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EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA PAZ

13 Jul

EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA PAZPasada la fiesta del mundial del fútbol que con la histórica participación colombiana se convirtió en una especie de paréntesis dentro de la realidad nacional, es necesario volver a esa irregular normalidad diaria, esta vez acompañada de los anuncios de posibles diálogos con el Eln y la inusitada arremetida terrorista que la anestesia mundialista permitió que pasara casi desapercibida.

Muchos analistas y pazólogos señalan que es “normal” que este grupo terrorista acompañe sus propuestas de diálogo con un incremento de sus acciones criminales; pero no, no puede ser considerado desde ningún punto de vista este hecho que indica todo lo contrario a una manifestación de voluntad por la terminación del conflicto; como tampoco es normal, ni una “acción política” de las Farc el irreparable daño cometido contra el medio ambiente con los atentados a los oleoductos en Putumayo o Arauca, o el derrame de crudo transportado en camiones cisterna que afectó gravemente la cuenca de afluentes del río Putumayo.

Unas negociaciones de paz sin condicionamientos mínimos de respeto al derecho internacional humanitario por parte de los actores del conflicto, el estado y las organizaciones armadas ilegales, escapa a cualquier comprensión lógica, sobre todo cuando el estado si aplica medidas de control y castigo a quienes exceden el celo en la defensa de las instituciones atacadas por esos grupos ilegales mientras contempla impasible los excesos de los irregulares.

No es excusa, ni puede servir como tal, el que los diálogos se adelanten en medio del conflicto, porque esas organizaciones armadas ilegales eluden la confrontación con las fuerzas armadas legítimas y su accionar “de guerra” se orienta contra la población civil o sus bienes mediante prácticas expresamente prohibidas y condenadas por el derecho internacional y la legislación nacional; menos cuando el estado ha probado suficientemente su voluntad de paz mediante el establecimiento de normas, incluso modificando la Constitución, para lograr el buen suceso de las negociaciones.

Los optimistas anuncios de los negociadores del gobierno y del propio presidente con relación al proceso de La Habana, condimentados con una intensiva propaganda en los medios, son desmentidos por las acciones de la narcoguerrilla Farc y por sus voceros en la negociación que aún insisten en no reconocer el grave error que significa la llamada “combinación de todas las formas de lucha para la toma del poder” y en un desconocimiento cínico de las víctimas causadas desde cuando se tomó esa decisión, reclamando tal condición, la de víctimas, para ellas mismas y para quienes hicieron apología o sirvieron de apoyo a su accionar.

El gobierno colombiano ha caído en el peligroso juego de las Farc, y si no se corrige en el que planteará el Eln, de hablar de todas las víctimas del conflicto y no de las ocasionadas por las organizaciones narcoterroristas; en La Habana y en cuanto foro, seminario, evento o información se produce se da prelación al tema de las víctimas de los paramilitares o del mismo Estado, pero se invisibiliza y silencia a las causadas por las narcoguerrillas. Se descalifica y señala a las organizaciones o personas que asumen la vocería de estas víctimas tildándolas de extrema derecha, de fascistas y callando las historias que quieren contar y deben ser contadas.

Los foros sobre víctimas, incluidos los que impulsa el Congreso, son manipulados por las mismas organizaciones omnipresentes: Movice, Colectivo de Abogados Alvear Restrepo y los mismos personajes en todas partes: Iván Cepeda, Piedad Córdoba, con los mismos relatos convenientes a la UP, a la Marcha Patriótica y al Partido Comunista, el que introdujo la tesis de la combinación de las formas de lucha para tomarse el poder.

Hablar de las víctimas de las Farc y el Eln, desde las mismas esferas gubernamentales, se volvió sinónimo de guerrerismo, de ser enemigo de la paz, de querer mantener una cultura del miedo; hablar de las víctimas reales o supuestas del paramilitarismo o del estado en cambio sí es sinónimo de querer la paz. Esa errada interpretación va a malograr cualquier esfuerzo por acabar con el conflicto porque se mantendrán y fortalecerán los resentimientos y los odios cultivados en estos últimos 50 años por el narcoterrorismo y sus apologistas.

El gobierno y sus negociadores descalifican las críticas sobre una supuesta impunidad para los narcoterroristas, pero el Ministro de Justicia y el Fiscal General, que serían los llamados a salvaguardar la aplicación de la justicia transicional, los desdicen cuando hablan de que los narcoterroristas no han cometido crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o que en lugar de penas de prisión a los responsables de estos habrá suspensión de la pena o aplicación de medidas simbólicas como el trabajo social, además del reconocimiento pleno de sus derechos políticos para que puedan hacer parte de organismos colegiados como el Congreso una vez se firmen los acuerdos.

El país no puede olvidar, por ejemplo, que existen 20.000 desaparecidos en Colombia, de los cuales a las solas Farc se le atribuye el 50%, entre ellos 946 soldados y policías, ciudadanos que fueron secuestrados o desplazados por la narcoguerrilla y de cuya suerte no se conoce aún, pero que son invisibilizados a pesar de existir evidencia, en el caso de los militares y policías, de que muchos de ellos fueron ejecutados por sus captores porque sufrieron algún trastorno mental o físico durante el tiempo de su cautiverio.

Los relatos de Elda Neyis Mosquera, alias Karina, y otros integrantes desmovilizados de las Farc dan cuenta de todo el horror que impusieron a lo largo y ancho de Colombia las narcoguerrillas, de los delitos imperdonables contra niñas, adolescentes y mujeres utilizadas como instrumentos sexuales y obligadas a abortar por sus abusadores, miles de ellas perdieron la vida y yacen ignoradas en la manigua, como los miles de niños y adolescentes secuestrados por las narcoguerrillas para ser utilizados como armas de guerra, cientos murieron durante los entrenamientos como explosivistas o utilizados como portadores de paquetes bomba contra pobladores o autoridades policiales o militares. Sobre estas víctimas es que debe hablarse con las Farc y con el Eln, no sobre las causadas por otros autores y sobre las que existen dos normas legales que se ocupan de su situación.

Todas las víctimas del conflicto, sin exclusión alguna, merecen verdad, justicia y reparación, pero si se insiste en ignorar las causadas por la narcoguerrilla el tortuoso camino hacia la paz no será andado porque quedarán sendas que conducirán a nuevas violencias.

 
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Publicado por en julio 13, 2014 en Opinión Pública

 

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