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LO QUE VIENE DE LA HABANA

02 Nov

LO QUE VIENE DE LA HABANALuego de más de dos años de diálogos los colombianos sólo conocemos oficialmente los preacuerdos alcanzados en tres de los cinco puntos de la agenda, preacuerdos que son parciales y están pletóricos de salvedades y pendientes por parte de la narcoguerrilla que aspira a otro escenario, una constituyente, para dilucidarlos.

El Centro Democrático ha presentado una lista de 68 objeciones a estos preacuerdos y el debate no se ha dado de manera pedagógica para que los ciudadanos comprendan el alcance de esos preacuerdos o la validez de los reparos; la polarización política entre la alianza santista y el llamado uribismo no sale de las mutuas descalificaciones, la agresión verbal y ya casi física en las mismas instalaciones del Congreso donde un Senador liberal de Nariño casi se va a las manos contra el expresidente y senador por estos temas.

Quedan dos puntos vitales para alcanzar un acuerdo de cesación del conflicto, el asunto de las víctimas y el desarme de la organización narcoterrorista como requisito para su paso a la actividad política contemplada en el punto número dos de la agenda; luego de meses de discusión en el asunto de las víctimas surge de pronto un anuncio entusiasta del gobierno que hace referencia al reconocimiento de las mismas por parte de las Farc, pero a renglón seguida estas se encargan de sembrar las dudas en sus comunicados oficiales donde sólo hacen referencia a posibles errores en el desarrollo de los actos de guerra, algo que es muy diferente a reconocerse como victimarias.

En el tema de las víctimas la sensación que queda es que se da un paso adelante y dos atrás en los diálogos; de la posición primaria de no reconocer víctimas por parte de las Farc y exigir que fueran reconocidas como tales al menos ya comienzan a hablar de efectos colaterales entre la población civil como consecuencia de sus acciones, pero más allá de ello no hay avances significativos en materia de reconocimiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cuya autoría siguen negando.

El gobierno ha sido más generoso en ese campo, no sólo ha llegado ya a plantear una especie de culpa colectiva en el conflicto sino que en la delegación de víctimas ahora acepta que virtualmente un terrorista que paga una condena lícita se presente a la mesa como víctima para quejarse de las condiciones de su reclusión, aceptando una comparación con la queja que llevara a La Habana el señor General (r) Luis Mendieta secuestrado por la narcoguerrilla por 12 años. Las Farc exigen que el Estado, las instituciones públicas y privadas, la iglesia y toda forma organizativa de la sociedad se declaren culpables de estos más de 50 años de violencia irracional y quizá hay si acepten alguna especie de culpa por “errores cometidos” en ese mismo período.

Es previsible que las rondas de conversaciones sobre el tema de las víctimas culmine con más desacuerdos que acuerdos, pero las Farc habrán obtenido una estrategia victoria política al poder demostrar que el 70% de las víctimas fueron causadas por el Estado o por organismos ilegales afectos a él, que sólo un 30% pudieron haber sido ocasionadas por ellas y que queda en discusión si corresponden a la definición de víctimas o prisioneros de guerra o retenidos por razones políticas o económicas en virtud de algún control territorial que hubieren podido ejercer por ausencia del Estado.

Es doloroso que por no ser “políticamente correcto” y adecuado a esta negociación temas neurálgicos como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que aún siguen practicando las Farc, no hayan sido tema de un debate profundo y sincero –hasta el punto de no tener estas víctimas representación alguna-, sino apenas objeto de alguna charla tangencial de la que no surgirán respuestas y mucho menos acuerdos.

Mucho menos pueden esperar las víctimas civiles del uso de armas no convencionales o minas antipersonal por parte de las Farc, que no pueden ser consideradas efectos colaterales en tanto fueron dispuestas específicamente para hacer daño en zonas de protección especial del DIH por ser estructuras viales o de vivienda o centros escolares, hospitalarios, de vivienda o de concentración de pobladores civiles no guarniciones militares o de policía; aunque estas sean sitio obligado de paso de las tropas, el DIH tiene normas específicas que obligan a la contraparte a abstenerse de adelantar acciones armadas en esas zonas.

Tampoco tendrán respuesta las víctimas y sus dolientes de conductas como el secuestro-desaparición; son miles de colombianos y ciudadanos extranjeros que fueron plagiados por las Farc y asesinados o dejados morir en cautiverio pese al cobro de los rescates, hay centenares de testimonios que incluyen temas tan escabrosos como seguir cobrando el rescate después de muerta la víctima del delito. Según cifras de diversas organizaciones oficiales y privadas, entre estos secuestrados-desaparecidos se cuentan al menos 946 soldados y policías que se sabe fueron llevados a la fuerza por las estructuras criminales de las Farc especialmente en el Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Santanderes y Magdalena Medio, y de las cuales nunca se volvió a tener razón.

Hay reclamos de comunidades de Venezuela y Ecuador sobre secuestro-desaparición de ciudadanos de esos países trasladados a la fuerza a territorio colombiano y que pese al pago de los rescates nada volvió a saberse de ellos. Poco esfuerzo han hecho esos gobiernos por la suerte de sus ciudadanos quizá por la identidad ideológica con las narcoguerrillas y ojalá las Farc no hayan sido un instrumento político de los regímenes allí imperantes.

Esperar respuestas para los miles de secuestrados-desaparecidos será inútil, la narcoguerrilla los desconoce y el gobierno se empeña en decir que es mejor dejar así para que no vuelva a suceder. Las conclusiones sobre las víctimas serán siempre incompletas y como sucedió en otros lares la fementida “memoria histórica” sólo se ocupará de las víctimas que indiquen los terroristas que quieren pasar a la política.

 
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Publicado por en noviembre 2, 2014 en Opinión Pública

 

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