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RECHAZAR LA VIOLENCIA NO ES LEGITIMAR A SUS ACTORES

10 Ago

RECHAZAR LA VIOLENCIA NO ES LEGITIMAR A SUS ACTORESParafraseando a Luis Pérez Gutiérrez hoy hay que decir que el país comprende que ya no hay dolor para tanto sufrimiento, ni hay más sangre para en entregarle a la violencia. De mil maneras los colombianos han rechazado masivamente la violencia como instrumento político y como amenaza a la sociedad que conforma el Estado social de derecho. Desde la marcha mundial contra las Farc el 4 de febrero de 2008, calificada como la mayor movilización de ciudadanos de todo el planeta contra una organización narcoterrorista, hasta las últimas expresiones locales en repudio de los asesinatos de niños cometidos por esa organización armada ilegal la semana pasada.

Hace muchos años que la sociedad colombiana ha expresado su rechazo a la criminalidad de las Farc, el Eln y otras organizaciones terroristas del mismo cuño ideológico que sembraron y siembran sin razón ese dolor y ese sufrimiento. Por eso, esa misma sociedad, aunque hoy se quiera decir lo contrario y focalizar las culpas, apoyo el surgimiento de las llamadas autodefensas ilegales como una forma de responder a las acciones criminales y la poca actividad del Estado para neutralizarlas y erradicarlas, limitadas casi que exclusivamente a la respuesta militar.

Después del Plan Lazo de comienzos de los años 60, que significara la primera gran derrota militar para el partido comunista y sus autodefensas campesinas –que dieron origen a las Farc (1964)-, suspendido en pleno desarrollo por celos políticos de algunos asesores del entonces presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), hubo un interregno de casi 40 años en el que no se integró el triunvirato Gobierno-Pueblo-Fuerzas Armadas para diseñar una estrategia exitosa contra la amenaza en principio insurgente y luego mutada a narcoterrorista. Sería hasta el 2003 con la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), que se propiciaría la segunda gran derrota militar a las Farc, al partido comunista y otras expresiones de amenaza a la existencia de la nación y sus instituciones democráticas.

Las políticas de paz de los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), quien fuera el primero en plantear la necesidad de iniciar un proceso de paz y de ejecutar una reforma política que facilitara la realización de diálogos con las guerrillas y demás grupos ilegales con el fin de llegar a la solución negociada del conflicto armado y a la consecución de la tan anhelada paz y que instituyera las famosas palomitas como amuleto de la paz; de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), que legitimó el intercambio de terroristas condenados a penas de prisión por militares y policías secuestrados (Cartagena del Chairá 1997) y el fallido proceso del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), solo sirvieron para incrementar la prepotencia de las narcoguerrillas, en tanto aprovechaban cada ciclo para rearmarse y reorganizarse, y llevarlas al convencimiento de que habían pasado ya a una segunda fase de la guerra popular y tenían la capacidad militar y política para sostener una guerra de posiciones que amenazara directamente el centro de gravedad estratégica de la república de Colombia.

En efecto, desde los años 80, especialmente las Farc vinculadas de manera progresiva al narcotráfico, habían logrado una acumulación de fuerza y un aparente control territorial (otorgado por el mismo Estado entre 1998 y el 2002), que para muchos analistas internacionales Colombia era el ejemplo patético de una república fallida, de un país inviable; incluso se vaticinaba la ruptura de su unidad territorial y el surgimiento de al menos dos naciones distintas: una controlada por el caduco sistema democrático y aislada en la zona andina y otra más grande en las demás regiones bajo el poder de la narcoguerrilla.

Quizá los colombianos menores de 30 años, los que han vivido desde la imposición de la Constitución del 91, no conocieron o no recuerdan aquella época en que la capital colombiana estuvo prácticamente sitiada por las estructuras criminales de las Farc por todos sus costados; los veraneaderos de tierra caliente eran el centro de actividad de las milicias, planeando secuestros de personalidades políticas, económicas o sociales. Lo mismo sucedía en las regiones del Guavio y Sumapaz; en la ciudad actuaban a diario las llamadas milicias “Antonio Nariño” que sumaban sus acciones a las del narcotraficante Pablo Escobar y Rodríguez Gacha.

Para entonces el PCC y otras agrupaciones de izquierda, nacionales e internacionales, prácticamente celebraban otro 8 de enero en algún momento; Tirofijo y sus bandidos entrarían a Bogotá triunfales como lo había hecho Fidel Castro en La Habana en 1959.

Ninguna otra guerrilla en el continente había alcanzado tal logro, la toma del poder por la vía de las armas; los sandinistas en Nicaragua habían alcanzado su triunfo electoralmente después del proceso de paz en esa nación (1996), como sucedería con los montoneros de Uruguay (2009) o los terroristas brasileros con Dilma Rouseff (2011), el populismo socialista de Rafael Correa en Ecuador (2006), el representante de los cocaleros Evo Morales en Bolivia (2005), o la izquierda radical del peronismo en Argentina con el clan Kirchner, que representaba el ala terrorista de los 60 y 70 (2003). Pero eso es capítulo aparte y se refiere al plan del comunismo latinoamericano para garantizar su supervivencia después de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la URSS (1989), que promovido por Cuba y la izquierda brasilera optaría por la estrategia conocida como el Foro de Sao Paulo.

