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LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

04 Jun

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMASAboca ahora el tema de los derechos de las víctimas la mesa de negociación en La Habana; Humberto de La Calle, vocero del equipo gubernamental, ha manifestado que esos derechos no son tema de negociación, sino que los diálogos versarán sobre la forma en que Estado y Farc van a responderle a las víctimas por los daños causados en el conflicto.

A primera vista, el Estado estaría reconociendo una posición oficial de victimario, indicando que las acciones militares o de los organismos de seguridad que pudieron ocasionar daño a la integridad o los bienes de ciudadanos están al mismo nivel del daño causado por los narcoterroristas y por ende deben repararlo conjuntamente.

Pero esa apreciación hay que contextualizarla en el desarrollo normativo y jurisprudencial que de tiempo atrás se viene aplicando en el país. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico.  No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos armados ilegales (no de delincuencia común), contra bienes o instalaciones del Estado, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido causalmente en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones.

El Consejo de Estado se ha pronunciado ya en varias ocasiones al fallar contra el Ministerio de Defensa y las instituciones militares y policiales, condenándolas al pago de indemnizaciones por los daños causados a personas y bienes particulares en los casos de los atentados y ataques de las narcoguerrillas. Incluso el Estado ha sido condenado por la muerte de militares y policiales a mano de los terroristas con el argumento de que “Las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas deben estar orientadas hacia la preservación de los derechos, y no al sacrificio absoluto”, como advirtió recientemente la corporación. De lo contrario, se suprimiría la esencia del ser humano como destinatario de la protección.

Reiteradamente y en diversas sentencias el Consejo de Estado al condenar a la Nación, ha considerado que el concepto de  falla del servicio, como generadora del daño ocasionado por los narcoterroristas, opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los guerrilleros; (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente; (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque; y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella.

El Consejo de Estado estimó que los daños causados a particulares, derivados de ataques perpetrados por la subversión contra bienes representativos del Estado en el marco del conflicto armado interno, eran imputables a la administración a título de riesgo excepcional, no de daño especial. En estos casos, la atribución de responsabilidad no se sustentó en la existencia de una acción u omisión reprochable del Estado, sino en la producción de un daño. Con base en este título jurídico de imputación, la jurisprudencia declaró la responsabilidad patrimonial de la administración por los daños derivados de ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley contra (i) cuarteles militares o estaciones de policía, sea que la fuerza pública reaccione o no violentamente con el fin de repeler la agresión y; (ii) redes de transporte de combustible.

En ese estado de cosas, la Nación responderá económica y efectivamente por los daños de sus propios agentes o por los de terceros, el narcoterrorismo, dada su posición de garante frente a los ciudadanos, como viene haciéndolo de tiempo atrás, de tal manera que el proceso de La Habana en este caso es poco lo que podrá aportar. La discusión debe centrarse entonces en el reconocimiento y la reparación de las víctimas por parte de las Farc y fundamentalmente en el álgido tema de la justicia transicional.

Frente a ese modelo de justicia cobra vigencia lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 que reconoce que todo individuo que sea considerado víctima en los términos de la misma, tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y a que las violaciones de que trata el artículo 3° (infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno), no se vuelvan a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos.

Será en este punto de la agenda donde se discutan asuntos como las penas a imponer a los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cobrando vigencia lo anunciado de antemano por el Fiscal General de la Nación con respecto a los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones al derecho internacional humanitario, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, que indudablemente implican  las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y una paz duradera y sostenible como señala la citada norma legal.

En otras palabras, el centro del debate nacional girará en torno a si esos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben ser sancionados con trabajo social, suspensión de penas y reconocimiento pleno de los derechos civiles y políticos a los autores de los mismos como propone la Fiscalía.

 
1 comentario

Publicado por en junio 4, 2014 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

  1. mariana

    junio 9, 2014 at 8:27 pm

    si, favorable para las victimas ojala no sea otro cuento mas para ganar indulgencias, con el dolor ajeno, pareciera qu a nadie le interesa qu haya justicia para las victimas, quisiera preguntarle al señor fabian ramirez cara a cara qu hizo con nuestro hermano Jhon Gebel Mahecha!

     

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