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CRISIS PREOCUPANTE

06 Dic

CRISIS PREOCUPANTELa sola existencia formal de un poder judicial no significa que un país haya justicia; el Estado social de derecho, como se consagra Colombia en su Constitución, indica que está sometido al imperio de la ley, lo que implica que este está sometido a controles judiciales independientes para garantizar equidad y verdadero ejercicio de las garantías civiles y los derechos humanos a todos los que lo componen, sin exclusión alguna. El Estado de Derecho implica la independencia de los poderes públicos que garantizan esos derechos, mediante lo cual se logran buenas leyes equilibradas y establecidas por un Poder Legislativo autónomo, la administración de justicia ejercida por jueces imparciales e independientes y la ejecución de las leyes efectuada por un Poder Ejecutivo eficiente, transparente y moderno.

El panorama que se presenta hoy en el poder judicial es alarmante. Múltiples escándalos que han horadado la tradicional figura del juez como punto de equilibrio de los poderes públicos, corrupción a tutiplén, falta de preparación adecuada para el ejercicio de esa dignidad, una politización perversa del sistema por parte del ejecutivo y el legislativo, sólo por mencionar algunas de las falencias más graves de la imagen institucional agravada por una verdadera denegación de justicia reflejada en acumulación de procesos, irrespeto a los términos procesales mediante maniobras inmorales y en algunos casos ilegales por parte de los actores del proceso o por ineficiencia e ineficacia del sistema, hasta la realización de paros de operadores judiciales en los que apenas un 18% de sus componentes, que con la excusa de reformas al sistema terminan simplemente exigiendo salarios y beneficios prestacionales, es capaz de inmovilizar todo el aparato judicial con grave perjuicio para los ciudadanos.

Como si fuera poco e invocando razones políticas, ahora se desquicia el ordenamiento jurídico penal, ya de por sí afectado por el híbrido llamado sistema penal acusatorio que convirtió esta jurisdicción en un mercado de favorecimientos donde priman los falsos testigos en busca de exagerados beneficios en lugar de la investigación científica que garantizaría la correcta administración de justicia. En aras del proceso de diálogos que se adelanta con la narcoguerrilla Farc se pretende convertir en delitos conexos al de rebelión todas aquellas conductas punibles secularmente rechazadas por las sociedades como son los crímenes de guerra y los delitos calificados como de lesa humanidad con la garantía además del reconocimiento pleno de derechos políticos a los responsables de los mismos.

En ese sentido se propone soterradamente, además, eliminar la realidad de la sistematicidad de la comisión de esos delitos execrables aplicada por las Farc, y quien lo dude bien puede consultar el llamado Plan Renacer de esa organización, para señalar que fueron casos aislados y eventuales y no la ejecución de todo un programa para sembrar el terror entre la población civil a fin de lograr los objetivos de la toma del poder para la implantación del comunismo y en los últimos 40 años la realización del narcotráfico como modo de vida delincuencial.

Las propuestas políticas que hace el gobierno, directamente o a través de la Fiscalía y la coalición congresional, llevan a desconocer incluso lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-579 de 2013 sobre el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, en el sentido de que si bien es cierto que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección y priorización, se deben centrar esfuerzos en la investigación penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, garantiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia. Entonces la Corte concluyó que en virtud de los instrumentos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que son vinculantes para Colombia, y los pronunciamientos de sus intérpretes, es legítimo que se dé una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegure que, como mínimo, se enjuiciarán y castigarán aquellos delitos.

Pero mientras esas propuestas contemplan toda suerte de garantías y exclusiones de responsabilidad para los narcoterroristas, judicialmente se pretende equiparar a las legítimas FF.MM y de Policía a los criminales, ofreciendo algunos beneficios, no todos, de la Justicia Transicional a militares y policiales que hubieren podido incurrir en delitos no relacionados con el servicio, excepto precisamente los que se condonan a los narcoterroristas, durante el conflicto como una suerte de caramelo para paliar cualquier protesta o insatisfacción de este sector del aparato estatal. Hay que recordar incluso que varias sentencias de jueces y magistrados no han dudado en señalar que las FF.MM y de Policía terminan siendo una especie de asociación para delinquir mientras las organizaciones criminales son calificadas como altruistas.

No cabe duda que todo ello va a configurar la negación de verdadera justicia y el reconocimiento y reparación para las víctimas de las Farc, negándose de plano los fundamentos del Estado social de derecho  en un intento de construir una paz endeble cimentada en simple oportunismo político y con grave daño para la institucionalidad democrática. No es una cuestión de interpretación semántica, el discurso dulzón e idealista no cambia esa realidad perversa que comienza a construirse en beneficio de una organización criminal que militarmente derrotada alcanza una victoria política insospechada.

 
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Publicado por en diciembre 6, 2014 en Opinión Pública

 

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