El caso venezolano en cambio sí es incidente en la prolongación del conflicto colombiano; el triunfo electoral de un general golpista Hugo Rafael Chávez Frías (1999), permitió a las narcoguerrillas colombianas encontrar un aliado de vieja data en Venezuela; no solo contribuyeron económicamente a su campaña inicialmente, sino que posteriormente a su elección le enviaron cuadros y militantes para organizar en ese país las llamadas milicias bolivarianas y otras formas de control social y político dirigidas por los asesores cubanos que aún medran en el hermano país. Tanto fue el compromiso de Chávez con las que cuando alias ‘Raúl Reyes’ cayó muerto el primero de marzo de 2008, tras un bombardeo en territorio ecuatoriano, Chávez calificó el hecho como un “cobarde asesinato”, retiró a su embajador en Colombia, movilizó tanques de guerra a la frontera y guardó un minuto de silencio durante su programa de televisión Aló, presidente.

En el caso ecuatoriano, la colaboración de miembros del ejecutivo y otros poderes del gobierno Correa fue denunciado por Colombia oportunamente, pero jamás ese gobierno tomó una reacción proactiva ante las denuncias y permitió el establecimiento de “campamentos internacionales” dirigidos por el bandido Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el segundo al mando de las Farc después de Tirofijo, que justificaron el asalto y su baja en la Operación Fénix de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia el 2 de marzo de 2008. Colombia reconocería después en una actitud no explicada, indemnizar al Ecuador por la muerte de un nacional de ese país que hacía parte del entonces llamado Comité Continental Bolivariano de apoyo a las narcoguerrillas del que devino el hoy llamado Movimiento Continental Bolivariano MCB, del que no solamente hacen parte los terroristas colombianos sino sus pares latinoamericanos y del Caribe, con vigencia y domicilio en Caracas.

Venezuela después de la elección de Chávez ha sido principal proveedora logística de las narcoguerrillas. En correos electrónicos sistemáticamente desechados por el poder judicial colombiano y la fiscalía, fechados desde el 2008, ‘Iván Márquez’ informó sobre la oferta de 300 millones de dólares del presidente Hugo Chávez a las Farc para que revitalizaran su ‘plan estratégico’ –el llamado Plan Renacer de Alfonso Cano-.

Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ –hoy cabeza de los negociadores de las Farc-,  también hablaba en los correos citados de una reunión con el ministro Ramón Rodríguez Chacín y dio algunas claves de cómo se manejaría el tema en adelante. Por ejemplo, que los 300 millones se llamarían ‘dossier’ y que “al jefe (Chávez) lo llamaremos Ángel y al ‘Cojo’, Ernesto, entonces el Canciller de ese país. (EL TEIMPO. 2013).

Otro correo explica el contrabando de gasolina, que administran las Farc y la Guardia Nacional de Venezuela; Chávez hipotecó a esa organización narcoterrorista su producido para garantizar la revolución bolivariana en Colombia: Dentro de esos supuestos acuerdos que se revelan en los mensajes encontrados en el computador de ‘Reyes’ está el negocio ofrecido por el gobierno Chávez a las Farc. “Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibamos una cuota de petróleo para comercializarla en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad (…) Otra oferta: venta de gasolina a Colombia o en Venezuela (…) Tomando el ‘dossier’ “, dice uno de los mensajes. (ELTIEMPO, 2013)

No puede olvidarse entre otros hechos políticos el patrocinio del gobierno venezolano a campañas políticas en Colombia a movimientos y partidos de izquierda, disfrazados como contribuciones de la entonces empresa binacional Monómeros –caso Piedad Córdoba-, o mediante la participación en movimientos políticos, sindicales o comunales (misiones bolivarianas), que expresaran su afecto a la ideología que el ya dictador socialista impusiera en ese país; todas ellas probadas pero ignoradas, mediante el silencio o la declaratoria de nulidad oportunista, de manera sistemáticamente por el poder judicial colombiano.

Durante el período 1999-2010, las relaciones políticos-diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se caracterizaron por fuertes cargas de tensiones y conflictos en temas de alto grado de sensibilidad en el contexto de la post-guerra fría, para despejar esa situación y retornar a la normalidad en las relaciones, los presidentes se estrechaban las manos como signo de haber solucionado las diferencias que originaron la ruptura de las relaciones o congelamiento de las mismas; en 2010 existía una ruptura en la práctica por la probada injerencia del gobierno venezolano en los asuntos colombianos; el nuevo gobierno recurrió al sofisma de que nada había pasado para restaurar esas relaciones.

