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ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014

09 Jun

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014Ya en la recta final del proceso electoral que debe definir quién será el nuevo presidente colombiano para el período 2014-2018 y cuáles serán los programas políticos, económicos y sociales del próximo gobierno, es necesario hacer una reflexión sobre la realidad política nacional.

Lo primero que se debe desmitificar es una presunta división de la sociedad colombiana que pueda ser amenaza a la estabilidad nacional; el debate planteado sobre la paz y sobre la guerra es más mediático, que razonado y real. Las diferentes encuestas de opinión señalan que el pueblo colombiano si anhela la paz y la superación del conflicto, el gran debate hoy es si debe o no ponérsele a la narcoguerrilla un mínimo de condiciones de respeto al D.I.H. mientras avanzan las negociaciones en La Habana o si el proceso por adelantarse en medio del conflicto no permite este tipo de condicionamientos.

Otro aspecto de discusión es el reconocimiento pleno de los derechos civiles y políticos a los responsables de delitos de lesa humanidad, como indicara el Fiscal General de la Nación, y conexo a ello la suspensión de penas, la imposición de trabajo social y otras garantías judiciales a esas mismas personas, tesis también defendida por el Fiscal. Esta propuesta no ha tenido acogida entre la sociedad que mayoritariamente la rechaza y es allí donde reside la inconformidad de los ciudadanos frente al manejo del proceso y sin duda incide en la derrota en primera vuelta del candidato-presidente y su permanencia en el segundo lugar en cuanto a la intención de voto en los comicios que se realizarán este domingo 15 de junio.

La campaña de Oscar Iván Zuluaga pasó de la radical propuesta de cese del proceso de La Habana al condicionamiento de los diálogos para su continuidad; esta variación obedeció al acuerdo político alcanzado con la ex candidata conservadora Marta Lucía Ramírez, tercera fuerza política en el pasado proceso electoral pese a no contar con el respaldo de los principales caciques de ese partido que se decidieron por el apoyo a la reelección.

Sin duda ese cambio afectó positivamente la campaña del Centro Democrático pues logró que se cambiara la percepción de una propuesta que era presentada como “guerrerista” por sus adversarios; sin embargo la campaña del candidato-presidente mantuvo la tesis manejada en los ya largos dos años del proceso, no se puede exigir nada a las Farc porque se negocia en medio del conflicto.

Como lo propuso Marta Lucía Ramírez y ahora lo hace la campaña de Zuluaga, esa exigencia mínima es el acatamiento absoluto al art. 3 común a los Protocolos del Convenio de Ginebra de 1949, esto es el respeto a la población civil y sus bienes en los actos de guerra, el no reclutamiento forzado de menores, el cese de actos terroristas que puedan afectar ciudadanos ajenos al conflicto.

La discusión no es baladí y tiene su fundamento en la interpretación del derecho internacional humanitario; los actos terroristas per se pueden derivar en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad inaceptables para cualquier tipo de sociedad, no son calificados como actos de guerra propios de un conflicto. Y es en esto donde Colombia debe tener máxima claridad.

La Cruz Roja Internacional ha reiterado en multiplicidad de ocasiones que el derecho internacional humanitario prohíbe, sin excepción, la realización de actos terroristas en situaciones de conflicto armado internacional y no internacional. Asimismo, insta a los Estados a prevenir y castigar las violaciones de ese derecho. Los actos de terrorismo pueden ser crímenes de guerra que caen bajo la jurisdicción universal, y la Corte Penal Internacional puede tener competencia para tratar el asunto. Inversamente, la lucha contra el terrorismo y el enjuiciamiento de presuntos responsables de actos terroristas están regidos por el derecho humanitario si tienen lugar durante un conflicto armado. Ese derecho no es un obstáculo para combatir el terrorismo, y los terroristas sospechosos pueden ser enjuiciados por sus actos de terror.

Así que la excusa de no exigencia del cumplimiento de principios básicos del DIH a las narcoguerrillas es demasiado endeble y si constituye un riesgo enorme para la seguridad nacional, en tanto acicateadas por esa presunción de impunidad los narcoguerrilleros han incrementado sus acciones terroristas desde el inicio de los diálogos en La Habana en perjuicio principalmente de la población civil de municipios y caseríos abandonados secularmente por el Estado.

Ahora bien, como se señaló desde su comienzo, vincular los diálogos de La Habana al trasegar político partidista no era lo correcto; la paz, entendida como: “una situación, un orden, un estado de cosas, caracterizado por un elevado grado de justicia y una expresión mínima de la violencia” (Fisas, 1987, pág. 74), no puede ser apropiada por un candidato o un partido cuando ella es objeto de la institucionalidad que debe caracterizar al Estado social de derecho y por ende compete a todos los ciudadanos.

Calificar de enemigos de la paz o guerreristas a quienes hemos hecho reparos fundados a la mecánica y contenido del proceso de La Habana, es un método politiquero de república bananera que no contribuye en nada al logro propuesto. Tanto es así, que han sido las mismas Farc las que ahora escriben “epístolas” a Zuluaga para buscar puntos de convergencia que permitan mantener los diálogos y alcanzar acuerdos que pongan fin al conflicto armado como requisito para alcanzar la paz.

El lenguaje irrespetuoso y agresivo, la judicialización de la política y otros mecanismos utilizados no amenazan la integridad de la nación, pero si generan situaciones de violencia particular dada esa tendencia pasional del colombiano; ya en algunas zonas como Córdoba y Arauca se han registrado eventos de amenazas armadas de vecinos contra vecinos por no compartir la misma visión electoral y ese si fue el germen de pasadas violencias.

 
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Publicado por en junio 9, 2014 en Opinión Pública

 

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