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EL PROCESO DE PAZ Y SEGURIDAD NACIONAL

25 Ago

EL PROCESO DE PAZ Y SEGURIDAD NACIONALTomando con beneficio de inventario las aclaraciones hechas por el gobierno nacional sobre el papel de la llamada comisión técnica militar, conformada por militares activos, como organismo asesor de los negociadores gubernamentales para el tema de la dejación de armas, desmovilización y sometimiento a la justicia de las estructuras criminales narcoterroristas, es urgente que a los ciudadanos se les precisen algunos aspectos del proceso que generan desconfianza.

Retomando lo señalado por Alejo Vargas, actual asesor del proceso, en su obra Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano (VARGAS, 2002), la seguridad nacional debe ser una política de Estado, suprapartidista en lo político, nacional en su amplitud y carácter, socialmente legítima, en el gran esfuerzo de lograr el ambiente idóneo para vivir en paz y para avanzar en el camino del desarrollo integral del país.

De allí que resulte paradójico que sean precisamente los estamentos políticos llamados a defender el modelo de Estado social de derecho vigente en la Constitución de 1991, los que han impedido que se concrete ese carácter suprapartidista y socialmente legítimo; desafortunadamente como se había advertido, el proceso de La Habana adquirió un tinte eminentemente partidista, una apropiación excluyente por parte de los sectores que conforman la coalición de gobierno, incluyendo la izquierda democrática, que descalifica y sataniza toda crítica, toda observación, toda propuesta que se haga en torno al mecanismo de negociación adoptado por el presidente Juan Manuel Santos.

La desconfianza del ciudadano del común frente al proceso se refleja en los resultados electorales que permitieron la reelección del presidente Santos, pero que no significan una unidad de la sociedad en torno al modelo de proceso; el ciudadano de hoy no es el ignorante elector que presentan los medios de comunicación y los sectores políticos interesados en ese status quo. Hoy la información se da en tiempo real y tiene múltiples canales, de tal manera que no se puede decir que es el discurso político de esto o aquel partido o movimiento el que define la legitimación social de un proceso como el que se adelanta en La Habana.

Y es que desafortunadamente los hechos de violencia por parte de las narcoguerrillas si se han incrementado con relación a años anteriores, han vuelto a aparecer los retenes ilegales, la quema de buses de transporte civil, los atentados a la infraestructura energética y vial; la combinación de las Farc y Eln con las Bacrim sobre todo en el manejo de la extorsión, el secuestro y el microtráfico agobian regiones enteras que habían vislumbrado la liberación de la esclavitud del terror; las estructuras criminales están retornando a los sitios de donde habían sido expulsadas por la acción tripartita de pueblo-gobierno-fuerzas armadas en desarrollo de una exitosa estrategia integral para derrotar la amenaza narcoterrorista.

Las promesas de iniciar cualquier negociación con las narcoguerrillas cuando abandonaran las prácticas violatorias del DIH se refundieron en el tiempo y en el último evento electoral se impuso por una escaza mayoría la tesis de que a los terroristas no se les podían poner condiciones de respeto a esas normas y a los DD.HH para no molestarlos en la mesa.

Los voceros oficiales se quedaron con el discurso de que este gobierno fue el que dio de baja a Alfonso Cano y al Mono Jojoy, pero se oculta una realidad tras ese discurso; al olvidarse la habilidad de las narcoguerrillas para acomodarse a las nuevas realidades militares, se creyó que habían sido lo suficientemente debilitadas para obligarlas a una paz negociada en condiciones de honorabilidad para ellas. Las narcoguerrillas hicieron de la crisis una oportunidad y fortalecidas políticamente, sin merecerlo, asumieron que intensificar la campaña del “Plan Renacer” presionando a la población civil, su imagen de fortaleza armada se recuperaría después de las derrotas sufridas. Al menos mediáticamente ese objetivo lo han alcanzado.

Mientras las narcoguerrillas buscan fortalecer su imagen, especialmente ahora que al mundo al parecer el DIH importa poco y basta con mirar los ejemplos de Siria, Irak, Nigeria, las acciones de Hamas, Hezbolá y los yihadistas en Palestina y en otros países donde el terrorismo islámico se entroniza, Colombia se dividía entre los “pacifistas” que proponen una paz a cualquier precio y los “guerreristas” que priorizan precisamente ese respeto mínimo al DIH y por eso no pueden aceptar una paridad artificiosa entre las legítimas Fuerzas Militares y las criminales estructuras narcoterroristas, mucho menos cuando el único aliciente dirigido a los soldados y policías es que no se preocupen, que ellos tendrán el mismo trato judicial que se dé a los terroristas, por cumplir con su deber de salvaguardar las instituciones democráticas.

