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LA EXPECTATIVA NACIONAL FRENTE AL NUEVO CONGRESO

19 Jul

LA EXPECTATIVA NACIONAL FRENTE AL NUEVO CONGRESOMañana 20 de julio, en el aniversario 240 de nuestra independencia, se posesionan Senadores y Representantes que conforman el Congreso nacional; esta es quizá la institución más desacreditada del país y es la más estratégica en cuanto de ella nacen las normas que regulan la vida nacional en todos sus aspectos, dependiendo de ellas la cohesión del tejido social que construye la unidad de la nación.

De tal manera que las expectativas son grandes y válidas, corresponde a este Congreso el plantear y aprobar las grandes reformas que le están haciendo falta al país, especialmente en temas como la equidad social y la tributación, la salud, la educación y la justicia, pilares básicos de una paz sostenible y duradera.

Ya para su instalación este Congreso presenta problemas en su real composición, por ejemplo no podrán asumir sus cargos quienes resultaran electos en la circunscripción especial de las negritudes en tanto están cuestionados por no representar a esta etnia, ni presentar un trabajo cierto a favor de esta importante franja de colombianos, su elección obedeció al carrusel de avales que se convirtió en práctica de las organizaciones representativas de las minorías.

En la indefinición de la composición del nuevo Congreso también pesan situaciones que deben ser resueltas por la autoridad electoral en virtud de la tutela que obligó el reconteo de votos en las meses donde se presentó una diferencia igual o superior al diez por ciento, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral y relacionados en el apéndice 8 de la tutela interpuesta por Olga Maritza Silva Galeano, Gloria Stella Díaz Ortiz y Carlos Alberto Baena López. Lo ideal hubiese sido que antes del día de hoy debería conocerse la definición de las demandas y el reconteo ordenado, pero lo cierto es que el proceso, como van las cosas, se podría alargar más de lo previsto, y entonces no se sabe con certeza quién se posesionará. (LANACIÓN, 2014)

En la composición, por partidos políticos, del nuevo Congreso la U, el partido de gobierno, tiene las mayorías, lo que significa que ahí el presidente Santos tiene un punto a su favor. A eso hay que sumarle que en Cámara, los liberales, que hacen parte de la unidad nacional, están bien ubicados aunque en el Senado no tendrá mucha influencia. Y les siguen los otros miembros del ‘santismo’ como Cambio Radical, y algunas fracciones del conservatismo.

El Polo Democrático seguirá haciendo oposición desde la minoría, como viene sucediendo desde hace ya muchos años. En el Senado el oficialista Partido de la U tiene la mayor cantidad de senadores con 21 senadores, el Centro Democrático perdió una curul y mantiene 19, igual que el Partido Conservador. Por su lado, el Partido Liberal cuenta con 17 sillas y Cambio Radical 9. El Polo Democrático, la Alianza Verde y Opción Ciudadana cuentan con cinco curules cada uno. En conclusión, el nuevo Senado significará para el ‘santismo’, en caso de una eventual reelección, que tendría más de 50 senadores de su lado, es decir mayoría absoluta.

Pero esa mayoría no indica una necesaria representación democrática en la composición de directivas y comisiones del Congreso; los partidos de la coalición santista y de la izquierda decidieron aplicar una política de tierra arrasada con respecto al Centro Democrático, que representa la mitad de los electores colombianos, lo que sin duda tendrá efectos sobre el debate y aprobación de leyes que son parte de la propuesta gubernamental de Juan Manuel Santos en su nuevo período presidencial.

Sin duda alguna los principales efectos se darán en torno a leyes que deban expedirse con relación a las negociaciones de La Habana con la organización narcoterrorista Farc y las eventuales que se presentaren con el Eln, especialmente en materia de justicia transicional y participación política de esas organizaciones, que han sido el principal punto de disenso entre el gobierno y la fuerza política que lidera el expresidente Uribe.

Hay temas vitales para la seguridad nacional que se verán afectados también por esa división que hoy parece irreconciliable; la definición del alcance de la justicia penal militar y de la seguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, la composición misma de las Fuerzas y sobre la doctrina militar vigente, que si bien el gobierno afirma no se negociará en La Habana, si ha sido llevada a la palestra del debate por sectores del liberalismo y por la izquierda y la Alianza Verde que ya contemplan como un hecho un escenario de posconflicto y presentan la disminución y debilitamiento de las Fuerzas Militares como un requisito para la paz.

Pero esa mayoría absoluta tampoco es tan cierta. A la coalición santista concurre un número de senadores y representantes conservadores que no están motivados ideológica o políticamente con el programa de gobierno de Juan Manuel Santos, sino por intereses clientelistas y burocráticos, de tal manera que su fidelidad al gobierno será proporcional a la cantidad de “mermelada” que reciban; en temas de políticas sociales tampoco el presidente puede predecir una unidad monolítica con la izquierda en tanto hay diferencias abismales que no serán subsanadas por acuerdos puesteros o de manejo de algunos sectores de la administración pública, la izquierda tiene una válida aspiración de poder y es en estas áreas donde deberá jugársela a fondo.

El presidente Santos ha anunciado un giro a la llamada centro-izquierda del espectro político, más afín con el llamado socialismo del siglo XXI o bolivarianismo que con la preservación de las instituciones que configuran el actual Estado social de derecho, de tal manera que será el Congreso de la República el escenario natural de la confrontación ideológica entre las dos grandes vertientes del pensamiento político nacional reflejadas en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

No puede olvidarse que en ese evento electoral la fuerza reeleccionista que respaldó al presidente Santos, cuestionada por prácticas clientelistas y politiqueras, apenas alcanzó un poco más de la mitad de los votos necesarios, después de haber perdido las primarias por más de 500.000 votos, mientras el Centro Democrático, sin maquinarias y sin el concurso ponderado de los medios de comunicación, logró algo más del 49% del respaldo electoral, técnicamente equiparando la coalición santista; de tal manera que la política de tierra arrasada aplicada en el Congreso, constituye un absurdo y peligroso desconocimiento de la voluntad expresada por los colombianos en las urnas.

Ojalá el proceso de paz con las narcoguerrillas no implique un estado de guerra soterrado contra quienes cuestionan su metodología, la falta de respeto al DIH y el exceso de garantías judiciales y políticas para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, como se vislumbra en la persecución judicial adelantada contra quienes desde distintos escenarios han denunciado y combatido el narcoterrorismo como real amenaza a la democracia colombiana.

Esperemos que el Congreso de la República esté a la altura que el reto actual representa y no anteponga los intereses partidistas, politiqueros y clientelistas, al bien común de todos los ciudadanos y a la necesidad de construir una patria segura en torno a los principios del orden y la ley como rezan nuestras insignias nacionales. Que febriles elucubraciones como las del senador Armando Benedetti, tan cercano al presidente Santos y que ya propone cambiar el nombre de la nación al de República Bolivariana, no sean más que el efecto perverso de alguna noche de farra y no el objetivo de alguna propuesta de tercera vía.

 
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Publicado por en julio 19, 2014 en Opinión Pública

 

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