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EL MILITAR SI ES VÍCTIMA EN EL CONFLICTO

04 Ago

EL MILITAR SI ES VÍCTIMA EN EL CONFLICTOCraso error el de algunos políticos que pretenden equiparar al militar o al policía con el terrorista. Los primeros están cumpliendo un mandato constitucional, la defensa de las instituciones democráticas y la garantía de la convivencia pacífica, los segundos optaron por ponerse fuera de la ley para imponer mediante las armas una concepción de estado o para ejercer una actividad delictual. Desde ningún punto de vista ético o jurídico pueden igualarse sus condiciones frente a la ley.

En el caso del conflicto colombiano los militares y policías que se encuentran en las condiciones establecidas en el art. 3 común a los Convenios de Ginebra o en el art. 4 del Protocolo II Adicional adquieren la condición de personas protegidas por el derecho internacional y en consecuencia víctimas de los delitos contra esa normatividad; eso es algo que ni el marco jurídico para la paz o las intenciones políticas que se conjugan en la negociación de La Habana pueden desconocer.

Y nos referimos especialmente a los militares o policiales secuestrados, heridos o asesinados en circunstancias distintas a las del combate con los grupos armados ilegales, esto es, víctimas de emboscadas cuando no se encontraban en servicio como se cuentan por centenares los colombianos bajados de un bus de servicio público o victimizados cuando se encontraban en descanso o en vacaciones. Así mismo a los militares y policías que después de agotadas sus posibilidades de defensa se ven obligados a deponer las armas o haber sido puestos fuera de combate por enfermedad, herida o retención, como abundan los casos en las tomas narcoguerrilleras a Patascoy, Las Delicias, Miraflores, Mitú y otras sucedidas en el curso de la historia sangrienta de las acciones narcoterroristas.

Las Leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012 definieron así mismo que militares, policías y sus respectivas familias debían ser consideradas víctimas dentro del conflicto que vive el país, por lo tanto el alcance de las normas no puede ser limitado o cercenado para satisfacer los apetitos de vindicta contra la institución castrense o policial de la izquierda y de las organizaciones narcoterroristas al pretender que su condición de “combatientes” los priva de esos derechos fundamentales o al querer que se equiparen a los terroristas en una negación del principio universal de que del delito no surgen derechos.

En ese sentido resultan vulgares y ofensivas las expresiones del Senador Roy Barreras en un programa de televisión (Red+Noticias, 4 ago.2014), cuando con desenfado dice que en este proceso no caben todas las víctimas y que los militares y policías pueden esperarse a una quinta fase del mismo para expresarse. ¿Acaso este congresista y los que comparten sus atrabiliarias ideas, esperaron a una quinta fase de la guerra para pedirle a los soldados y policías que concurrieran en su auxilio cuando parecía que las Farc, el Eln y las Bacrim se tomarían el poder y nuestra nación había sido calificada como país inviable por la comunidad internacional?

No caben tampoco las “novísimas” interpretaciones del derecho penal a que es tan afecto el Fiscal General para excluir o postergar los derechos de las familias de militares y policías que perdieron a sus padres, hijos, hermanos, esposos, por obra de la acción criminal del narcoterrorismo y hay que citar el caso de quienes murieron en cautiverio y no han tenido ni siquiera el derecho mínimo a darle cristiana sepultura a sus seres queridos; hay 946 soldados y policías secuestrados-desaparecidos por las Farc, hecho documentado suficientemente ante la Fiscalía y el Estado, ¿El derecho a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos debe esperarse hasta quién sabe cuándo para que los señores de las Farc no se molesten en La Habana?

Si el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 comprende a militares y policías y sus respectivas familias como víctimas, parte integral del llamado marco jurídico para la paz que rodea el proceso de La Habana, entonces hoy habría que excluirlos para satisfacer a las Farc y sus apologistas, lo que querría decir ni más ni menos que serían estos los que podrían en definitiva determinar quiénes son sus víctimas y quienes no y por esa vía terminar culpando solamente al Estado por el conflicto que iniciara el PCC con la creación de las autodefensas campesinas que después devinieron en Farc y Eln (1964).

Si el gobierno nacional y la sociedad colombiana aceptaran el exabrupto que proponen las Farc y sus apologistas, estarían dando hoy una injusta bofetada a la dignidad de los soldados y policías que por estos 50 años han ofrendado su vida y su integridad en defensa de esa sociedad y de las instituciones democráticas que sustentan el Estado social de derecho y en lugar de lograr la reconciliación buscada estarían abriendo nuevas heridas para mantener la espiral de violencias que han sacudido a la nación desde sus primeros albores.

 
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Publicado por en agosto 4, 2014 en Opinión Pública

 

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