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HACIA DÓNDE VA LA JUSTICIA EN COLOMBIA

16 Jul

TRISTE REALIDAD DE LA JUSTICIA EN COLOMBIATenemos que acostumbrarnos a fallos políticos de la justicia señalaba recientemente en un programa de televisión el abogado y escritor Ramón Jimeno, afirmación que se hace en consonancia con los postulados del “siglo de los jueces” que hace algún tiempo enunciara el ex magistrado Augusto Ibáñez, quien manifestaba que el poder judicial asumía una posición de interpretación y aplicación de un modelo de justicia que debía influir en las políticas del Estado, asumiendo tareas propias del legislativo y del ejecutivo.

El tema es bien delicado en tanto compromete el equilibrio de poderes propio de la democracia liberal y dada la debilidad de la institución judicial en Colombia puede conducir a dos caminos inconvenientes para el Estado social de derecho: El establecimiento de una dictadura de los magistrados y jueces o en la instrumentalización política del poder judicial por parte del gobierno de turno, teniendo no el bien supremo del Estado como objetivo sino la conversión de los programas del gobernante en razones de Estado al estilo de algunas dictaduras civiles que rigen actualmente en Latinoamérica.

Lo del “siglo de los jueces”, que ha cobrado vuelo en las altas Cortes, hacía referencia a la discusión presentada en 2009 sobre la ley de justicia y paz; el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez señalaba: Siempre que existe un conflicto, o se registran violaciones a los derechos humanos, el estamento social solicita que, además del trámite formal de los procesos en los tribunales, exista una fórmula alternativa de justicia transicional que conduzca a una reflexión sobre las circunstancias que llevaron al conflicto; buscar la verdad y alcanzar una fórmula de reparación a las víctimas, en el entendido de que la verdad es una forma de reparar a la víctima; no tiene nada que ver con lo jurídico, sino con lo sociológico y los histórico porque de esa manera se logra recomponer la sociedad. (ELTIEMPO, 2009)

Con lo anterior el magistrado cuestionaba la naturaleza de la Ley de Justicia y Paz al señalar que esta era una ley que regulaba la solución del conflicto por medio de mecanismos jurídicos y estos debían ser extrajurídicos, abogando porque el Estado Social de Derecho le entregue el control de los derechos fundamentales al juez quien es el que debe determinar hasta dónde van los derechos de las víctimas de ese conflicto, porque si las competencias son estrictamente regladas, ahí no hay nada que hacer. Las funciones constitucionales y legales no se pueden conciliar, no se pueden negociar, sencillamente se ejecutan.

La propuesta del ex magistrado puede aparecer como una realización óptima del derecho y de la justicia si esta se aprecia en su más sana definición. La justicia política es aquella persigue el cumplimiento de la ley y que va encaminada a conseguir la felicidad del ser humano en el ámbito de la comunidad política. La justicia política no persigue tanto una dimensión particular de la justicia sino universal ya que pretende que todos los individuos que participan en la vida común, sean libres e iguales tanto en la distribución proporcional de los bienes, como en la corrección de los modos de trato o en la reciprocidad proporcional.

Es más, resultaría lo más próximo a la argumentación aristotélica sobre una noción de justicia comunitaria íntimamente asociada al fundamento de la ciudad y la constitución democrática. Pero hay que insistir en la debilidad del poder judicial colombiano para considerar que tiene la madurez suficiente para asumir ese reto de una justicia política.

Lo que aquí se observa es una politización de la justicia que es bien diferente y basta con observar el curso de tres sonados procesos de los últimos tiempos. El primero es el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, constitucional y legalmente los mismos jueces han señalado que la sanción impuesta se ajusta a derecho, pero por conveniencia política, no afectar los diálogos de La Habana, se otorgan unas medidas cautelares de protección a los derechos políticos del burgomaestre para sostenerlo en el cargo.

El segundo es la condena a un ex ministro de agricultura por supuestamente haberse beneficiado políticamente de un programa de gobierno, el Agro Ingreso Seguro, y no haber ejercido controles para que en unos pocos casos los beneficiarios no le hubieren hecho trampa a la ley, aplicación de una responsabilidad objetiva; mientras se silencia ante la utilización de auxilios parlamentarios, prohibidos por la Constitución y la Ley, la llamada mermelada reeleccionista, con el argumento de que los mismos constituyen “inversión social” y no verdadero aprovechamiento político de los programas de gobierno. (ELESPECTADOR, 2014)

Por último la decisión de la Sala Quinta del Consejo de Estado de aceptar tres demandas contra la reelección del Procurador General, pieza incómoda para el gobierno por sus posturas ante el llamado Marco Jurídico para la Paz y el proceso de La Habana, con el argumento leguleyo de que aunque no está prohibida en la Constitución tampoco está expresamente permitida, existiendo el antecedente de la reelección del ex procurador Edgardo Maya pero obviándolo de manera cínica con la tesis de que esa reelección no había sido demandada.

No sobra recordar la precaria imagen ciudadana del poder judicial afectada recientemente por el escándalo del carrusel de las pensiones y el triste papel que jugaron magistrados y jueces en el fracaso de reforma judicial de este gobierno, retirada de afán ante la evidente manipulación en provecho propio de esos funcionarios que no sólo se opusieron a la eliminación de algunos beneficios, sino que los aumentaron y multiplicaron para obtener no una independencia del poder judicial sino para constituirlo en una ínsula separada de los demás poderes.

Frente a este panorama el ciudadano de a pie debe cuestionarse seriamente sobre el rumbo de nuestra justicia, pues mientras esos procesos que le afectan a diario duermen el eterno sueño de lo injusto en los despachos judiciales, esta rama del poder público politizada convierte la justicia en una artículo de consumo mediático en perjuicio de los fines y objetivos básicos del Estado social de derecho.

 
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Publicado por en julio 16, 2014 en Opinión Pública

 

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