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NO FUE LA ESTRATEGIA ANTINARCÓTICOS LA QUE FRACASÓ

17 Ago

NO FUE LA ESTRATEGIA ANTINARCÓTICOS LA QUE FRACASÓResulta inadmisible que, a 25 años del asesinato del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento y de tantos colombianos valiosos a manos del poder corruptor del narcotráfico, el planteamiento en boga sea el del fracaso de las estrategias antinarcóticos, pero más inadmisible que sean voceros de gobiernos que se distinguieron por narcoescándalos los que lo promuevan: Cesar Gaviria (1990-1994) y su “Catedral”, y Ernesto Samper Pizano (1994-1998), con la financiación de su campaña por el Cartel de Cali, ahora hombres fuertes en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Resulta inaceptable también que más de 40 años de sacrificio de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra el narcotráfico sean desechadas hoy alegremente para justificar la corrupción y la desidia de otros poderes públicos y de la clase política, que permitieron la permeabilización del poder narcotraficante en sus estructuras para asegurar el poder económico y político; cuando Pablo Escobar fue elegido representante a la Cámara el Partido Liberal conocía bien su procedencia y así en todos y cada uno de los casos donde narcotraficantes o sus esbirros se tomaron el Legislativo, el Judicial y fueron domeñando el sector financiero, el de la construcción, el transporte, etc. Hoy nadie puede manifestar sorpresa porque en su momento eso fue un secreto a voces.

Desde sus comienzos en los años 70, cuando la coca llegaba al país como fruto del desplazamiento en Perú y Bolivia por el exitoso plan de combate a los narcocultivos, las autoridades militares y de policía advirtieron del peligro que se cernía, pero esas advertencias fueron desechadas sin razón por distintos gobiernos y por los mismos medios. El narcotráfico no era un tema de interés en Colombia o en el mundo, así lo relatan crónicas que describen como los narcos transitaban libremente a través de las fronteras. “A principios de los 70, Griselda llevaba la droga en sus maletas y se iba en vuelos comerciales. En esa época, los controles en Miami no existían. El kilo se vendía en 40.000 dólares y ella le sacaba el mismo provecho, a pesar de que la mezclaba con lactosa”, dice alguien que la conoció desde sus inicios. (ELESPECTADOR, 2012)

Para esta época aparece un numeroso grupo de personas que de pronto tienen una inmensa capacidad adquisitiva y se instalan en lo que eran los feudos exclusivos de la tradicional sociedad urbana; la “clase emergente” es el apelativo que el gobierno López Michelsen (1974-1978), les da y que peyorativamente es utilizado por la alta sociedad y los medios, para referirse a los “provincianos” que llegan “tapaos en plata” a comprar inmuebles y a romper el silencio tradicional con equipos de sonido de última tecnología, que exhiben ropajes y joyería exclusivas en toda ocasión, que circulaban en vehículos último modelo; los que consigo traen la apertura de toda suerte de negocios, especialmente de diversión, de la crítica envidiosa pronto se pasa a la admiración y la aceptación social, se convierten en prototipo de “hombres exitosos” y contar con su amistad se vuelve requisito para políticos, empresarios y hombres del común.

La historia de cómo esta mafia narcotraficante se impone al poder judicial es bien conocida; los funcionarios judiciales que quisieron ponerle coto a esa perversión de la sociedad fueron amenazados y son numeroso los mártires de la justicia que cayeron asesinados, el poder judicial fue cooptado por los narcos pero ni eso conmovía a la sociedad colombiana, es más el imaginario colectivo los justificó diciendo que perseguirlos judicialmente era una acción represiva del Estado y las clases dominantes contra los hombres de negocio que surgían del pueblo; basta con recordar lo acaecido en torno al Banco de los Trabajadores, del cartel de Cali, para la galería su cierre era un acto represivo de la “oligarquía financiera”.

La clase política, con muy contadas excepciones, cayó rendida al poder económico del narcotráfico, no sólo sería la campaña de Ernesto Samper Pizano la que se beneficiaria de los dólares de los carteles, ya desde los 80 la crónica recoge testimonios del pago de avionetas para que los candidatos presidenciales ampliaran sus recorridos, que terminaban en fastuosas fiestas con trago y comida en abundancia para obtener el favor de los electores; los barones de la droga se hicieron fuertes en los departamentos y con el aval de los partidos creaban movimientos políticos para llevar a sus hombres a los órganos de elección popular; desde entonces se instituyó en el país la compra de votos como requisito para el ejercicio político. No sin razón se hablaba de la narcodemocracia.

Mientras Colombia producía leyes y suscribía acuerdos para la lucha internacional contra el narcotráfico, en el país no había voluntad política real para combatirlo. El ingreso de las guerrillas comunistas al negocio del narcotráfico, desde el cobro del gramaje de finales de los 70  hasta convertirse hoy en el cartel más poderoso del mundo, le dio a este abominable negocio el tinte de “lucha de clases” para justificarlo frente al abandono estatal al campesino. Comunidades campesinas, negras e indígenas, fueron esclavizadas por las ahora narcoguerrillas que obtuvieron en este ilícito la fuente más propicia para sus incalculables ingresos, lo que les permitió sobrevivir a la caída mundial del llamado socialismo real que antes las financiaba y dotaba.

En el plano militar y policial la lucha frontal contra el narcotráfico ha arrojado exitosos resultados en cultivos ilícitos y laboratorios destruidos, en la captura de delincuentes y la incautación de bienes, de insumos, armamentos y recursos logísticos; pero ese esfuerzo se va a pique cuando jueces corruptos o laxos dejan en libertad a los capturados acudiendo a tecnicismos jurídicos, permiten la preclusión de procesos o conceden infinitos beneficios judiciales a quienes reciben condenas. Tal es la degradación que hay casos de jueces que ordenaron la libertad de los detenidos y la devolución de narcóticos y armas, señalando errores en la captura o falta de facultad de policía judicial de quienes la realizaron.

Hoy puede decirse que no fue la estrategia antinarcóticos la que fracasó, fueron las personas encargadas de consolidarla las que lo hicieron y no por falta de recursos legales. La corrupción permitió que desde algunas oficinas gubernamentales los golpes a los narcotraficantes fueran asumidos por las organizaciones criminales que cambiaban de tácticas ante la disolución de los carteles para mantener vivo el ilícito negocio.

De ahí la prevención y los avisos oportunos de que las negociaciones de La Habana terminen sirviendo para legitimar el mayoritario compromiso de las Farc con el narcotráfico, incluido el lavado de los activos adquiridos en estos años de “combinación de las formas de delito”, recurriendo al argumento de explorar nuevos mecanismos y estrategias en la lucha legal contra ese flagelo.

 
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Publicado por en agosto 17, 2014 en Opinión Pública

 

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