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ATAQUES SISTEMÁTICOS CONTRA LA INTELIGENCIA MILITAR

31 Oct

ATAQUES SISTEMÁTICOS CONTRA LA INTELIGENCIA MILITARLa filtración de una base de datos que contiene direcciones electrónicas de personajes de la vida pública y del periodismo ha servido de fundamento para un nuevo ataque de la Fiscalía contra la Inteligencia Militar, algo que se está volviendo sistemático y recurrente, sin que hasta ahora el órgano de investigación penal haya señalado siquiera un indicio de utilización dolosa de la misma sino que con base a especulaciones pretende mostrar como una labor ilícita.

La recolección de toda la información que se considere de interés para las tareas de inteligencia y contrainteligencia en el país tiene su fundamento en la recientemente promulgada Ley 1621 de 2013 que las define como la utilización de todos los medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta Ley; está limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En especial, la función de inteligencia estará limitada por el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nornbre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso.

Debe recordarse que el Estado colombiano, por décadas, careció de un marco jurídico que regulara la actividad de Inteligencia y Contrainteligencia, para convertirla, en sí misma, en una función estatal en favor de toda la sociedad. Aunque a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, las altas cortes dieron inicio a una amplia generación de jurisprudencia en relación con actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, fue solo en el 2009, con la promulgación de la Ley 1288, que el Estado colombiano dio su primer paso en el fortalecimiento de un marco legal que le permitiera a los organismos que llevaban a cabo esas actividades, cumplir con su misión constitucional y legal y, de paso, crear una Comunidad de Inteligencia, como un Conjunto de Organismos dedicados a labores de Información e Inteligencia.

Sin embargo,  la Corte Constitucional, mediante sentencia C-913 del 16 de noviembre de 2010, declaró la inexequibilidad de todo el contenido de la Ley 1288 de 2009, coyuntura que forzó al Gobierno Nacional a presentar un nuevo proyecto de ley, esta vez “estatutaria”  para corregir los yerros cometidos  en el trámite anterior. Luego de 25 meses de haberse presentado el proyecto de Ley, el Presidente de la República sancionó la Ley 1621 del 17 de abril de 2013, aprobada tras haber surtido todo un trámite de revisión por parte de la Corte Constitucional, que mediante Sentencia 540 del 12 de julio de 2012 vio ajustado a la Constitución la mayoría de artículos del proyecto presentado.

Es una realidad que en el ejercicio de las funciones de Inteligencia y Contrainteligencia está implícita “…una constante tensión entre valores, principios y derechos: de un lado la seguridad y defensa de la Nación y de otro la intimidad, el buen nombre, el habeas data, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa; lo cual exige un juicio de ponderación en el marco del Estado constitucional de derecho. Por ello, la aplicación estricta de la Ley es el mejor control que la función puede ejercer, para evitar la extralimitación e irregularidad en los procedimientos.

Sin demostrar como la existencia de información de inteligencia puede afectar a terceros o viola las disposiciones contenidas en la Ley 1621/2013, la Fiscalía se ha dado a la tarea de filtrar a través de la Revista Semana y otros medios, informaciones tendenciosas a generar esas tensiones entre las funciones de inteligencia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En un claro abuso de sus funciones la Fiscalía viene adelantando una sistemática y recurrente guerra jurídico-política contra la Inteligencia Militar, indubitando sin argumentos judiciales claros las operaciones y poniendo en evidencia fachadas que se utilizan para esa labor legítima, con lo que pone en riesgo por demás la existencia misma de los operadores; el Fiscal Montealegre persigue un fin injustificado, que sea el organismo de investigación penal el único que maneje las tareas de inteligencia y contrainteligencia lo que sería un peligro para una sociedad democrática en casos que como el actual prima la politización y la polarización de la actividad política.

Para completar el cuadro bochornoso ponen a un burócrata del ente investigador a cuestionar a los altos mandos militares lanzando acusaciones de ocultamiento de informaciones en un despliegue de desconocimiento del conducto regular y del debido respeto a los protocolos institucionales; este funcionario, director del CTI, se refiere al mando institucional con la misma familiaridad con que podría estar refiriéndose a los cabecillas narcoterroristas o delincuentes de otra naturaleza, hecho que deja ver de bulto la clara intención proterva que tiene la actuación.

Ojalá y esto no sea una política oficial para desprestigiar a las Fuerzas Militares y neutralizar la acción de la Inteligencia Militar en un momento tan delicado para la institucionalidad misma creado por la arremetida del narcoterrorismo que busca mostrar una fortaleza que no tiene para consolidar sus posiciones políticas en las negociaciones que adelanta con el gobierno.

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Publicado por en octubre 31, 2014 en Opinión Pública

 

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