. Lo anterior genera por lo tanto una ruptura total frente a las opciones de negociación  política que surjan desde el gobierno nacional.

De ahí que resulte extremada y absolutamente simplista el argumento de algunos sectores de que ponerle condiciones mínimas a las Farc para continuar el proceso sea un saboteo al mismo; es una cuestión de elemental humanismo el exigir el respeto a la población civil, el cese de acciones terroristas y el reclutamiento forzado de menores, algo que hasta el más recalcitrante apaciguacionista debería compartir para llegar a cimentar una verdadera paz en tanto son los derechos de las mayorías, del pueblo colombiano, los que deben primar por sobre los intereses políticos de quienes quieren apropiarse de la paz como una marca registrada.

 
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Publicado por en junio 3, 2014 en Opinión Pública

 

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