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EL POLÉMICO VIAJE DE TIMOCHENKO A CUBA

17 Oct

EL POLÉMICO VIAJE DE TIMOCHENKO A CUBAAcudiendo a la Ley 418 de 1997 el gobierno nacional autorizó el desplazamiento desde territorio venezolano a Cuba de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, actual máximo cabecilla de las Farc y sobre quien pesan 8 órdenes de captura las cuales no han sido suspendidas por la Fiscalía General de la Nación, existiendo circular roja de la Interpol que obliga a cualquier país a capturarlo y ponerlo a disposición del gobierno requirente.

Suspender o levantar esas órdenes de captura es requisito legal según el parágrafo 1º del art. 8 de la Ley 418 de 1997 que señala que, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades competentes el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichas Organizaciones Armadas. Hasta la fecha y según el Fiscal (e) Jorge Perdomo el Gobierno Nacional no produjo esas comunicaciones con respecto al cabecilla terrorista, ni ese organismo investigativo levantó las órdenes de captura que pesan sobre el mismo.

En ese sentido el gobierno omitió el cumplimiento de un deber legal y por tanto la autorización impartida es una flagrante violación de las normas que reglan procesos como el que se adelanta en La Habana; aquí no se puede invocar la ya recurrida excusa de que la justicia no puede ser obstáculo para la paz porque estaríamos ante una desinstitucionalización del Estado social de derecho que permitiría acomodar la normatividad al interés político del momento por sobre los canales y procedimientos establecidos en la Constitución Política.

De tal manera que es válida la pregunta que hace la Procuraduría General a la presidencia ¿Cuál es el estatus jurídico que se le ha dado a quien tiene órdenes de captura? Y es fundamental que la presidencia la responda para hacer claridad jurídica sobre las garantías que el Estado debe brindarle a los cabecillas narcoterroristas que no son parte de la delegación de negociadores pero que como en este caso, pueden ser autorizados supralegalmente a ser parte, así sea temporal, de la misma; en tanto la norma recurrida como justificación Ley 418/97, determina que estos individuos serán objeto de ciertas protecciones frente a la acción de la Fuerza Pública.

Lo mismo puede predicarse de los terroristas del Eln que también fueron autorizados a desplazarse a Cuba para realizar una cumbre con sus pares de las Farc. Sobre esta narcoguerrilla se sabe que se está adelantando una fase exploratoria para iniciar un proceso de diálogos que conduzcan al cese del conflicto con la misma, pero oficialmente no se ha establecido un proceso que permita determinar si es aplicable la Ley 418/97 y las modificaciones introducidas por la Ley 1421 de 2010 que prorrogó la anterior norma, señalando en el parágrafo 2º del art. 8º que el Estado garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos de que trata esta ley y si esa garantía se extiende a quienes accidental o temporalmente asistan a la mesa de negociaciones aunque no hagan parte formal de ella.

Y es que el asunto no es de poca monta sino de vital importancia para la acción de la Fuerza Pública contra las bandas narcoterroristas. Si existe algún estatus jurídico y político reconocido para ciertos cabecillas de estas organizaciones debe hacerse público, sin que ello interfiera en el proceso, porque cualquier acción armada contra ellos puede invocarse como una violación a las normas del DIH por parte de las FF.MM y de Policía, en tanto como se ha señalado serían sujetos de protección especial.

No es un juego de intereses políticos como señaló el Vicefiscal y hoy Fiscal (e), para evadir los cuestionamientos que la Procuraduría y un amplio sector de la ciudadanía ha hecho a lo actuado en este caso por el gobierno nacional; es la necesidad de aclarar jurídica y políticamente la situación de los cabecillas narcoterroristas precisamente para evitar que errores de interpretación puedan afectar los diálogos y negociaciones. En este caso el secretismo y el ocultismo frente a esa realidad fáctica que ya es un hecho notorio, no sean invocados como justificación pues lo que generan es mayor desconfianza y división en la sociedad frente al proceso con las Farc y un eventual proceso con el Eln.

Indudablemente ello sería materializar el propósito de definir un “único discurso” y “enviar al país un solo mensaje” sobre el proceso como anunciara el presidente Santos en Cartagena al confirmar que él ha autorizado dos viajes del cabecilla narcoterrorista a Cuba.

 
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Publicado por en octubre 17, 2014 en Opinión Pública

 

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