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FARC NADA POR PERDER, TODO PARA GANAR

21 Ago

FARC  NADA POR PERDER, TODO PARA GANARLa actitud arrogante de las narcoguerrillas Farc en La Habana y el silencio prudente de los voceros gubernamentales sobre los puntos tratados en la negociación que se adelanta en la capital cubana, son el mejor alimento para la desconfianza y poca credibilidad en el buen éxito de dicho proceso que manifiestan los colombianos; un 70% de los encuestados en diferentes opinómetros así lo manifiestan.

Mientras las Farc y los partidos políticos de izquierda, como la socialdemocracia liberal, han sido juiciosos y mantienen una identidad de objetivos al socializar el proceso que se adelanta en Cuba, la sociedad colombiana representada por su clase política y por los poderes públicos se encuentra profundamente dividida en torno a conceptos sobre la mecánica de la negociación, la negativa gubernamental a exigir a la narcoguerrilla un mínimo de respeto a las normas del D.I.H. y de los DD.HH y las contradicciones que sobre temas como el llamado marco jurídico para la paz expresadas por altos funcionarios del Estado (una cosa plantean Ejecutivo y Legislativo y otra muy diferente la que públicamente expresa el Fiscal General de la Nación).

El proceso de la paz ha sufrido una errada politización al dejar que se convirtiera en una bandera exclusiva de quienes acompañan la llamada unidad nacional de gobierno y excluyendo y satanizando a quienes han asumido posiciones críticas frente al mismo. Hasta el punto que hoy se amenaza con judicializar la crítica o el disenso en torno a lo que plantea o presenta el gobierno con referencia a los diálogos y su mecánica. Este error había sido advertido desde el mismo comienzo del proceso y posteriormente cuando fue involucrado en las campañas electorales; dejó de ser una razón de estado para convertirse en un argumento de debate político que no concita el apoyo unanimista que reclama el presidente y sus voceros.

Las dudas y reservas frente a los mecanismos de socialización de los temas a tratar en la mesa de negociaciones tuvieron su clímax en los foros convocados para tratar el asunto de las víctimas; la imposición de una mezcla de víctimas de todos los actores del conflicto, incluyendo al mismo Estado y sus agentes, sin duda excluye a las víctimas de las Farc en tanto se atiende una proporcionalidad ilógica para elegir a los voceros que asistirán a La Habana; así al final resulta que las víctimas de la narcoguerrilla, que es con la que se está negociando, por carencia o por exclusión de los organismos que las representan, serán una minoría lo que políticamente será presentado como un atenuante a favor del narcoterrorismo como ya lo anuncia Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, a los medios (Cablenoticias. Agosto 20 de 2014).

Frente a este asunto los voceros del narcoterrorismo ya sin empacho manifiestan que con relación al universo de víctimas ellos han causado las menos y si eso se acompaña con el aderezo mediático de mostrar víctimas sonrientes dispuestas al abrazo de perdón incondicional con los victimarios, quienes tienen algo que decir con respecto a las Farc quedarán por siempre silenciados, revictimizados es la palabra.

La cuestión se complica aún más cuando las Farc deciden desconocer como víctimas a soldados y policías secuestrados, asesinados o heridos en circunstancias de evidente violación a las normas del DIH, argumento aceptado por el gobierno y avalado por el representante de la ONU que toma partido abiertamente por la narcoguerrilla al señalar que soldados y policías, que representan a la fuerza legítima del Estado, son lo mismo que los terroristas que optaron por la vía armada ilegal para tomarse el poder y que son responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, el gobierno opta por nombrar una comisión de militares activos para ser parte de una presunta comisión técnica que debe asesorar a los negociadores gubernamentales en la discusión de la desmovilización y dejación de armas por parte de los terroristas, esto es ponerlo al mismo nivel de los ilegales y aceptar la exigencia de las Farc de nombrar una comisión de militares activos que pidan perdón por las bajas producidas a esa organización al margen de la ley en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales.

Si se miran los otros puntos tratados en La Habana y conforme a los compromisos adquiridos por el gobierno según informan las Farc y sus apologistas, éstas nada han tenido que ceder, ni renunciar o arrepentirse; todo lo alcanzado es una victoria para ellas. Sobre narcotráfico no se condena la conducta que en los últimos 40 años han desarrollado para financiarse, ni se habla de disponer las fortunas acumuladas con ese negocio para reparar víctimas; lo único que se conoce es que comienza a hablarse de legitimación de la marihuana y de narcocultivos en atención a las condiciones de pobreza de los campesinos que viven de ellos, como si en estos 40 años de narcotráfico de las Farc algo hubiere cambiado para esas comunidades que por el contrario viven en condiciones de esclavitud.

Con respecto al asunto agrario, las Farc logran que se imponga una extinción de dominio administrativa de hecho y que los propietarios de la tierra sean quienes deban acreditar sus títulos cuando quienes hayan invadido predios los reclamen para sí; no hay un compromiso para que las narcoguerrillas devuelvan a sus legítimos propietarias las extensísimas hectáreas de que fueron despojados en Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia, Tolima y otros departamentos, y que ahora mantienen sus testaferros. El asunto no pasó de alguna denuncia mediática pero la justicia no opera para su recuperación y restitución.

Tanto han ganado las Farc que su cabecilla Timochenko puede afirmar sin que sea refutado que de nada se arrepienten, ni tienen por qué pedir perdón, reafirmando lo que en la instalación de la mesa de La Habana señalaran los voceros narcoterroristas. Ese proceso se asemeja más a un globo que está siendo inflado de manera forzada y que corre el riesgo de reventarse o de no conducir a ninguna parte, por la incorrecta apreciación de que es el Estado el derrotado militar y políticamente por la narcoguerrilla y no al contrario.

 
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Publicado por en agosto 21, 2014 en Opinión Pública

 

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