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PODERES DESBORDADOS O CONSOLIDACIÓN DE LA POLITIQUERÍA EN LO PÚBLICO

27 Jul

PODERES DESBORDADOS O CONSOLIDACIÓN DE LA POLITIQUERÍA EN LO PÚBLICOLas últimas declaraciones del Fiscal General, Eduardo Montealegre, han encendido las alarmas en diversos círculos, incluso en aquellos que abogaron por su continuidad cuando se planteó la vigencia de su período, como ocurre con la columnista María Isabel Rueda que no duda en señalar como por momentos parece estar jerárquicamente por encima incluso de la Presidencia de la República, aunque es Santos, y no Montealegre, el jefe del Estado. (RUEDA, 2014)

Es preocupante para el Estado social de derecho y el curso de la democracia que los principales poderes de control, Contraloría y Procuraduría, como la Fiscalía General de la Nación se encuentren en el ojo del huracán por cuenta de un inmenso poder burocrático que compromete su independencia frente a los poderes públicos y genera dudas sobre la transparencia de su accionar en el cumplimiento de su función constitucional.

Indiscutiblemente hay un problema estructural que proviene de la misma Constitución Política, la forma en que estos funcionarios son elegidos y la consiguiente cadena de favores que tienen quienes los eligen y el “puestismo” burocrático que le sigue, como acertadamente lo sintetiza Mauricio Cabrera al señalar: La Constitución del 91 generalizó y cambió radicalmente el sistema de ternas para la elección de altos funcionarios públicos. Antes solo se usaba para el Procurador y los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado; en todos los casos la terna era presentada por el Presidente de la República y la elección la hacía el Congreso. En el plebiscito de 1957 se estableció la cooptación en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y en el 91 se empeoró el sistema, pues se dio al Consejo Superior de la Judicatura el poder de confeccionar las listas de candidatos, lo que ha dado pie al ‘carrusel’ de ‘nómbrame que yo te nombraré’. (CABRERA GALVIS, 2014 )

La gota que rebosa la copa ha sido la perentoria orden pública del Fiscal Montealegre al Presidente para que cambie al Ministro de Justicia y la advertencia de que la reforma de la justicia no la dirigirá el Presidente con el ministro del ramo, sino el propio Montealegre. Ya esto configura un desborde del poder del Fiscal que es inadmisible desde todo punto de vista y que requiere una urgente acción de la Comisión de Acusación de la Cámara frente al obvio abuso de sus funciones.

Ya en el reciente pasado el mismo Fiscal ha generado polémicas que enturbian en proceso de La Habana, pues mientras el Presidente y los negociadores hablan de que no habrá impunidad, ni desconocimiento de las víctimas, Eduardo Montealegre no tiene empacho para contradecirlos y afirmar que el Estado no tiene la capacidad para responderle a todas ellas y que los autores de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad no irán a prisión y que son sujetos de todos los derechos políticos y civiles de que gozan los ciudadanos que han observado la ley.

Pero por su fuera poco, el Fiscal ha utilizado su poder para frenar las investigaciones de la Contraloría con relación a Saludcoop y el millonario desfalco a la salud de los colombianos; él fue asesor jurídico de esa EPS y aún no está del todo claro cómo es que percibió honorarios por ese concepto aún después de ser electo para el cargo público, la explicación de que todo obedeció a un error en la digitación contable no es de recibo en sana lógica. El caso penal por ese desfalco no avanza y corre rápidamente a la prescripción, mientras por diversas artimañas la recuperación de los dineros de la salud de los afiliados se diluye y con ella el castigo a sus autores.

Nada parece detener a este funcionario revestido ahora de una prepotencia y soberbia que lo llevan a desconocer el ordenamiento legal que debería preocuparle. En su guerra personal contra el Procurador, quien como garante de los derechos y garantías de los ciudadanos ha expresado sus puntos de vista sobre el proceso de La Habana, el Fiscal no ha dudado en interferir para lograr la destitución de Ordoñez. No sólo cuando cuestionó públicamente la acción legítima de la Procuraduría como ente disciplinario en el caso Petro, sino ahora inmiscuyéndose en las decisiones del Consejo de Estado.

El Fiscal presionó al Magistrado Yepes para que en menos de un mes cambiara su visión jurídica sobre las demandas interpuestas contra el Procurador y elaborara una ponencia que permitía imponer unos límites a su reelección con el peregrino argumento de que no estaba prohibida en la Constitución, pero tampoco estaba permitida, ignorando inmediatos antecedentes como son los de Edgardo Maya reelegido para el mismo cargo. De ahí la pregunta sin respuesta que le formulara la periodista de RCN Radio Yolanda Ruíz sobre si “¿Es verdad que usted se reunió con el magistrado Yepes, ponente del caso del Procurador, unos diez días antes de que él cambiara su ponencia para pedir la salida del Procurador?”.

Es indudable que al Fiscal Montealegre lo seduce el poder y seguramente sus aspiraciones políticas son altísimas, por ello quiere dejar sentadas las bases de lo que sería su imperio para la “etapa posconflicto”, no sólo ha querido apropiarse del manejo exclusivo de las labores de inteligencia y contrainteligencia propias de las Fuerzas Militares, sino apurar y encabezar  la reestructuración de la Fiscalía, convirtiéndola en un poderosísimo ente burocrático basado en un aumento exponencial de burocracia con 3.248 puestos nuevos para repartir por ahí y expandir su poder (¿cuántos terminarán entre la Rama Judicial y el Congreso?), hasta completar una planta global de 28.836 empleos; con una universidad propia –existiendo tantas donde actualmente se pueden especializar los fiscales–; y creando la extraña figura de unos fiscales-embajadores con rango diplomático, que la Fiscalía enviará a importantes ciudades del mundo dizque para la coordinación internacional de pruebas. La reforma le imprimió a la Fiscalía un perfil político que la volvió más poderosa de lo razonable en un sistema de pesos y contrapesos (RUEDA. Et.al.)

No puede olvidarse que con la dirección personal de Montealegre la Fiscalía ha incurrido en los peores chascos de su historia: Los casos de Sigifredo López y Luis Colmenares han dejado en evidencia la utilización de cualquier recurso para cobrar notoriedad mediática, recursos como los falsos testigos que en estos eventos no tuvieron los alcances buscados por la reacción política y social, pero que en el caso de los soldados y policías le dan réditos como se apreció en el caso del señor Coronel (r) Plazas Vega condenado por la manipulación de pruebas efectuada desde la misma Fiscalía.

Aquí es donde cobra especial preocupación la información del señor General (r) Jaime Rey quien dio a conocer de cómo las Farc se placen de tener al Fiscal en su nómina, sin señalar directamente a Montealegre, pero que alarman cuando se observa el papel que juega este funcionario al definir los alcances del llamado marco jurídico para la paz y su actitud drástica frente a los militares y laxa y condescendiente frente a los narcoterroristas.

 
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Publicado por en julio 27, 2014 en Opinión Pública

 

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