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MITOS SOBRE EL FUERO MILITAR

08 Dic

MITOS SOBRE EL FUERO MILITAREn estos días, el ex presidente de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao decía con desparpajo “temo que la Corte se derechice” (El Tiempo, 05.12.2014), lo que indica cuál ha sido la orientación ideológica que en los últimos años se le ha dado al máximo tribunal constitucional colombiano y explica esa rabia casi que patológica que algunos Magistrados y por efecto dominó los jueces, le han dado al análisis de procesos que tienen que ver con la institución militar.

Se ha llegado al aberrante extremo de que en algunos fallos e intervenciones de esos personajes de manera perversa se haga referencia a las FF.MM como una “asociación para delinquir”, especialmente cuando hablan de los llamados “falsos positivos”, término acuñado por el hoy presidente de la repúblico cuando era Ministro de Defensa en el gobierno anterior para describir algunos casos que comprometieron la responsabilidad personal penal de unos pocos miembros del Ejército incursos en homicidios en personas civiles presentadas como resultados de combates con narcoterroristas.

No se puede negar, ni ocultar, la gravedad de esas conductas particulares que afectaron la imagen institucional, sobretodo porque la desafortunada definición del entonces Ministro fue tomada sistemáticamente por sectores políticos afines a las narcoguerrillas y politiqueros de oficio para presentarse como “progresistas”, para atacar de manera innoble a la institucionalidad castrense y por los narcoterroristas para tratar de crear una especie de escudo jurídico para señalar que los bandoleros abatidos en combate eran en realidad inocentes campesinos o defensores de derechos humanos asesinados por las tropas legítimas, cosa que les ha dado inmensos frutos mediáticos, sobre todo para denegar el inmenso éxito de la Política de Defensa y Seguridad Democrático en el desmantelamiento de las estructuras criminales que las componen.

Históricamente los ejércitos han tenido enemigos abiertos y soterrados, muy pocos afortunadamente  para beneficio de las naciones pero bien escandalosos; son gentes que además de las razones ideológicas tienen ciertos resentimientos porque no pudieron cumplir con el deber superior de poner la vida al servicio de la patria, por alguna limitación física o mental o porque violando la ley pagaron para evadirla con el cuentico ese de “no prestar los hijos para la guerra”.

Ese vociferante grupúsculo de enemigos del Ejército acude en ayuda de los adversarios ideológicos que pugnan por desmontar la institución militar en Colombia desde los escenarios jurídicos y políticos, haciendo causa común en el desorden creado por un desafortunado acuerdo interadministrativo firmado por el entonces Ministro de Defensa del gobierno Uribe, Camilo Ospina Bernal, y el ex fiscal Mario Iguarán, acuerdo del 14 de junio de 2006, que prácticamente hizo nugatorio el derecho al debido proceso y a la defensa, al juez natural y a la presunción de inocencia, que conforman el llamado fuero militar. Aunque este acuerdo fuero declarado nulo parcialmente por el Consejo de Estado sigue siendo arbitrariamente aplicado y legitimado perversamente por el actual gobierno.

Uno de los absurdos creados por ese acuerdo y que hoy se mantiene, es que los fiscales y los técnicos del CTI no acuden a los campos de batalla, sino que posteriormente y generalmente desde un escritorio pretenden hacer una reconstrucción de un combate para determinar si las bajas de las narcoguerrillas corresponden a actos del servicio de los militares o no, para determinar que jurisdicción debe conocer de las investigaciones y juicios penales que deban realizarse. Por cuenta de esta aberración jurídica hoy hay más de 4.000 militares privados de la libertad y a quienes no se les ha definido su situación jurídica; las cuentas de la izquierda y de los enemigos de la institución hablan de 15.000 hombres de la fuerza pública porque a cada oportunidad que se presenta las ONG de bolsillo de la narcoguerrilla acusan a todo un batallón por los resultados de algún combate sostenido por una escuadra o un pelotón.

El fuero militar no es como lo presentan los enemigos de las FF.MM. Es una figura jurídica que permite que los militares, por razón de la naturaleza de su oficio de las armas, sean investigados y juzgados por quienes tienen conocimiento de la ciencia militar y no por fiscales y jueces civiles que la desconocen totalmente, salvo que la conducta investigada no guarde relación con la actividad y misión propia de la institución castrense. No es nueva, ni se quiere crear para tender un manto de impunidad a los militares en razón del llamado “conflicto interno”, se remonta en Colombia desde las instituciones militares españolas y se ha mantenido en las Constituciones como hoy lo hace en el art. 221 de la Carta vigente.

El orden constitucional fue roto por el citado acuerdo interinstitucional y algunas sentencias de ideólogos izquierdistas enquistados en las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia que llegaron incluso a definir el narcoterrorismo como una causa altruista. Colombia es el único país del mundo donde organismos como Amnistía Internacional quieren legislar en esta materia con el aplauso de los idiotas útiles de los enemigos de la patria, los mismos que exigen impunidad absoluta para quienes por razones políticas desataron una guerra atroz contra el pueblo colombiano y condena total para quienes en cumplimiento de la Constitución y la ley defendieron las instituciones democráticas.

Hoy, lo que se discute en el Congreso, simplemente busca devolver las cosas a su estado constitucional e incluso coloca limitantes que no existieron jamás en ese ordenamiento en la historia de la república, como es el de excluir expresamente algunas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, de la esfera de la jurisdicción penal militar. No hay ninguna ampliación del fuero militar, hay una restricción en virtud de la definición de los delitos cometidos por el personal militar en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

Ojalá los críticos de oficio que se prestan al juego narcoterrorista en su guerra jurídico-política contra el Ejército, al menos se ocuparan de leer la propuesta discutida en el Congreso antes de expresar tanta barbaridad que solamente refleja sus propias frustraciones.

 
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Publicado por en diciembre 8, 2014 en Opinión Pública

 

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