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DEMENCIAL OLA TERRORISTA DE NARCOGUERRILLAS

25 Jun

DEMENCIAL OLA TERRORISTA DE NARCOGUERRILLASEscapa a toda lógica que las Farc y Eln respondan con una inusitada oleada terrorista a la sociedad colombiana que en las elecciones decidió apoyar la propuesta de diálogo incondicional adelantada por el gobierno; desde el domingo 15 de junio toda suerte hostigamientos que han cobrado la vida de servidores públicos de la Policía Nacional y el Ejército, de atentados incendiarios y explosivos con víctimas civiles, reclutamiento forzado de menores, han sacudido el país.

Es un hecho cierto que las acciones terroristas no pueden ser consideradas como actos de guerra propios de un conflicto armado como el que se vive en Colombia, como claramente lo señala el Derecho Internacional Humanitario y que cuando estos actos se dirigen de manera indiscriminada contra la población civil o sus bienes, son catalogados como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. De tal manera que nadie puede justificar las acciones terroristas de las Farc o el Eln como “legítimas” o como “actos políticos” porque se está negociando un proceso de paz en medio del conflicto.

La buena voluntad del gobierno colombiano, de sus negociadores y de la sociedad en general está siendo asaltada de manera cobarde por los narcoterroristas en su empeño por mostrar una fortaleza que están lejos de tener y que, por el contrario, indican la debilidad en que se encuentran no sólo por los duros golpes propinados por la Fuerza Pública, sino también por las ya evidentes fricciones internas en torno al proceso que se adelanta en La Habana.

Resulta también inaceptable que las Farc, haciendo un alarde de soberbia y prepotencia, ahora quieran condicionar la continuidad de dicho proceso a una declaración de rompimiento del gobierno Santos con el sector político que lidera el ex presidente y ahora Senador electo Álvaro Uribe Vélez, sector que representa cerca del 50% de los colombianos que no pueden ser silenciados o ignorados alegando conveniencias políticas de la alianza política que triunfó en las elecciones.

Indudablemente mediante la acción terrorista y las declaraciones políticas las Farc y el Eln buscan polarizar la sociedad y dividirla para obtener ganancias políticas dentro del proceso, afianzar su posición negociadora y avanzar hacia un cambio del modelo económico, político, social y militar del Estado mediante una Asamblea Constituyente diseñada a la medida de sus intereses; el apoyo electoral de la izquierda al reelecto presidente Santos tiene un costo que va más allá de la “noble” intención de respaldar el proceso de paz y es el de servir de punta de lanza al llamado Programa Bolivariano para una Nueva Colombia que las Farc sostienen como único modelo de Estado aceptable para alcanzar acuerdos de paz.

De esa campaña divisionista no escapan ni siquiera las Fuerzas Militares y de Policía; hábilmente las narcoguerrillas y sus apologistas manipularon mediáticamente la idea de una inexistente participación política de miembros activos de las Fuerzas que caló incluso en el gobierno y las instituciones, prueba de ello es la destitución de unos policiales que prestaban servicios de seguridad en campañas contrarias a la presidencial; una miembro de esa institución fue destituida porque en su cuenta particular de twitter un trino que hacía referencia a la campaña contraria a la del entonces candidato-presidente, sumariamente se infirió que la policial estaba participando en política.

Nada más peligroso para el país y su institucionalidad que se pretenda manipular políticamente la acción legítima de sus Fuerzas Militares y de Policía para ponerla al servicio de un gobierno determinado, los horrores que de ello se derivan se viven en países vecinos hoy totalmente fracturados y viviendo violencias no conocidas en su historia o muy lejanas a su modernidad.

Seguramente los “liberales” y los “socialistas” calificarán de paranoia “derechista” advertir sobre esa insana politización de las instituciones democráticas, especialmente de las castrenses y policiales, pero ese ha sido en la historia de la humanidad el modo de operación de las dictaduras totalitarias de todos los pelambres y terminan por destruir el modelo social y político de un país. Así ocurrió en la extinta URSS y sus satélites, ocurre en China y Cuba, ocurre en Venezuela y en Nicaragua. Es el mismo MO de las dictaduras nacionalistas o fascistas de los años 30 en Europa. Es allí donde todos los extremos se unen y terminan las libertades democráticas.

Es un error de colosales dimensiones que las Farc y Eln confundan la victoria electoral de Juan Manuel Santos y su modelo de negociación incondicional, con una franquicia otorgada por el pueblo colombiano a las acciones narcoterroristas para imponer sus criterios. Los 7.816.896 votos logrados por el candidato-presidente no representan una tendencia izquierdizante del país y un respaldo político a las narcoguerrillas; el apoyo del Polo, los Progresistas y la Alianza Verde no implica el establecimiento de una base de desarrollo de su Plataforma Bolivariana y las acciones terroristas contra el pueblo colombiano sólo incrementarán el rechazo a los acuerdos que eventualmente se alcanzaren, no pueden olvidar que por el condicionamiento al proceso también votaron 6.9805.001 colombianos y que existe un potencial cercano al 52% de ciudadanos que no expresaron su voluntad en las urnas pero que tienen capacidad de decisión futura.

Indudablemente el gobierno deberá replantear su modelo de negociación y exigir un mínimo de respeto por parte de las organizaciones narcoterroristas al DIH, pues no puede obviar su deber de garante de la vida, integridad y bienes de todos los ciudadanos, amenazados hoy por la demencial ola terrorista que no tiene ninguna justificación y si crea un estado de zozobra que imposibilita la convivencia pacífica como objeto y fin del Estado social de derecho.

 
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Publicado por en junio 25, 2014 en Opinión Pública

 

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