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UN INJUSTO ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD MILITAR

04 Dic

UN INJUSTO ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD MILITARLas guerras las declaran los políticos y tienen que librarlas los militares, esa ha sido una constante histórica en la sociedad humana; justas o injustas todas las guerras obedecen a una decisión política, en el caso del llamado equívocamente “conflicto armado interno”, la guerra surge de la decisión política del Partido Comunista de combinar todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, con la única pretensión de tomarse el poder para imponer su modelo ideológico como forma de estado.

Las desigualdades sociales, económicas y políticas que podían existir en la Colombia de los años 40 y 50 no son más que una excusa utilizada para justificar esa decisión política, no existe una sociedad perfecta donde impere la igualdad absoluta en todos los sentidos para sus miembros, de tal manera que si la justificación esgrimida fuera valedera, todas las sociedades vivirían en una permanente ebullición de violencia para imponer este o aquel modelo de estado como solución a esas desigualdades.

Las sociedades tienen ejércitos por una sencilla razón, atienden tres fundamentos básicos de la unidad nacional: el sentimiento de amenaza exterior, la ligazón con la identidad de pueblo y el sentido de pertenencia a una nación. Básicamente desde la antigüedad, la mayoría de los ejércitos se forman como un mecanismo disuasivo frente a otros pueblos y naciones, así como se forma el poder judicial para contener y neutralizar cualquier amenaza interna que pueda afectar esa unidad de la nación. Ha sido la teoría filosófica o sociológica la que posteriormente introduce elementos de discusión frente a la existencia de los jueces y los militares para explicar teorías de la dominación. En la antigua Grecia los militares eran los guerreros o guardianes representaban el valor del alma nacional, desprovistos de todo bien material eran protegidos y formados por el Estado y su única misión era defender los intereses de la comunidad en su conjunto.

En Colombia será el Ejército formado por el Libertador el que le de vida a la república, no la república al Ejército. Es sobre el sacrificio de ese puñado de hombres que desafiaron todas las precariedades e incluso el rechazo de algunos habitantes temerosos de desprenderse del cordón umbilical de la colonia, el que cimentó las bases de la nación que aún hoy nos rige. No fueron las negociaciones políticas o diplomáticas con la corona española las que consiguieron la libertad y la democracia, fue el valor, el honor y la lealtad de unos pocos hombres de armas comprometidos con todo el pueblo que hoy conforma nuestro país. Bien señalaba Bolívar, fueron las armas las que le dieron la independencia a Colombia, las leyes posteriores le dieron forma a la libertad alcanzada como nación.

Alcanzada la independencia la idea de un Ejército nacional se olvidó y los políticos crearon sus propios ejércitos para imponer mediante la fuerza un modelo u otro de estado; centralistas, federalistas, los partidos del régimen de libre comercio y aquellos que fundaban la nacionalidad en la tierra y en instituciones pétreas. Las sucesivas guerras internas tienen su clímax en la violencia partidaria que desangró al país en la primera mitad del siglo XX y de las cuales surgiría como un principio inamovible el retomar el ejército nacional ajeno a cualquier veleidad política y al servicio de toda la nación, como se ha mantenido hasta hoy y que precisamente permitió que Colombia fuera modelo de democracia en los años 70 y 80 cuando el subcontinente latinoamericano vivió una convulsionada época en la que la violencia comunista forzó gobiernos de facto en algunos países.

Sólo en la década de los 50, por decisión política de un amplio sector de la ciudadanía cansado de la violencia partidista, la institución militar aceptó asumir el poder estatal en cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), en 1958 una Junta Militar devolvió el poder a la autoridad civil. Durante este período de cinco años se alcanzó la desmovilización –como se diría hoy-, de organizaciones violentas quedando solo algunos reductos en el Tolima de gentes que no quisieron volver a la civilidad porque habían hecho del delito su modo de vida y que fueron aprovechadas por los comunistas para darle origen a lo que después serían las Farc (1964), organización criminal que aún se mantiene con las mismas premisas ideológicas aunque su praxis esté más ligada a una realidad narcotraficante transnacional y terrorista con alcances internacionales.

Las Farc jamás han tenido siquiera un 1% de respaldo popular, el comunismo en general no ha superado el 10% de electores; el narcotráfico y ahora la minería ilegal, amén de delitos como la extorsión, el secuestro, el contrabando, etc., les permitieron acumular una gran fortuna con la que pudieron, aprovechando la buena fe de gobiernos nacionales interesados en la cesación del conflicto, formar una organización criminal que llegó a convertirse en una verdadera amenaza para la institucionalidad democrática hasta el punto de que Colombia fuera calificada a finales del siglo pasado como una nación inviable, entonces la narcoguerrilla estaba convencida de haber pasado a una nueva fase de su guerra contra el Estado, la guerra de posiciones y control territorial.

A finales de 2002 el gobierno diseña una estrategia exitosa que combina la voluntad del pueblo, la decisión política del gobierno y la fuerza de su Ejército para neutralizar la amenaza narcoterrorista y en 8 años se logra reducir a menos del 50% la capacidad de fuego del enemigo, como destruir su red logística y de comunicaciones provocando serios conflictos en la cadena de mando, de más de 20.000 hombres en armas, las Farc se reducen a cerca de 8.000, sus redes urbanas son desvertebradas casi que por completo y el desprestigio internacional sólo les deja como aliados a sectores radicales de los gobiernos de Venezuela, que les dan albergue, y del Ecuador, apoyo logístico.

A partir de 2012 el gobierno presidido por el anterior Ministro de Defensa opta por el diálogo y las negociaciones y una narcoguerrilla al borde de la derrota militar se ve de pronto oxigenada políticamente y con una absurda prepotencia posa ahora de fuerza vencedora exigiendo la rendición del Estado y la entrega del poder político, social y económico; de la mano del gobierno nacional recupera una imagen política internacional y se siente impune para continuar con su cadena de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad con el chantaje de que si no se atienden sus demandas ejercerán una violencia más deshumanizada.

Pese a situaciones presentadas en el curso de este proceso que han significado verdaderas afrentas y humillaciones innecesarias incluso por parte de elementos e instituciones del mismo gobierno, perseguidos injustamente mediante procesos basados en falsos testigos, falsas pruebas y desconocimiento de hecho de sus garantías constitucionales, los militares han mantenido su lealtad y obediencia debida al poder político y la observancia plena de las normas de guerra y de respeto a los DD.HH y al D.I.H., cosa contraria a la conducta observada por la narcoguerrilla.

Sin embargo se insiste políticamente en poner en el mismo plato de la balanza a las Fuerzas Militares y de Policía, al Ejército Nacional con las organizaciones narcoterroristas, responsabilizándolas por igual de la violencia desatada por decisión política del Partido Comunista en más de 50 años de agresión al pueblo colombiano. El Ejército colombiano no es un actor del conflicto, sino una institución que ha obedecido y hecho respetar las normas que aseguran el tejido social, la convivencia y la supervivencia de la nación frente a una amenaza interna y externa.

Equiparar al Ejército Nacional con las narcoguerrillas es un ultraje inmerecido al Honor de los soldados de Colombia, un agravio a su historia como fundamento de la nación y un ataque injustificado a la institución militar sólo para satisfacer egoístas intereses políticos de nefandos personajes que creen que sacrificando a los soldados y los policías alcanzaran un sitial de gloria en las páginas de la historia nacional.

 
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Publicado por en diciembre 4, 2014 en Opinión Pública

 

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