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EXAGERACIONES DERROTISTAS

24 Oct

EXAGERACIONES DERROTISTASA muchos ciudadanos les encantaría que las Fuerzas Militares entraran a debatir sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana, desde la reserva activa incluso se escuchan voces en ese sentido, pero para fortuna de la patria nuestra institución castrense atiende el bien general que ordena la Constitución Política y especialmente la no deliberación como parte de su misión institucional, sólo de esa manera es garantía para todos los colombianos.

Es exagerada, por decir lo menos, la columna de hoy de Plinio Apuleyo Mendoza al referirse a un ejército arrodillado y sometido políticamente, pavorosa realidad que para fortuna de Colombia no corresponde a los hechos y circunstancias reales de la nación y de sus Fuerzas Militares. Acatando disciplinadamente el mandato del art. 219 constitucional no intervienen en controversias o deliberaciones de carácter político para cumplir cabalmente su función de defensa de la independencia nacional y de las instituciones públicas.

Son válidas las críticas y cuestionamientos que con fundamento en la interpretación ideológica se tengan sobre el curso del proceso de negociación con las narcoguerrillas, pero hablar de un ejército derrotado no contribuye en nada a fortalecer la unidad nacional para defender el Estado social de derecho. Los resultados operacionales de la Fuerza Pública en contra de las organizaciones armadas ilegales y de delincuencia común señalan otras realidades que no son tenidas en cuenta por el columnista; hay dificultades y se hacen más críticas en la medida que el deseo idealista de un posconflicto llevan a olvidar que el conflicto está vivo y que no se puede legislar o gobernar con el deseo de la pasión sino con la fuerza de la razón.

Es claro que para el narcoterrorismo y sus apologistas precisamente nuestras Fuerzas Militares constituyen un bastión fundamental en la defensa del modelo de democracia liberal y que toda su artillería jurídico-política tiende a obtener en los estrados y corporaciones victorias que jamás alcanzaron en el campo de batalla, buscando minar la moral de combate y la fe en la causa que las caracteriza. En la medida que esa guerra jurídico-política crea divisiones y confusión ellos se acercan más a sus objetivos políticos en tanto quiebran la confianza de la sociedad en la institucionalidad castrense llevando a la convicción errada al ciudadano de que están derrotadas o en incapacidad de combatir al enemigo.

Si precisamente la institucionalidad militar goza en el país de un aprecio y un reconocimiento tan inmenso mientras otras instituciones se debaten en el desprestigio y la pérdida de confianza, es porque la nación comprende y es solidaria con los soldados y policías que a diario ponen una gran cuota de sacrificio para defender la libertad, la independencia y la democracia que aseguran el bienestar nacional y la convivencia social. Plantear que el ejército nacional está derrotado porque acata claros mandatos constitucionales de no intervenir en asuntos políticos es una peligrosa artimaña política que amenaza esa convivencia y esa confianza en la constitucionalidad vigente.

Hasta el momento fuera de las expresiones de las Farc y las alegres e irresponsables declaraciones de algunos representantes de la clase política, no se aprecia que la institucionalidad castrense sea un objeto de negociación en La Habana y así como se rechaza que algunos políticos quieran apropiarse de las victorias militares para fines partidistas, tampoco puede compartirse que se recurra a tesis absurdas como presentar un ejército derrotado para soportar la crítica al proceso de negociación.

Nuestro Ejército goza de una aceptación enorme entre el pueblo colombiano y un reconocimiento universal a su profesionalismo y respeto al orden constitucional, pese a las dificultades sigue firme en un su misión; hay cosas por hacer y esas corresponden precisamente al Legislativo como es el devolverle la seguridad jurídica arrebatada por una decisión administrativa que aunque fue declarada ilegal por el Consejo de Estado se sigue aplicando como es la intromisión y arbitraria suplantación del juez natural de los militares desconociendo el art. 221 de la Carta y que en efecto mantiene en el limbo jurídico a cerca de 15.000 hombres de nuestras Fuerzas Militares.

Hay cerca de 4.000 militares detenidos arbitrariamente por decisiones de la Fiscalía que ahora quiere convertirse en juez y parte en la apreciación judicial de las circunstancias de combate armado y ha logrado judicializar las operaciones realizadas contra el narcoterrorismo, generando incertidumbre, pero peso a ello nuestros soldados no cejan en su decisión de preservar el orden conforme a la Constitución y la Ley. Sobre esos hombres detenidos se descargan el peso de la inoperancia de un sistema judicial que es injusto con todos los ciudadanos y que precisamente motiva que sea el poder judicial y la fiscalía los organismos públicos con menos credibilidad en la nación.

Los colombianos pueden tener la certeza de que ningún soldado o policía se siente derrotado y que continuarán llevando a cabo su tarea sin dudas y sin temores, que es a la clase política a quien le corresponde reflexionar y cambiar el rumbo tempestuoso que debilita a la sociedad colombiana en su credibilidad en el Estado social de derecho y la posibilidad de alcanzar una paz justa y equitativa, no para satisfacer apetitos politiqueros sino para dar cumplimiento a la normatividad que soporta la existencia de la república.

 
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Publicado por en octubre 24, 2014 en Opinión Pública

 

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