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LA PAZ LIGHT

28 Sep

LA PAZ LIGHTRecurriendo al anglicismo tan de moda hoy, debe hacerse referencia al proceso de La Habana como el de uno referido a una paz ligera, una paz light políticamente correcta para las partes hasta en el uso del lenguaje en la información para vender la idea de su proximidad o su conveniencia. Hoy los medios promueven la tesis subliminal de que la sociedad gana aun cuando las Farc no den nada a cambio si se reconoce que el único culpable de la violencia de más de 50 años es el Estado, como si esa sociedad no fuera parte fundamental de ese estado.

Sin duda alguna este proceso recuerda necesariamente el discurso apaciguacionista del Canciller inglés Neville Chamberlain del 3 de octubre de 1938, cuando con gran desparpajo anunciaba que se había logrado “la paz para el mundo en nuestro siglo” mediante la firma de unos acuerdos con la Alemania de Hitler en los que se aceptaban los desafueros cometidos hasta ese momento; La Habana de 2012 puede pasar a la historia como lo hizo Múnich en 1938 y quedar como sinónimo de claudicación. Introduciendo una palabra a menudo utilizada por los comentaristas internacionales: apaciguamiento, para describir la actitud de los que desean comprar la paz a cualquier precio, incluso el sometimiento.

Leyendo con detenimiento los acuerdos parciales alcanzados en el proceso adelantado en Cuba, cuyos borradores fueron publicados recientemente por acuerdo de las partes negociadoras aunque ya las Farc los habían dado a conocer en sus páginas electrónicas, no se despeja ninguna duda frente a los temores de la sociedad colombiana que ha sido crítica y que mayoritariamente no cree en el buen suceso de esa negociación. Por el contrario, esas 66 páginas refrendan los temores y generan más incertidumbre.

El primer gran error es pretender mostrar la posibilidad de un acuerdo con el narcoterrorismo como el advenimiento de la paz para Colombia; es un gran falacia pues subsisten muchos factores que engendran la violencia y probado como está que el 60% de las estructuras criminales de las Farc están directamente comprometidas con el narcotráfico y las bandas criminales, lo único que podría vislumbrarse es una mutación de nombres de las organizaciones delincuenciales y el surgimiento de una nueva violencia de más degradas proporciones, la lucha de los cabecillas de estas facciones por mantener el control del narcotráfico, la minería ilegal y los delitos comunes a ellos.

De los 8 a 10 mil hombres que hoy conforman las diferentes estructuras de las Farc es apenas previsible que unos 3 mil se desmovilicen efectivamente, los más viejos, los enfermos y un número significativo de niños y adolescentes que hoy hacen parte de ellas; pero los borradores de acuerdos en el aspecto de Reforma Rural Integral y Narcotráfico, dejan la garantía de unas zonas territoriales donde las nuevas formas de organización puedan actuar sin que el Estado pueda oponerse militar y judicialmente, so pena de incumplir lo acordado. El Estado debe consultar con las comunidades cualquier respuesta que deba darle a las nuevas formas delincuenciales en esas zonas.

Debe recordarse además, que por decisión judicial el Estado no puede responder con la fuerza militar a las manifestaciones de la delincuencia organizada o común distinta al narcoterrorismo, por lo que la única respuesta a las nuevas formas de organización criminal sería única y exclusivamente policial y no puede negarse que nuestra Policía Nacional no tiene las capacidades operativas y de fuerza necesarias para atender las situaciones del posconflicto y esta realidad previsible.

Ahora bien, hay irresponsabilidad del equipo negociador del gobierno cuando no tiene ni idea del costo de las cesiones que está haciendo a las Farc en La Habana. El DNP señaló que no han cuantificado el costo de la paz y el Ministerio de Hacienda salió a improvisar con unas cifras especulativas, sin aclarar de dónde saldrán los recursos.

El mismo ex ministro Rudolf Hommes lo plantea hoy en su habitual columna de El Tiempo al señalar que la opinión comienza a preguntarse cómo se van a costear –el posconflicto-, si el Gobierno ya está experimentando dificultades para financiar el presupuesto del año entrante. Esto ha sorprendido a la mayoría de la gente, pues la discusión y la aprobación de la última reforma tributaria habían creado la expectativa de un significativo aumento del recaudo. Y los trabajadores y la clase media están sintiendo el impacto de la mayor carga tributaria en esta época de declarar renta y pagar el impuesto correspondiente.

Será la clase media, la que no hace parte de la campaña del SoyCapaz la que termine asumiendo vía mayores impuestos esos costos, porque no se contemplan cargas tributarias para los grandes capitales como el financiero y el industrial con el argumento de no desestimular el empleo y que un impuesto del 2,5 por ciento del patrimonio es excesivo porque equivale a más del 50 por ciento de los ingresos después de impuestos de sus inversiones financieras, lo que muy posiblemente se traduzca en que van a tener pérdidas de su patrimonio, lo que afectaría la economía global del país y las tasas de crecimiento.

Por último, la preocupación sobre posibles reformas al modelo económico y a las FF.MM. no es gratuita, ni constituye un ataque al proceso. Cuando las Farc comenzaron a filtrar desde un comienzo las discusiones de la mesa tenían un objetivo político claro y en ello trabajan con disciplina sus voceros: Como no hay nada acordado hasta que todo se acuerde, la izquierda y sectores del liberalismo socialista vienen vendiendo la idea en distintos foros y eventos de una constituyente para la aprobación e incorporación normativa de los acuerdos alcanzados y para la discusión de los puntos pendientes y otros que no hicieron parte de la agenda, así lo han manifestado los voceros del narcoterrorismo en reiteradas oportunidades.

A la par que los voceros del gobierno y sus negociadores indicaban que la publicación de los borradores de acuerdos eliminaba la crítica y las falsas versiones sobre este particular, las Farc en rueda de prensa insistían en que no sólo están exigiendo cambios en la doctrina militar vigente sino en las políticas de seguridad y de defensa nacional que rigen hoy para adecuarlas a la nueva realidad política latinoamericana, algo que no requiere mayores explicaciones sobre el objetivo buscado por el socialismo del siglo XXI y eso es lo que pretenden refrendar en una Asamblea Constituyente donde contarían con todas las garantías para ser mayorías.

 
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Publicado por en septiembre 28, 2014 en Opinión Pública

 

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