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UNA NUEVA TRABA A LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

07 Ago

UNA NUEVA TRABA A LA VOZ DE LAS VÍCTIMASEn una noticia que pasa casi desapercibida, los voceros de las Farc en La Habana apuran al gobierno colombiano a presentar la lista de la primera tanda de víctimas que acudirán a la mesa de negociaciones a expresar sus reclamos, presencia que debe hacerse este 16 de agosto, dado que las Farc deben dar su beneplácito a quienes puedan asistir en tal calidad.

Resulta casi insultante la pretensión de las víctimas y tiene explicación en el siguiente hecho: Los foros convocados por la ONU y la Universidad Nacional privilegian a víctimas de otros actores armados, como los paramilitares y agentes del Estado, en una proporción del 70%, mientras las víctimas de las Farc apenas representarían un 30% de los “admitidos”; el gobierno y los organizadores de estos eventos han aceptado la exigencia de las Farc de excluir a militares y policías, y sus familias, como víctimas del conflicto como lo señalan las Leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, con el argumento falaz de que en una quinta fase del proceso tal vez podrían participar como dijo el senador Roy Barreras.

La proporción porcentual de la representación de las víctimas en La Habana tiene un objetivo claro: mostrar que las Farc no causaron tantas víctimas como se dice y que la culpa del conflicto es exclusiva del Estado y sus agentes, o de la sociedad colombiana como dijera Juan Manuel Santos al advertir que debe prepararse para pedir perdón. Es un exabrupto que sean las Farc y sus agentes políticos, que fueron los iniciadores de la violencia, sean quienes terminen determinando quiénes son víctimas y quiénes son los victimarios, mientras los otros actores de la violencia no tienen asiento allí para aceptarlo o para controvertirlo.

Pero si la ignominia fuera corta hasta allí, el presidente de Colombia por la vía de hecho reconoce a las narcoguerrillas la calidad jurídica de “combatientes”, igualando a soldados y policías que cumplen una función constitucional con quienes el derecho internacional califica como organizaciones terroristas no sujetas a esa calidad. El derecho internacional humanitario ha definido de manera reiterada que los miembros de las fuerzas armadas de un Estado que participa en un conflicto armado y los miembros de las milicias asociadas que reúnen las condiciones establecidas son combatientes, no así las organizaciones terroristas por más que éstas reúnan ciertas características de organización jerárquica.

En el caso de los conflictos armados no internacionales, no existe el estatuto de combatiente. Los estatutos de prisionero de guerra o de persona civil protegida, estipulados en los Convenios III y IV, respectivamente, no son aplicables. Los miembros de grupos armados organizados no tienen derecho a un estatuto especial con arreglo al derecho que rige los conflictos armados no internacionales, y pueden ser sometidos a juicio conforme al derecho penal interno si han participado en las hostilidades. No obstante, el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales, reflejado en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra en sus partes pertinentes, y el derecho internacional humanitario consuetudinario, así como el derecho nacional e internacional de los derechos humanos, establecen los derechos de los detenidos en relación al trato, las condiciones de detención y el debido procedimiento legal, que es donde actuaría la justicia transicional con un mínimo de pena privativa de la libertad y la promesa real de no repetición para los responsables de delitos de lesa humanidad.

No puede entonces el gobierno y sus voceros seguir recurriendo al maniqueísmo de que la justicia no puede ser obstáculo para la paz para camuflar la violación de las disposiciones del derecho internacional e interno en el afán mediático de llegar a unos acuerdos de cese del conflicto, que no de paz, con las organizaciones narcoterroristas. Ahí no se están haciendo definiciones jurídicas sino políticas y de conveniencia de un sector de la sociedad, no de toda la sociedad.

El gobierno colombiano debe replantear, en aras de la equidad y la justicia, la política de descalificar y desconocer a las víctimas de las Farc y sus voceros tildándolos de neonazis, guerreristas o enemigos de la paz, como lo impuso la narcoguerrilla y sus aparatos políticos. Si en verdad el tema de las víctimas es la columna vertebral del proceso como dijo Humberto De la Calle, tanta representatividad y legitimidad tienen las organizaciones de víctimas de los terroristas como la que se reconoce oficiosamente a aparatos como el Movice, el Colectivo Alvear Restrepo y otras ONG afines ideológicamente a las Farc.

El presidente no puede seguir dejándose lleva de ese apasionamiento que lo lleva a considerar enemigo a quien ose cuestionar su proyecto político apaciguacionista, porque estaría mutando los principios del Estado social de derecho por los del Estado anunciado por las Farc en su Plataforma Política para la Nueva Colombia, otorgándoles como victoria política y jurídica algo que jamás pudieron alcanzar en más de 50 años de brutal agresión al pueblo colombiano, que terminaría siendo como ya lo anuncia, el responsable de la violencia.

 
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Publicado por en agosto 7, 2014 en Opinión Pública

 

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