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SIN RESPETO DIFÍCIL ALCANZAR LA PAZ

04 Oct

SIN RESPETO DIFÍCIL ALCANZAR LA PAZFieles a su naturaleza prepotente y provocadora las Farc insisten en desconocer a militares y policías como sus víctimas en el desarrollo del conflicto, recurriendo al lenguaje descalificador hacia personas como el señor General (r) Luis Mendieta que participó en la última ronda de víctimas que acudieron a La Habana. Pretendiendo poner en la misma balanza a los servidores públicos con los terroristas, la narcoguerrilla señala que “la inclusión del general Mendieta entre las víctimas –capturado en acción de combate por las Farc-Ep- nos pone en la discusión de si las partes del conflicto interno son víctimas o victimarios” (Farc-Anncol. 2014)

A renglón seguido definen como victimario a “aquella persona, que desde su uniforme o su institución, desarrolla constantemente acciones contra la población civil haciéndola víctima de ese accionar criminal y llena de dolor cientos o miles de familias, dejando desperdigados “huérfanos” de padres, tíos, sobrinos, etc. “, para equiparar a quienes cumplen una misión constitucional socialmente aceptada, la fuerza pública, con quienes empuñaron las armas como parte de una estrategia de combinación de las formas de lucha para satisfacer el mezquino interés de tomarse el poder e instaurar el socialismo como forma de estado y de gobierno, y concluyen mofándose de la sociedad colombiana al preguntar si “alguien duda que el general Mendieta es un victimario consciente y jurado –cuántos muertos llevan en sus espaldas los generales en Colombia?-, que se solazaba (todavía lo hace porque en La Habana vertió todo su veneno antipopular) con el sufrimiento de los civiles en la región en que fue capturado en combate por las Farc-Ep (Farc-Anncol 2014)

Y aquí es donde el pueblo colombiano debe tener toda claridad; las fuerzas militares y de policía no son simples actores del conflicto, su naturaleza está definida en el art. 216 y subsiguientes de la Constitución Política para garantizar la defensa de la Nación y la garantía y salvaguarda del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los habitantes de Colombia; por el contrario, las narcoguerrillas son la materialización del interés político del Partido Comunista que a fínales de los años 40 decidió introducir la tesis de la combinación de las formas de lucha para la toma del poder y la instauración de un régimen político ajeno y contrario a la naturaleza libre del pueblo colombiano.

El simple reconocimiento prematuro del gobierno colombiano de la existencia de un conflicto armado interno no significa el reconocimiento de un estado de beligerancia o de fuerza legítima a las narcoguerrillas, pese a ciertas concesiones hechas al régimen venezolano que condicionó el restablecimiento pleno de las relaciones con Colombia si  se reconocía que las Farc-Ep y el Eln no eran ningunos terroristas sino un Grupo Armado que defendía unas concepciones ideológicas, palabras menos palabras más, eso fue lo que dijo presidente Chávez[1], exigencia violatoria del Protocolo II de la Convención de Ginebra, art. 3º., que mantuvo vigente Nicolás Maduro y que sirve de explicación a que un gobierno abiertamente pro Farc sea presentado a la comunidad internacional como garante “imparcial” de la paz en Colombia.

Pese a algunas sentencias demasiado sesgadas a favor de las narcoguerrillas, la Corte Constitucional misma debió señalar que: La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos  tratados. No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado.

El reconocimiento como “grupo armado”, conforme al derecho internacional no conlleva reconocimiento de beligerancia y por ende los actos de esas organizaciones siguen siendo ilegales conforme al derecho común o al DIH cuando implican violación grave y sistemática no sólo al derecho de gentes sino al mismo derecho de guerra; estos grupos armados no están facultados, ni pueden en derecho, tomar “prisioneros de guerra” sino rehenes o secuestrados para presionar la obtención de sus objetivos político-militares.

Es un hecho que la presencia del señor General (r) Luis Mendieta no fue fruto de exigencia del gobierno o aquiescencia de la narcoguerrilla, sino resultado de la indignación popular que representó la primera descalificación que hicieran las Farc de los militares y policías víctimas de la banda narcoterrorista, alentada por la desafortunada definición del delegado de la ONU que considera que a La Habana sólo deben concurrir víctimas “políticamente correctas”, es decir que no cuestionen a las narcoguerrillas por su accionar en 50 años o más de depredación.

Y es que sí son víctimas de las Farc todos los soldados y policías que sufrieron la violación del DIH en las cobardes acciones de las Farc: Secuestrados y asesinados cuando se movilizaban de civil y desarmados en vehículos de transporte público al disfrutar de una licencia o de vacaciones, mutilados o asesinados por armas no convencionales proscritas en el derecho internacional; presionados ellos o sus familias por ser parte de la fuerza pública y otra serie de delitos cometidos sistemáticamente por la narcoguerrilla en sus interminables años de criminalidad estéril.

En medio de las negociaciones “de paz” las Farc emiten un comunicado en una de las presuntas próximas “zonas de reserva campesina”, en la que dan un término de horas para que las familias de soldados y policías abandonen la región; el gobierno ha guardado silencio pero esa es una conducta que no ayuda a una paz real, sino a la cimentación de nuevas violencias. ¿Las tierras de los papás de un policía o de un soldado obligado a abandonar su tenencia de toda la vida, harán parte del banco de tierras que tanto alaban?

Es un hecho que en este proceso las principales víctimas están sufriendo no sólo irrespeto, sino revictimización y que a ese costo es imposible construir cualquier escenario de paz.

[1] PACHECO SÁNCHEZ, Ramón. Reconocimiento de beligerancias. Universidad Libre de Barranquilla. En: http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/publicaciones/reconocimientobeligerancias.pdf

 
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Publicado por en octubre 4, 2014 en Opinión Pública

 

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