Pero si la justicia nacional, imbuida por la declaratoria de “altruismo” que el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, posterior senador y candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo –del que hace parte el PCC-, hiciera del accionar terrorista no fuera suficiente, la Organización de Estados Americanos OEA, desechó la probada denuncia internacional que Colombia hiciera ante su Consejo de Seguridad sobre la violación por parte de Venezuela de las Resoluciones de la ONU sobre el apoyo al terrorismo; denuncias al parecer retiradas por el actual gobierno colombiano una vez se posesionó para su primer mandato (2010-20414). (Fue reelegido para el período 2014-2018).

Las pruebas recaudadas sobre la realidad de la combinación de las formas de lucha para la toma del poder que el IX Congreso del Partido Comunista instituyera y lo señalado en la Plataforma Política para la Nueva Colombia de las Farc, demostrara que ideológica o políticamente la narcoguerrilla tiene una comprensión distinta de la realidad colombiana y tomara la Constitución de 1991 como referencia, lo fundamental del debate, negociación o diálogos tendría alguna validez. Las Farc tienen claro lo que buscan, nuestro gobierno sigue a la deriva de para dónde va. (https://resistencia-colombia.org/pdf/mm_heroe.pdf)

Hoy paradójicamente los gobiernos comunistas que alentaron a las Farc y Eln resultan ser los moderadores y garantes del proceso de paz que se adelanta con las Farc en Cuba y con el Eln en Ecuador, de tal manera que su influencia en los diálogos no puede concebirse a favor de los principios de la democracia occidental sino de los postulados del Foro de Sao Paulo al que ellos pertenecen; la tercera vía propuesta para Colombia deriva inevitablemente hacia el socialismo del siglo XXI que rige en los garantes y los amigos del proceso.

En el momento que el vocero del gobierno, Humberto de la Calle, llama la columna vertebral del proceso, el relacionado a las víctimas de las Farc, que es la narcoguerrilla con que se adelanta el diálogo en La Habana, se introduce un elemento ajeno al tema y se habla de un baratillo de víctimas del conflicto, en el que incluso son las Farc y sus aparatos políticos, con el patrocinio de la ONU y la izquierda de la Universidad Nacional, las que determinan qué víctimas “del conflicto” pueden hablar. El gobierno habla de que todas las víctimas tendrán su oportunidad, pero sus voceros más calificados como el congresista Roy Barreras y el mismo Fiscal General las conminan a un segundo o tercer plano, el senador Barreas habló de una quinta fase para que se expresaran, mientras se privilegian aparatos políticos de la narcoguerrilla como el Movice, el Colectivo Alvear Restrepo y otros que hablan de víctimas del Estado y los paramilitares.

Si la discusión de las víctimas del conflicto fuere en justicia y en equidad, tanta representación tendrían ellas como sus victimarios para que se pudiera desarrollar el verdadero principio de verdad, justicia y reparación al que hace alusión el marco jurídico para la paz. Pero es imposible imaginar si quiera un escenario en La Habana, diseñado por las Farc, para hablar de otros actores de la guerra que no tienen ninguna representación, ni voz, voto o siquiera presentación distinta a las que las narcoguerrillas hagan de ellos.

Ni siquiera el mismo estado tiene representación real frente a las víctimas que se le achacan; el ejército y la policía han sido impuestos como tema vedado para hablar sobre ello. Las Farc, que se reclaman víctimas, han sido perentorias en rechazar no sólo a los militares y policías, y sus familias, como víctimas de violaciones al DIH, como lo hacen frente a los secuestrados económicos que hayan pagado rescates, sino que al parecer esto ya ha sido aceptado por el gobierno en el diseño de la representación de estas.

Aquí no es dónde como ciudadano no se pueda entender que en la comisión gubernamental siga asentado el señor General (r) Jorge Enrique Mora Rangel, eficiente ejecutor de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en cuyo honor y frente a los éxitos obtenidos hayan sido sus soldados los que denominara las operaciones el sur oriente colombiano como JMR para glorificarlas. Sobre todo cuando los supuestos garantes, el señor delegado de la ONU, señala abiertamente que los terroristas merecen igual trato que el ejército; es decir y no hay duda, que el servicio público consagrado en los arts. 216 y subsiguientes de la Constitución es equiparable entonces a quienes optaron por violar la Constitución y la Ley desde el IX Congreso del Partido Comunista (1961).

Si esta situación se consolida en algún acuerdo, no puede caberle duda al país de que surgirá una situación de violencia aún mayor, la tal paz no existirá. Muchos de quienes han sacrificado sus vidas y su integridad al servicio de la patria, no podrán resistir de la manera alegre que piensa el gobierno una transición a que ellos se declaren culpables de la violencia mientras sus verdaderos autores son objeto del reconocimiento como actores políticos privilegiados. El gobierno juega con candela en esta apuesta del póker nacional.

 
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Publicado por en agosto 10, 2014 en Opinión Pública

 

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