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UN PROCESO SIN CREDIBILIDAD

05 Dic

proceso de pazLos resultados de las mediciones de confianza y credibilidad en el proceso que se adelanta en La Habana con las Farc no pueden ser más dicientes, el número de colombianos que ha dejado de creer en que allí se alcanzará la paz crece y el optimismo de los primeros meses da paso a un pesimismo más que moderado. Temas como la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra promocionados por la Fiscalía y tácitamente por el gobierno nacional y el legislativo, son la principal razón de ese cambio de actitud de los ciudadanos frente al proceso.

Aunque esas mediciones varían según la zona donde se realiza, teniéndose que en los centros urbanos puede ser un poco mayor el apoyo a medidas de justicia transicional excesivamente favorables a los terroristas, en las zonas geográficas donde se ha sufrido el rigor de la guerra injustamente declarada por el Partido Comunista a través de la combinación de las formas de lucha, un 53.1%  de los habitantes está en desacuerdo con esos beneficios, que en la muestra nacional reflejan un 56.3% de rechazo a los mismos. El 62.2% de los colombianos no cree en la sinceridad del arrepentimiento de los terroristas frente a las víctimas y el 65% rechaza abiertamente la posibilidad de habilitación de derechos políticos para los narcoterroristas.

Es un hecho que la reiteración de la narcoguerrilla en mantener la violencia contra el pueblo colombiano como instrumento de presión política es la que determina esos resultados; hablar de paz en La Habana y arreciar la guerra en el país es una paradoja que despierta el abierto rechazo de los ciudadanos que no sienten identidad con el optimismo que quiere transmitir el gobierno y que consideran débil la respuesta estatal a las acciones criminal de los terroristas especialmente porque esta organización armada ilegal vuelve a la comisión de delitos que ya se consideraban neutralizados como los retenes ilegales, los atentados contra la infraestructura de hidrocarburos y energética como contra obras civiles esenciales, el secuestro y el reclutamiento de menores, el uso de armas no convencionales y el inusitado crecimiento de la extorsión, entre otros.

El ciudadano del común ha entendido que una cosa es negociar en medio del conflicto como se acordó inicialmente, pero que el conflicto hace referencia a las acciones de guerra propias en el enfrentamiento de la Fuerza Pública con las estructuras armadas de las Farc, otra cosa es la comisión de actos contrarios al DIH y al respeto a los DD.HH de la población civil y de miembros de la Fuerza Pública que no se encuentran en condiciones de combate o defensa. Pretender lo contrario es un acto de felonía que viola los fundamentos del Estado social de derecho consagrados en la Constitución Política y de cuyo ejercicio libre son garantes todas las autoridades e instituciones legítimamente constituidas.

En nada contribuye a mejorar el clima de aceptación del proceso el excesivo secretismo de la delegación oficial mientras el narcoterrorismo utiliza todo su potencial propagandístico para tratar de demostrar que está imponiendo condiciones y temas, lo que en el mejor de los casos ha tenido como efecto una tibia reclamación del gobierno cargada de diplomacia y tacto; tampoco sirve el intento de sectores de la coalición de gobierno y de los voceros políticos del narcoterrorismo por reducir el conflicto y sus efectos a una mera cuestión semántica para justificar el exceso de beneficios que el llamado marco jurídico para la paz y la eventual ley estatutaria contemplarían para los narcoguerrilleros.

Al reanudarse el próximo 10 de diciembre la discusión en la mesa de diálogos, el punto central en el que girarán las reuniones de las delegaciones será el desescalamiento del conflicto, punto tratado en los encuentros previos que sirvió para superar la crisis en la que entró el proceso de paz, luego del secuestro del general Rubén Alzate por las Farc. A este punto se suma la negativa del Gobierno, ante la petición de las Farc, de solicitar un cese el fuego bilateral. El presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático, y esperamos que esta vez no sea un comodín el que se juega, en señalar que no habrá un cese de la ofensiva militar hasta que no se firme el acuerdo final.

Lo ideal sería silenciar los fusiles, pero la realidad fáctica del accionar de las narcoguerrillas, ahora en alianza con las bacrim, impide la concreción de tal aspiración nacional; las Farc han demostrado históricamente no tener ningún respeto por las treguas o ceses bilaterales de operaciones porque han continuado sus conductas delictivas amparadas en ello. Para la narcoguerrilla toda concesión del Estado es una muestra de debilidad que tienen que aprovechar con ganancias políticas y armadas, esa es la filosofía de la combinación de las formas de lucha que han practicado y a la que no han renunciado; de allí que resulte un sofisma y una utopía propuestas como desescalar este conflicto armado para que recupere la identidad de conflicto y deje de ser una guerra irregular porque lo que han adelantado las Farc, desde su época de autodefensas campesinas en los 40 y 50, es precisamente el desarrollo de los principios de la guerra irregular, guerra de guerrillas o conflicto asimétrico como hoy se llama.

El proceso de paz no llegará a feliz término si se insiste en mantenerlo en los niveles del idealismo utópico adornado con un lenguaje florido para no molestar a la contraparte; la paz comenzará a hacerse realidad cuando las Farc reconozcan el verdadero origen político de la guerra que adelantan contra el pueblo colombiano, la intención de tomarse el poder por las armas para implantar el modelo comunista de estado, su mutación a organización narcoterrorista y que pase por la entrega de armas como condición para la firma de acuerdos reales que conlleven castigo efectivo para quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo demás serán castillos de naipes que se derrumbarán inevitablemente.

 
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Publicado por en diciembre 5, 2014 en Opinión Pública

 

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