Hay cosas que los altos mandos militares no pueden decir y al parecer ni siquiera cuando recuperan sus derechos políticos al retirarse de las Fuerzas so pena de ser judicializados por “traición a la patria”, como pretende ahora la Fiscalía con el señor General (r) Javier Rey, en un atropello evidente y flagrante a los derechos fundamentales de todo ciudadano colombiano, el mismo que reclaman los progresistas socialistas o los pensadores del novísimo sistema penal, como el Fiscal General, con respecto a los Julián Assange, los Bradley Manley, que filtraron información militar estratégica para los EE.UU y los países democráticos.

Lo que los militares no pueden decir se refleja en la realidad de las operaciones contra las organizaciones narcoterroristas, restricción al presupuesto de movilidad, al de salud y bienestar de los soldados y policías que pelean por la patria, que prácticamente ha inmovilizado, valga la redundancia, a nuestras Fuerzas Armadas pese a las órdenes mediáticas del presidente de continuar la ofensiva mientras se negocia.

La punta del iceberg fue la comisión militar desplazada a La Habana y los anuncios de las Farc de que al fin estaban hablando de tú a tú con sus enemigos, sin distinción de camuflados, grados o jerarquías, algo trivializado en los medios pero que tiene gran impacto sicológico entre los ciudadanos. En la rueda de prensa de los terroristas estaba alias Julián Conrado, gordo y rozagante, no el hombre que sufría una enfermedad terminal y que en un gesto humanitario el gobierno permitió ser trasladado de su exilio en Venezuela a ser parte de una comisión técnica de las Farc.

Pero lo que la clase política empeñada en este proceso a cualquier costo no mira, o no le interesa mirar, es lo que sucede detrás del escenario mediático montado; lo que causa entre las tropas y en los cuerpos de policía, la fastuosa promoción del posconflicto cuando aún se libra el conflicto. Nuestros arrieros ancestrales hablaban de ensillar antes de traer la bestia y con relación a La Habana no sólo la están ensillando sino poniéndole todo el atalaje de feria y la bestia ni tiene ganas y al parecer ni va a dejarse.

Una cosa es la que se ve detrás de los escritorios de la Casa de Nariño, el Congreso o el Ministerio de Defensa, que son las que precisamente se encargan de publicar los medios de comunicación; otra muy distinta y antagónica la que hoy viven los soldados y policías que deben asumir en el campo de batalla, realidad que no es difundida sino hasta que esos soldados y policías son masacrados impunemente porque los autores del crimen ya saben que al final del proceso terminarán absueltos.

Comencemos por una realidad burocrática, para que el lector no se espante. La escasez de papel, tinta, impresoras, etc., en cualquier unidad militar del país es sistemática; no hay presupuesto para papelería y hay que ver a soldados, suboficiales y oficiales corriendo de oficina en oficina para presentar un informe, para evitar la correría terminan sufragando de su bolsillo el mismo.

Los críticos dirán que para eso existe ahora el correo electrónico, pero ojalá se dieran un paseo por esas mismas unidades a ver cuántas gozan realmente de esa tecnología de punta o si en las áreas de orden público, como les decíamos en los 70, pueden utilizarse como se hace en las películas de Hollywood con las que los políticos y muchos ciudadanos exigen resultados.

Así que me muevo a otro caso, un soldado herido en alguna región de Nariño por una mina quiebrapatas depende del tiempo para salvar su vida; el subteniente a cargo pide desesperadamente ayuda helitransportada. No hay horas/vuelo, los helicópteros disponibles están atendiendo una emergencia de combate donde unos terroristas resultaron heridos, allí hay prensa y delegados del gobierno y la ONU, y no hay disponibilidad de vuelo hacia esa área.

Ese soldado fue trasladado caminando por el monte por cuatro (4) días, sus compañeros en una camilla improvisada, haciendo todo el esfuerzo del enfermero por controlar las hemorragias; al cabo de toda una eternidad para el herido,  al fin llegaron a la carretera y una ambulancia trasladó al herido a un hospital que no tenía las condiciones para tratarlo. El herido murió en ese tardío transporte.

¿Merecía la movilización de un helicóptero ese militar? Seguramente de la misma forma, al menos, que el soldado Martín Santos R y sus panorámicas con amigos en las redes sociales, o al menos, las de cualquier visita burocrática del alto gobierno para ver como bien se andan en el proceso. Los primeros están jugándose la vida mientras los segundos pasean bien y criticando la petición de auxilio para el soldado. Mientras tanto no hay presupuesto para horas/vuelo.

No quiero terminar el artículo sin referirme a los soldados abandonados, los que después de las cámaras de la presencia de Juanes y otros artistas y medios, siguen tirados en una cama de hospital. Las ayudas que a ellos deberían llegar, al menos en dotación de aseo provista por su unidad básica, quién sabe dónde se están quedando.

 
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Publicado por en agosto 25, 2014 en Opinión Pública

 

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