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TRAS DE LADRONES BUFONES

02 Ago

TRAS DE LADRONES BUFONESAlentados por el posicionamiento político alcanzado gracias al proceso de La Habana, los narcoterroristas de las Farc alternan el atentado con la amenaza abusando de la paciencia de los colombianos y la ingenuidad de unos negociadores que parecen no vislumbrar el alcance de los objetivos de la organización armada ilegal que aprovecha al máximo el principio de la “combinación de las formas de lucha” para consolidarse como amenaza al Estado social de derecho.

Ahora, no sólo reconocen sus acciones terroristas como logros militares, como la realizada en Miranda, Cauca, que cobró la vida de una inocente niña de 2 años y dejó heridos a sus hermanitos y a su madre, sino que cínicamente pretenden culpar al Ejército por la acción, porque supuestamente tiene una base militar cerca de la vivienda atacada con tatucos y cilindros bomba. (ANNCOL-FARC, 2014)

Nada más alejado a la realidad, cerca de la humilde vivienda no hay instalaciones militares, ni la vivienda se encontraba en el casco urbano, y nada justifica que supuestamente esos tatucos o cilindros-bomba, armas no convencionales prohibidas en el DIH, destruyan viviendas civiles y a sus moradores porque son “armas populares” sobre las que quienes las disparan no tienen control. Es más perverso seguirlas utilizando a sabiendas de los efectos colaterales que ellas pueden generar.

El Protocolo II de la Convención de Ginebra, complementado por la Convención sobre ciertas Armas Convencionales, prohíbe expresamente el uso de armas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios a los combatientes y exige perentoriamente que las partes de un conflicto que en toda circunstancia hagan distinción entre civiles y combatientes; el ataque indiscriminado con armas no convencionales como son los tatucos o cilindros-bomba o artefactos explosivos escondidos (armas-trampa), que cause daño a civiles es considerado por el DIH un delito de lesa humanidad.

En el país se ha condenado a militares que accionaron sus armas en zonas de conflicto y de inminente combate causando bajas civiles, como fue el sonado caso de Cajamarca; su intención no fue dolosa, causar la muerte de esos civiles, pero se les imputó grave culpa al no agotar todas las medidas posibles para distinguir entre civiles o miembros de las organizaciones armadas ilegales al momento de hacer uso de la fuerza letal. No puede entonces predicarse una aplicación judicial distinta para quienes a conciencia y con el fin supuesto de atacar una unidad militar accionan armas no convencionales causando daños y muertes al personal civil.

La narcoguerrilla, como sus apologistas, quiere hacer un uso político de la bizarra tesis del Consejo de Estado que ha ordenado retirar de los cascos urbanos las unidades militares y de policía supuestamente para evitar que las acciones del narcoterrorismo afecten a la población civil y con ello presionar, incluso ante organismos internacionales como la CIDH (así lo ha hecho la Comisión Intereclesial Justicia y Paz del cura Javier Giraldo), dejar expeditos los campos para su ejercicio criminal. Tesis que ha sido controvertida, para el caso de las estaciones de policía, por la misma Corte Constitucional que ha señalado que la función que cumple la policía consiste principalmente en vigilar y controlar conglomerados humanos, lo cual hace indispensable que la ubicación de sus estaciones en ciudades y municipios esté diseñada estratégicamente hacia tal propósito. (Sentencia T-1206/01)

El retiro de unidades militares o policiales de los cascos urbanos es un viejo sueño de las narcoguerrillas que han buscado presionar mediante acciones terroristas que la población civil exija dicho retiro para evitar “daños colaterales”, por eso ahora anuncian que movilizaran a los indígenas para exigir el retiro de las Fuerzas Militares del Cauca. Las Farc han querido vincular la existencia de esas unidades militares y policiales a lo que denominan “militarización de la sociedad civil” En Colombia hay una lucha de clases, que no se va a definir en la mesa de diálogos. Es una apertura de espacios, donde el pueblo tiene que meter mucha voluntad y participación. El asunto de la militarización del estado y de la sociedad son aspectos que hay que solucionar, no solamente a través de promesas, deben comenzar las transformaciones y democratización de la vida nacional.

De tal manera que la justificación que las Farc pretenden dar al asesinato de la niña de 2 años en Miranda, Cauca, este pasado miércoles no es más que otra bofetada a la buena voluntad del pueblo colombiano que busca la paz. No puede admitirse tal desenfado del terrorismo cuando en los últimos diez días han tomado como objetivo la niñez colombiana; el pasado 26 de julio esta narcoguerrilla asesinó en Arauca a una niña de 3 años, hija de un policía, que junto a su madre le llevaban el alimento al patrullero; utilizaron una granada para asegurarse de alcanzar su criminal objetivo.

Organismos internacionales como Amnistía International, han condenado reiteradamente a esa narcoguerrilla por su ensañamiento con la niñez y que se expresa en secuestros con fines económicos o para utilizar niñas y niños como objetos sexuales o instrumentos de guerra como ha sido evidenciado en miles de casos. Las Farc tienen como práctica el suplir las bajas o desmovilizaciones de sus frentes obligando a menores de edad a incorporarse a la organización delincuencial, conducta prohibida por el DIH y especialmente por el Estatuto de Roma que ya ha producido sentencias condenatorias por esa práctica inhumana como es el caso del ex líder rebelde congoleño Thomas Lubanga (IDEAMÉRICA, 2012)

Frente a esta burla sistemática del DIH y de la confianza de los colombianos, es urgente que el gobierno nacional suspenda los diálogos de La Habana hasta que esa narcoguerrilla se comprometa ante el mundo a suspender sus acciones terroristas contra la población civil y especialmente contra los niños y adolescentes que son su blanco desde que implementaron el llamado Plan Renacer del abatido criminal Alfonso Cano. Los diálogos se dan en medio del conflicto, eso es cierto, pero la población civil no es parte del conflicto sino víctima del mismo, especialmente de los ataques de la narcoguerrilla.

 
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Publicado por en agosto 2, 2014 en Opinión Pública

 

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