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LOS ACUERDOS PUBLICADOS DE LA NEGOCIACIÓN EN LA HABANA

24 Sep

LOS ACUERDOS PUBLICADOS DE LA NEGOCIACIÓN EN LA HABANASeñalando el interés de evitar especulaciones perniciosas sobre el avance de las negociaciones en La Habana, los negociadores del gobierno y la narcoguerrilla Farc han publicado lo que denominan borradores conjuntos de los acuerdos esenciales sobre los tres primeros puntos de la agenda: el asunto de las tierras, de la participación política y del narcotráfico.

El primer punto, el asunto de las tierras, se recoge en un documento de 21 páginas, bajo el título de Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, se habla de una reforma estructural del campo colombiano que debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.

En resumen, el documento recoge las propuestas sobre el tema de la propiedad y además de la creación de un fondo de tierras, del censo de propiedades rurales para que se pague lo justo en prediales y de la inversión en infraestructura, salud y vivienda, se detalla quiénes serán los beneficiarios de las adjudicaciones del fondo, la manera como se protegerán estas tierras (no serán embargables por 7 años) y cómo se pierde el derecho a tenerlas (TIEMPO, 2014)

Llama la atención que cuando se habla de beneficiarios de esa reforma rural integral RRI (punto 1.3. del borrador de acuerdo), se mencionan genéricamente a los desplazados y a las comunidades campesinas, pero se da mayor importancia a lo que las Farc denominan asociaciones de trabajadores con vocación agrícola, eufemismo para indicar que sus principales beneficiarios serán los aparatos de control político que ellas mismas han creado en el Catatumbo, el oriente, suroriente y suroccidente del país, con exclusión total de otras formas de organización y representación del campesinado y los sectores agrícolas.

En el aspecto organizativo las Farc, el Partido Comunista y la izquierda colombiana le llevan gran ventaja al Estado colombiano; mientras la izquierda se aplicaba juiciosamente a la combinación de las formas de lucha, aunque los resultados electorales nunca los favorecieran, creando multitud de aparatos para empoderarse de la representación de sectores campesinos, indígenas, de las negritudes, tomando su vocería para denunciar las situaciones de exclusión y de inequidad, los partidos políticos tradicionales se limitaron a utilizar esos sectores como instrumento electorero y a traicionar las expectativas que se creaban para un mejor desarrollo político, social y económico de los mismos.

De ahí que cuando las Farc logran que en el borrador de acuerdos sea una especie de justicia comunitaria la que resuelva los problemas que en torno al asunto agrario surjan en el posconflicto, saben que llevan toda la ventaja y los gobiernos sólo podrán asumir un papel de legitimadores de sus acciones (punto 1.8. del borrador de acuerdos). No sólo será la propiedad de las tierras, sino que esa justicia comunitaria decidirá además sobre el uso de la misma, cuánto y qué sembrar, cuántas hectáreas podrán destinarse a la ganadería y cuántas a la agricultura, a qué precios podrá venderse e incluso cómo será el reparto de las ganancias. Una especie de colectivización socialista de la tierra en las áreas de su influencia que retoma el nombre ya existente de Zonas de Reserva Campesina.

Nótese como estas zonas apuntan a la consolidación del poder político de las Farc y sus aliados políticos precisamente en las regiones de mayor impacto del narcotráfico y aquí es donde se vincula el asunto de las tierras con el problema criminal.  Los planes de sustitución de cultivos ilícitos deben ser acordados con esas comunidades, las que representan la justicia colectiva, y que habrá un tiempo de transición en el cual la manutención de los cultivadores y recolectores de hoja correrá por cuenta del Gobierno. Aún no se ha definido la duración de ese período de transición que las Farc exigen sea de dos (2) años.

Y en el asunto del narcotráfico se acuerda “una nueva visión del problema de las drogas”, que ya ha venido siendo aplicado de hecho por el gobierno nacional y algunas autoridades locales con el argumento de que es un problema de derechos humanos, de salud y social que no puede ser tratado con la penalización del consumo, hasta llegar a definir como el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico a los cultivadores y los consumidores (punto 4 del borrador de acuerdos).

El tema de las drogas se vincula oficialmente al de la RRI (punto 4.1.1. del borrador de acuerdos) como principio fundamental del eventual acuerdo de paz; su cumplimiento se liga los acuerdos que los gobiernos puedan alcanzar con las comunidades afectadas o interesadas, las autoridades sólo podrán adelantar erradicación de cultivos ilícitos en los casos en que obre “fuerza mayor” y las comunidades no hayan podido adelantar o no hayan querido realizar la sustitución, pero en esa erradicación primará en todo caso el “respeto a los derechos humanos y al medio ambiente”; es decir, la acción del Estado contra el narcotráfico queda hipotecada y limitada a la decisión de las comunidades y no a la observancia de la Constitución y las leyes.

Y ello queda evidenciado cuando el gobierno nacional se compromete a renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores que hayan incurrido en conductas punibles relacionadas con cultivos ilícitos, renuncia a la expropiación del dominio de tierras, inmuebles e instrumentos dedicados a ese fin y amplía el plazo para ejercer esa potestad legal hasta por dos (2) años a partir de la firma de los eventuales acuerdos de paz en ejercicio de la llamada justicia penal diferencial (punto 4.1.3.4 del borrador de acuerdos).

Nada se dice sobre la entrega de las Farc de cultivos, laboratorios y rutas que maneja en el ejercicio del narcotráfico, mucho menos de la entrega de los recursos económicos y bienes adquiridos en su acción delictual para la reparación de las víctimas.

Así, lo publicado por los negociadores para darle transparencia al proceso, sólo deja ver un catálogo de buenas intenciones pero sin concretar el desarrollo modo temporal de cualquier eventual acuerdo, este queda suspendido en el tiempo al menos por dos años a partir de la firma del mismo, la paz entonces se pacta a diferido.

 
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Publicado por en septiembre 24, 2014 en Opinión Pública

 

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