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DE LA TRAICIÓN A LA PATRIA Y OTRAS YERBAS

22 Oct

DE LA TRAICIÓN A LA PATRIA Y OTRAS YERBASParece que el tipo penal de traición a la patria por su abuso pasará a formar parte del baúl de los recuerdos en materia punitiva junto a la injuria y la calumnia; ahora lastimosamente se vuelve juguete novedoso en manos de la clase política para acallar a sus contrincantes, especialmente cuando se adoba con el proceso de La Habana y los intereses particulares que allí se juegan.

El Libro Segundo, Parte Especial, Título Primero “Delitos Contra la Existencia y Seguridad del Estado”, Capítulo 1 “De los Delitos de Traición a la Patria”, definen cuáles son las conductas que deben ser materia de castigo penal cuando con ellas se amenaza la integridad nacional en su territorio, su soberanía y su existencia. El art. 111 del C.P. define de manera taxativa como punible todo acto que tienda a menoscabar la integridad territorial de la República, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado Soberano, o a fraccionar la unidad nacional; a su vez, las normas subsiguientes tipifican una serie de conductas que pueden ser objeto de sanción penal cuando su realización amenace la integridad del Estado o de sus instituciones legítimas.

Hay casos verificables de miembros del Congreso o de la clase política colombiana que han recibido honores y distinciones de los gobiernos de Venezuela o Nicaragua, con los que Colombia mantiene conflictos limítrofes y cuyos gobiernos mantienen una permanente hostilidad verbal contra el país, hasta el punto del caso venezolano, de querer hacerlo responsable de su estado de desintegración y violencia. Esos personajes colombianos que han recibido esos honores y reconocimientos, militantes por lo general de la izquierda o del liberalismo socialista, perfectamente podrían incurrir en lo tipificado en el art. 118 que define la aceptación indebida de honores al señalar que el colombiano que acepte cargo, honor, distinción o merced de Estado en hostilidad, guerra o conflicto armado con la Patria, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a tres (3) años.

¿Cuántas veces el gobierno de Venezuela movilizó sus tropas como elemento de presión armada contra Colombia en la era chavista y cuántas veces ha amenazado con hacerlo en la actualidad; cuántas veces por “equivocación” elementos armados de las fuerzas militares bolivarianas han hoyado el suelo nacional? Sin embargo, Ernesto Samper Pizano fue honrado por ese gobierno para presidir la Unasur y llegó incluso a señalar a colombianos como autores de la violencia en Venezuela para granjearse los honores de Caracas. Esto a nadie parece preocuparle en el actual estado de cosas de la política colombiana.

Ahora bien, se pretende sustentar judicialmente que denunciar acciones de organizaciones armadas ilegales constituye en medio del proceso de La Habana un acto de espionaje o la comisión de otras conductas contempladas en los arts. 119 a 124 del estatuto punitivo. Nada más absurdo, las Farc no son sujeto de protección especial como organización criminal pese a los diálogos de La Habana; las acciones narcoterroristas que siguen cometiendo en virtud de las hostilidades dentro de la negociación no las hacen impunes frente al ordenamiento constitucional y legal del país.

Averiguar, conocer y denunciar actos criminales de las Farc o Eln en el país no puede considerarse espionaje, esto es obtener, emplear o revelar secreto político, económico o militar, relacionado con la seguridad del Estado, en tanto las narcoguerrillas no son consustanciales o inherentes a la seguridad del Estado y denunciar sus acciones criminales hace parte del mandato supremo contenido en el art. 95 constitucional referente a los deberes y obligaciones de los habitantes de la república de Colombia.

Ya se está volviendo verdad la mentira absoluta de que las Farc, o el Eln, tienen una nueva vocación de la paz cuando sostienen el viejo discurso de los fallidos procesos anteriores y que los precarios preacuerdos de La Habana sostienen una realidad diferente; lo novedoso en ellos es que el Estado representado por el actual gobierno, acepta para sí todos los hechos constitutivos de una legitimidad de la combinación de las formas de lucha, armada y política, que el Partido Comunista declaró en los 50, bajo los mismos argumentos que llevaron a Guillermo León Valencia a deslegitimar las recomendaciones y acciones del Ejército Nacional, lo que permitió esta absurda guerra que aún nos impide ser una nación real.

Si de hablar de traición a la patria ocupara el interés de las autoridades judiciales, entonces habría que explicarle a los ciudadanos colombianos el por qué y para qué de la repentina derogación de los arts. 125 y s.s. del Código Penal; hoy los criminales son los miembros de la Fuerza Pública por neutralizar esos actos delincuenciales y no se tiene en cuenta que precisamente el art. 132 señala como agravante el que sea un funcionario público el agente que permita la comisión de esas conductas.

Colombia debe tener en cuenta que ni las Farc, el Eln o las Bacrim son sustanciales o inherentes a la existencia del Estado, por el contrario son amenaza al desarrollo del Estado social de derecho y cualquier decisión que conlleve amparo, protección o estímulo a sus acciones criminales si constituye violación del ordenamiento penal en ese sentido, de tal manera que los traidores a la patria serían quienes quieren imponer a las narcoguerrillas como una entidad de aceptación nacional.

 
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Publicado por en octubre 22, 2014 en Opinión Pública

 

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