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LOS SAPOS DE LA PAZ

22 Nov

LOS SAPOS DE LA PAZEl gran debate nacional sobre el proceso de La Habana está reducido a la aplicación de la justicia transicional y el reconocimiento pleno de derechos políticos y civiles a quienes conforman las diversas estructuras criminales de la narcoguerrilla; es hora de comenzar a poner en su verdadero contexto esa discusión.

Lo que se nota en la mayoría de las encuestas realizadas sobre el particular es un gran rechazo de los colombianos a que responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra obtengan beneficios judiciales o políticos sin haber pagado con penas privativas de libertad, así sean mínimas en relación con el daño antijurídico como las impuestas a los cabecillas y mandos intermedios con responsabilidad penal en este tipo de conductas punibles, de las antiguas AUC (8 años), y con la pena accesoria de inhabilidad política como finalmente ocurrió en Justicia y Paz.

Los defensores de la tesis de supresión de las penas privativas de libertad y a cambio conceder penas alternativas como el trabajo social, sostienen que es imposible dada la precaria infraestructura de nuestro sistema judicial y carcelario poder investigar, judicializar, sancionar y condenar efectivamente a todos los miembros de las Farc; tal tesis es un elaborado sofisma de distracción sobre la realidad que representaría la justicia transicional y el número de personas que si serían sometidas a todo el proceso judicial.

Atendiendo cifras oficiales las Farc hoy cuentan con cerca de 8.000 individuos divididos en las diferentes estructuras criminales y 3.000 milicianos (guerrillas urbanas),  y cerca del 40% serían menores de edad enlistados por la fuerza o el engaño, lo que los convierte entonces en víctimas de la organización narcoterrorista y no en victimarios. Así el pié de fuerza total sería de no más de 7.000 personas; si nos atenemos a la lógica de la división jerárquica sólo el 10% tendría responsabilidades de mando intermedio y superior, esto es 700 terroristas que terminarían respondiendo en diferentes grados personales por la comisión de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El Estado Mayor de las Farc (determinadores y ordenadores de las acciones narcoterroristas), lo componen 6 delincuentes: Rodrigo Londoño Echeverry alias Timochenko o Timoleón Jiménez; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Milton de Jesús Toncel Redondo alias Joaquín Gómez o Usuriaga; Wilson Valderrama Cano alias El Médico; Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo; Félix Antonio Muñoz Lascarro alias Pastor Alape o José Lisandro Lascarro. El suplente de esta estructura es Hermilio Cabrera Díaz, alias Bertulfo. Sobre estos bandidos recae la responsabilidad directa o mediata de todas las operaciones terroristas desarrolladas por la organización narcoguerrillera, siendo un absurdo pretender que la justicia colombiana no tiene la capacidad para endilgarles las responsabilidades que penalmente les correspondan y que no hay celdas para que paguen penas privativas de libertad en las cárceles del país, como sostienen entre otros el Fiscal General de la Nación.

A su vez estos mismos terroristas son responsables por la ejecución de las acciones criminales como jefes de Bloques que son, así: Iván Márquez y Bertulfo son cabecillas del Bloque Caribe, del que hacen parte también Abelardo Caicedo Colorado alias Solis Almeida y Seusis Hernández, alias José Santrich. Del Bloque Magdalena Medio, Timochenko y Pastor Alape; del Bloque José María Córdoba, Luis Carlos Úsuga Restrepo alias Isaías Trujillo (emparentado con los cabecillas del Clan Úsuga), Gilberto Torres Muñetón, alias El Becerro; del Bloque Occidental alias Pablo Catatumbo y Edgar López Gómez, alias Pacho Chino o Miller Munar; del Bloque Sur alias Joaquín Gómez y José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez; del Bloque Central Raúl Duarte, alias Jerónimo Galeano.  Bloque Oriental o Bloque Jorge Briceño, alias El Médico, Noé Suárez Rojas alias Grannobles o Germán Briceño Suárez, Luis Antonio Lozada, alias Carlos Antonio Lozada. Es decir, estas estructuras aportarían otros 9 bandidos como responsables directos o mediáticos de las acciones narcoterroristas, lo que sumaría un total de 16 terroristas a responder judicialmente por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Los otros responsables por esta clase de conductas serían distintos jefes de frente y de escuadra que no superan los 40 individuos, con lo que la suma indica que tampoco serían la totalidad de cabecillas y mandos medios de la organización criminal quienes finalmente deben responder penalmente por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sancionables a la luz de la legislación nacional y del DIH, así que la excusa de la incapacidad judicial o carcelaria para que ello se dé, se cae de su propio peso.

Terroristas que hacen parte de la llamada Comisión Internacional, por ejemplo, que residen fuera del país la mayor parte del tiempo, así como la casi totalidad de la llamada “guerrillerada”, esto es guerrilleros de base y milicianos, sólo serían responsables ante la ley por el delito de rebelión y eventualmente por algunas conductas tipificadas como conexas a él, sujetos entonces de los amplísimos beneficios contemplados en el llamado marco jurídico para la paz.

Sería entonces inmoral y cobarde que los cabecillas de las Farc pusieran como punto “de honor” el no pagar la gran deuda que tienen con la sociedad colombiana purgando penas privativas de libertad que terminan siendo apenas simbólicas comparadas con la gravedad del daño causado y que usaran como escudo a la “guerrillerada” que no estaría llamada a condenas de ese tipo, sino que en el peor de los casos pagarían un trabajo social como símbolo mínimo de reparación. Los guerrilleros rasos no pueden dejarse engañar nuevamente por los mismos individuos que representan a quienes los engañaron con la falsa promesa de una revolución que terminó convertida en un negocio criminal narcoterrorista.

Tampoco hay excusa para que se siga manteniendo el sofisma de la incapacidad del Estado para juzgar y castigar a quienes son responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, cuando en resumidas cuentas no alcanzan a ser ni el 1% del total de componentes de la organización narcoterrorista.

 
1 comentario

Publicado por en noviembre 22, 2014 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LOS SAPOS DE LA PAZ

  1. Rosita Welcker

    noviembre 22, 2014 at 3:36 am

    COMO LO LLAMARIA LOS TRAIDORES DE LA PAZ

     

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