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DESESCALAMIENTO DEL CONFLICTO

27 Oct

DESESCALAMIENTO DEL CONFLICTOLa presencia en la mesa de negociación en Cuba de cabecillas de bloques y de frentes, como de miembros del llamado Secretariado y del Estado Mayor de las Farc, ha llevado a sectores políticos, analistas y ciudadanos del común a hablar de una etapa de desescalamiento del conflicto como paso siguiente en el proceso de diálogos con miras al cese del conflicto.

Sin embargo, en tratándose de una etapa que conllevaría unas nuevas condiciones jurídicas y militares con relación al deber del Estado de perseguir y poner a disposición de la autoridad judicial competente a quienes son parte de organizaciones armadas ilegales y han recibido condenas por delitos cometidos durante el conflicto, no puede hablarse de un proceso sencillo y dependiente solamente de una decisión política del Ejecutivo.

En el caso del proceso del Caguán, debe recordarse, la suspensión de las órdenes de captura y la renuncia de las actividades judiciales y militares, sólo se dio en un territorio determinado y limitado; para el caso actual supondría una acción del Estado en todo el territorio nacional e incluso fuera de él, para el caso de la aplicación de las llamadas circulares rojas de Interpol.

Si ya la decisión de permitir el traslado de los cabecillas criminales a La Habana, incluso sin suspensión de las órdenes de captura como en el caso repetido de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, ha suscitado graves grietas en la clase política y en la sociedad, una decisión de ese tenor agudizará sin duda la polarización político-social y amenazaría sin duda la conclusión del proceso en el referéndum de aprobación democrática de los acuerdos.

En todo conflicto operan tres fases cíclicas: escalada, estancamiento y desescalada. En la fase de la escalada se alcanza el momento álgido del conflicto, el estancamiento sucede cuando el conflicto se estabiliza, y por último, la desescalada, etapa en la que el conflicto se reduce paulatinamente[1]. Sin duda alguna la desescalada requiere, en todo evento de conflicto, que ya se hayan alcanzado objetivos comunes y se haya incrementado la interacción entre las partes, escenario que sin duda alguna no se ha alcanzado entre las partes en La Habana luego de dos años de diálogos y negociaciones.

En todos los procesos de negociación que el Estado ha adelantado con las organizaciones armadas ilegales son innumerables las referencias a la “humanización del conflicto”, sin embargo este concepto no ha sido suficientemente desarrollado y explicado. Para el caso de las FF.MM y de Policía, que tienen el deber constitucional y legal de perseguir al delincuente para ponerlo a disposición de los jueces, recurriendo a la fuerza cuando éste se oponga a su captura, no podría explicarse cómo humanizar procedimientos que son estándares internacionales, si se tiene precisamente que las FF.MM y de Policía no recurren a procedimientos sistemáticos considerados inhumanos o violatorios del DIH para proceder contra las organizaciones armadas ilegales.

Por el contrario, son los delincuentes quienes han explotado al máximo las garantías constitucionales y legales para evadir la acción de la justicia y se cuentan por centenas los casos en que miembros de esas organizaciones armadas ilegales son dejados en libertad por fiscales y jueces en atención a tecnicismo jurídicos cuando no ha evidentes decisiones políticas.

De esta manera los únicos llamados a “humanizar el conflicto” o desescalarlo son los que lo han generado con el protervo fin de tomarse el poder, recurriendo al terror como mecanismo político; un compromiso público y una decisión de las Farc de cesar toda actividad que implique delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra es el único comienzo lógico de querer la paz y haber alcanzado en la negociación un acuerdo cierto de buscar el camino de la paz poniéndole fin al conflicto.

Entre tanto el gobierno, a nombre del Estado que representa, no puede proceder a declarar suspensión de la acción militar o policial para preservar la convivencia pacífica y las instituciones democráticas sin incurrir en desconocimiento manifiesto del ordenamiento constitucional en cuanto hace a la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano, especialmente de aquel que ha sido víctima de un conflicto que no creó o declaró el Estado sino quienes poniéndose por fuera de la ley recurrieron al delito como modo político para cambiarlo.

El Ejército y la Policía no pueden suspender sus acciones para perseguir y neutralizar organizaciones criminales que son riesgo y amenaza para la sociedad y las instituciones, mucho menos en las circunstancias actuales donde las llamadas guerrillas siguen cometiendo delitos mediante la contratación de bandas criminales de derecho común como ha quedado evidenciado en la Costa Pacífica, en los departamentos de Nariño, Valle y Cauca y en la región limítrofe con Venezuela, especialmente en la Guajira, Cesar, Santanderes y la región de El Catatumbo. El deber de garantizar la seguridad a la vida y bienes de los ciudadanos es irrenunciable para el Estado y no hay justificación política de ninguna naturaleza que lo pueda fundamentar.

[1] RUÍZ, Yolanda. Análisis y resolución de conflictos desde una dimensión psicosocial. Universitat Jaumet. Jornades de Foment de la Investigació. París. 2012.

 
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Publicado por en octubre 27, 2014 en Opinión Pública

 

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