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DELINCUENCIA DESBORDADA

27 Nov

DELINCUENCIA DESBORDADAAunque suene a llover sobre mojado es necesario insistir en el grave estado de la seguridad ciudadana en ciudades y campos colombianos; hoy la amenaza no son las narcoguerrillas como tal, sino los bandas criminales y la red de delincuencia común que se teje en torno a ellas, relacionada con delitos de microtráfico y todos los conexos al mismo, en tanto el consumo de narcóticos alienta y estimula otras conductas punibles contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

El preámbulo constitucional señala que la Nación se funda en la necesidad de los ciudadanos de contar con unas garantías de convivencia y de justicia, siendo principio fundamental del Estado social de derecho la prevalencia del interés general; pero en materia de seguridad ciudadano y de justicia, esos principios fundacionales se quedan solamente en hermosos enunciados teóricos.

Y en esas materias la responsabilidad de la inseguridad no puede soslayarse para culpar únicamente a los organismos de seguridad, Fuerzas Militares y de Policía, sino que debe mirarse estructuralmente para concluir que es la ausencia de justicia la principal causa del desbordamiento delincuencial. El Sistema Penal Acusatorio ha fracasado y el intento de crear estratificaciones del delito según el daño antijurídico causado, alienta la actividad criminal; la laxitud normativa al considerar la responsabilidad penal de los autores de los delitos en razón de la edad genera una estado de impunidad que es utilizado por las organizaciones criminales para explotar con mayor descaro la acción delincuencial de los niños y adolescentes.

Las víctimas por excelencia del delincuente son esos ciudadanos de a pie que derivan su sustento propio y familiar de un salario, que a duras penas y con grandes esfuerzos van construyendo un patrimonio modesto que les hace pensar en una mejor calidad de vida, de tal manera que la acción criminal contra esos bienes constituyen para él un gravísimo atentado que lo priva irremediablemente del disfrute de sus derechos y garantías; pero para el modelo judicial basado en las cuantías, el hurto de esos bienes o de ese salario es un daño menor y los responsables del delito gozan de impunidad porque su conducta no afecta un patrimonio significativo y más tiempo pierde la víctima intentando acceder a la justicia que el que efectivamente dura la privación de libertad del perpetrador del delito cuando este es capturado.

A lo anterior se suma lo que ya se convirtió en costumbre, el paro judicial de dos meses terminando el año para empatarlo con la vacancia judicial de otro mes, si a estos días se le suman los sábados, domingos y festivos en los que no funcionan los despachos, se tendrá que en resumidas cuentas los colombianos sólo tienen 6 meses al año para acceder a una justicia que no se caracteriza precisamente por su prontitud y oportunidad, que tiene un represamiento de procesos que bordea el 70% en todas las jurisdicciones y cuyas sentencias dejan mucho que desear; amén de los consabidos escándalos de corrupción y favorecimientos que se convirtieron en el deshonroso blasón de este poder público.

Es esa falta de justicia la causa de muchas violencias. Los ciudadanos cansados de una justicia inoperante deciden usualmente tomarla por su propia mano y ejercer venganza contra quien les hizo daño; los efectos perversos de esta situación no hay ni que mencionarlos y se reflejan en un indicador incontrovertible, el crecimiento de la seguridad privada para suplir la ineficiencia e ineficacia del Estado, que ya ha representado el surgimiento de graves fenómenos como las llamadas autodefensas que terminan siendo una solución más pavorosa que la misma delincuencia organizada o común.

Ya se vuelve frase de cajón aquella de que sin justicia no hay paz, de tanto repetirla va creando una especie de caparazón para explicar la inacción del Estado y la reacción ciudadana. De nada valdrán acuerdos angelicales con las organizaciones armadas ilegales si se mantiene el irregular estado de cosas en materia de justicia, surgirán nuevas y más aberrantes violencias, grupos delincuenciales en franca lucha por control de territorios y mercados ilícitos, ciudadanos que se arman y organizan para responder a la agresión; si los casos centroamericanos, especialmente el de El Salvador y actualmente México no nos enseñan algo, definitivamente estaremos condenados a repetir los mismos ciclos y a recorrer nuevamente el penoso camino de una nación inviable.

 
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Publicado por en noviembre 27, 2014 en Opinión Pública

 

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