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LOS RETOS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

09 Sep

LOS RETOS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIAUno de los temas que ocupa más espacio en el proceso de paz que se adelanta en Cuba entre el gobierno colombiano y las Farc está relacionado con la justicia transicional que abarca el tema fundamental de las víctimas, su reconocimiento y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Rodolfo Torregrosa Jiménez señalaba con respecto a la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que abría las puertas a la impunidad porque otorgaba a los perpetradores generosos beneficios, de manera individual, sin otorgar nada a cambio; una visión bastante parcializada en tanto los beneficiarios de aquella ley en su gran mayoría fueron los integrantes de las autodefensas ilegales. Debe anotarse que en su momento esa ley fue un mecanismo inédito en la historia de la solución de los conflictos a nivel internacional y que contempló, con en efecto se cumplió, unas penas privativas de la libertad a quienes tuvieron responsabilidades por los crímenes cometidos.

En este momento muchos de los condenados están terminando su período de condena, ocho (8) años, tal como lo aprobara el Congreso y fuera declarado exequible por la Corte Constitucional. La Fiscalía General realizó un juicioso trabajo de compilación de normas que han introduciendo la justicia alternativa como un modelo aceptable para la resolución de conflictos de gran impacto social, como es un conflicto armado interno, que vale la pena conocer para formarse idea real sobre cómo se desarrolló ese proceso con apego a la normatividad y experiencias internacionales (http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/05/Compilaci%C3%B3n-Normativa-2010.pdf).

Sobra recordar que la justicia transicional hace referencia a un problema muy antiguo, relativo a qué debe hacer una sociedad frente al legado de crímenes de lesa humanidad, cuando sale de una guerra civil o de un régimen tiránico. ¿Debe castigar a los responsables? ¿Se debe olvidar esos atropellos para favorecer la reconciliación? Estos interrogantes no tienen una respuesta fácil, y en diversos momentos y sociedades se les han dado diferentes soluciones. Sin duda, en la época actual ha ocurrido una transformación muy importante en la manera en que se enfocan las transiciones de la guerra a la paz o de las dictaduras a las democracias[1].

De tal manera que hay que recoger las experiencias devenidas de la aplicación de la Ley 975 de 2005, sin apasionamientos ideológicos como viene sucediendo, y trasladarlas al escenario de negociación con las Farc, pues en Cuba éstas plantean una impunidad total al declarar que no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos, los cuáles por demás plantean son de única responsabilidad del Estado colombiano.

Si la crítica a la Ley de Justicia y Paz es que los ocho (8) años de privación de libertad eran pocos para responsables de conductas similares -y no se conoce la primera condena impuesta a miembros de las Farc y el Eln que se desmovilizaron a su amparo-, ¿Cómo podría plantearse ahora para los miembros de las Farc penas inferiores y sustitución de esas penas por otros mecanismos de condena como el trabajo social?

Debe recordarse que el llamado marco jurídico para la paz y su implementación al finalizar las negociaciones de La Habana no pueden dejar de lado la observancia y aplicación de los principios generales del derecho penal contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional debido a que al pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas mediante la aceptación del estatuto de la misma, lleva implícita la aceptación y el compromiso por hacer cumplir los principios que han pasado a ser Derecho Internacional de obligatorio cumplimiento[2].

Por eso no puede caerse en el error de polarizar ahora la discusión con el argumento contrario al que varios de los defensores de no castigar con penas privativas de la libertad a los miembros de las Farc, en su momento utilizaron para demandar la Ley 975 de 2005, sobre el deber del Estado de preservar los derechos humanos, y consiguientemente, su deber de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones y las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario cometidas en su jurisdicción, el cual se encuentra consagrado en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución; 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 17 y 53 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 14 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y; 2, 4, 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre las que están el secuestro, el homicidio fuera de combate, el homicidio en persona protegida y otras conductas que sistemáticamente han desarrollado en su historia las guerrillas.

 

[1] TORREGROSA JIMÉNEZ, Rodolfo. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA DESDE EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. U. Libre. Revista Diálogos de Saberes, No. 35. Julio-diciembre 2011. Bogotá, D.C. Págs. 45-55.

[2] Ibíd.

 
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Publicado por en septiembre 9, 2014 en Opinión Pública

 

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