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LA INSTITUCIONALIDAD DESBORDADA

29 Sep

LA INSTITUCIONALIDAD DESBORDADANingún escenario puede ser tan terrorífico como el de un Estado que negocia con el enemigo interno el cese de un prolongado conflicto, pero que se encuentra dividido en sus fuerzas de poder y además con una institucionalidad desbordada desde su mismo seno; en La Habana se plantea una agenda de cinco puntos que pondría fin a la guerra, pero paralelamente en el Legislativo se adelantan reformas alternas a las propuestas que se discuten en la mesa, por ejemplo, el marco jurídico para la paz que contempla una serie de beneficios jurídicos para los miembros de la narcoguerrilla que accedan a deponer las armas y reintegrarse a la civilidad.

También se aprobaron normas sobre aspectos que tienen que ver con la estructura de la propiedad de la tierra y el desarrollo agrario mientras en La Habana ello constituye un aspecto del debate y ahora se plantea una reforma política que abarca temas relacionados con la justicia, aspecto que tiene que ver con las reformas que como resultado de las negociaciones sobre participación política de los terroristas desmovilizados.

Sin lugar a dudas esta dualidad y repetición de materias en el Legislativo y en la mesa de negociaciones ha servido como argumento para que las Farc manifiesten inconformidad y pretendan ir más lejos de lo ya cedido por vía legal o en desarrollo de las negociaciones; la justicia transicional no les satisface y quieren consagrar la impunidad total, los espacios de participación política no llenan sus expectativas y quieren el poder como costo a la dejación de armas tal y como lo anunciara su máximo cabecilla Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

El afán por la paz está llevando al desbordamiento institucional y a un peligroso fraccionamiento de la sociedad, no de otra manera se explica la actividad política desplegada por el Fiscal General de la Nación convertido de repente en un suprapoder que no sólo anuncia esa suerte de impunidad para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, sino que no ha dudado en atacar a otros organismos de control que no convienen a los intereses del poder que quiere acumular, sino que ladinamente amenaza a magistrados y legisladores sino se atienden exclusivamente las propuestas que salen de su despacho.

La reciente actitud asumida por Eduardo Montealegre de llamar al poder judicial a desconocer la actividad del Legislativo donde se discute la creación de un Tribunal especial para funcionarios aforados, entre ellos el mismo Fiscal, convocando a la protesta y a la parálisis judicial para lograr el retiro del tema en la reforma política que se debate, es el más claro y vergonzante ejemplo de esa institucionalidad desbordada. La Constitución Política no le da al Fiscal facultades de colegislador y él no puede escudarse en la excusa pueril de que está hablando como “académico”, porque en este momento representa una dignidad pública y su discurso influye en el curso de la actividad del organismo investigador.

El Tribunal Especial para este tipo de funcionarios aforados es un clamor popular para reemplazar la ineficiente e ineficaz Comisión de Acusaciones de la Cámara (art. 174 de la Constitución) y tendría a su cargo las investigaciones contra Magistrados de las Cortes y del Consejo Superior de la Judicatura (que desparecería) y el Fiscal General, aunque hubiesen cesado en sus cargos, precisamente para evitar la desviación o el abuso de poder demostrado en todos los escándalos que en estos años han afectado gravemente la dignidad de la justicia y que hacen nugatorio al ciudadano su acceso a ella.

Frente a los anuncios mediáticos del Fiscal sobre la concesión de beneficios judiciales a los miembros del narcoterrorismo, más allá incluso de lo contemplado en el mismo marco jurídico para la paz y a partir de una subjetiva interpretación de lo que debe ser el derecho, es bueno recordarle al señor Montealegre que el art. 250 de la Carta, dispone taxativamente que el Fiscal no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal de quienes infrinjan el ordenamiento punitivo vigente, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado y dentro de sus facultades no está el negar la existencia de política criminal para hacer caso omiso del mandato superior.

Ha sido precisamente la Fiscalía la que abusando de su poder ha hecho nugatorios los derechos al debido proceso y a la defensa del personal que compone las Fuerzas Militares y de Policía en contravía a lo dispuesto en el mismo art. 250 y el art. 221 de la Constitución, pues se ha apropiado indebidamente de las investigaciones penales contra militares y policías en servicio activo incursos en conductas punibles cometidas con ocasión del servicio presentándolas mediáticamente como violadoras del DIH y los DD.HH aunque no constituyan infracción al derecho común por haberse desarrollado fuera de los actos propios del servicio.

Así mismo ha continuado su empeño de despojar a las FF.MM de las labores de inteligencia y contrainteligencia necesarias para salvaguardar a la nación de amenazas internas o externas, pretendiendo acumular esas funciones a las propias de policía judicial que el ente investigador tiene; caso concreto es la explotación de los hechos relacionados con la fachada “Andrómeda”, reconocida en su momento como legítima, pero que se esfuerza en mostrar a los medios como una suerte de conspiración militar y política contra el proceso de La Habana y contra el gobierno actual para apuntalar sus pretensiones hegemónicas de poder.

Así que en lugar de buscar y señalar “enemigos del proceso de paz” entre los críticos del mecanismo actual, el gobierno debe buscar consensos y acercamientos a la oposición democrática, atender sus inquietudes que representan la opinión de 7 millones de colombianos y cerrar filas en el objetivo común de preservar las instituciones y el Estado social de derecho, poniendo orden interno en actuaciones de servidores públicos que están provocando ese desbordamiento institucional más favorable a las pretensiones del enemigo narcoterrorista, si se quiere que el evento de La Habana termine en realidad en un comienzo del cese del conflicto y no en su prolongación más violenta.

 
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Publicado por en septiembre 29, 2014 en Opinión Pública

 

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