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NUEVA RONDA DE DIÁLOGOS EN LA HABANA

10 Dic

NUEVA RONDA DE DIÁLOGOS EN LA HABANAHoy debe comenzar una nueva ronda de diálogos en La Habana entre el gobierno colombiano y la organización armada ilegal Farc; técnicamente deberían continuarse las conversaciones sobre el punto número cuatro de la agenda acordada previamente, esto es solución al problema de las drogas ilícitas, pero los sucesos que llevaron a su suspensión abrupta, el secuestro del General Alzate por parte de las Farc, han introducido elementos ajenos a esa agenda y que se resumen en cómo desescalar el conflicto en medio de las conversaciones.

En medio de la suspensión de los diálogos en Cuba, el presidente Santos introdujo otro tema relacionado con el punto número cuatro de la agenda al referirse a una eventual reforma legal para incluir el narcotráfico como delito conexo al de rebelión, propuesta que luego tuvo que rectificar al señalar que sólo en una eventual acuerdo general tal situación podría darse para habilitar los derechos políticos de los cabecillas narcoterroristas que resultaren incursos en conductas relacionadas con ese delito que conforme a acuerdos internacionales firmados por Colombia, como la Convención de Viena, no pueden ser objeto de amnistías, indultos o beneficios jurídicos que impidan su castigo real y efectivo.

El fiscal general ha acudido en auxilio de la propuesta presidencial señalando que “Es absolutamente posible que el narcotráfico sea considerado un delito conexo con el delito político, pues la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa y es indiscutible que en el conflicto armado colombiano el narcotráfico ha sido utilizado en la lucha armada de la guerrilla”, tesis respaldada por algunos ex magistrados y personajes del sector político, pero de la misma manera controvertida por la academia, jurisconsultos y la misma Procuraduría General de la Nación al considerar que eso no es posible por la legislación internacional.

Colombia desde 1988 se comprometió en la Convención de Viena a no considerar el narcotráfico como una figura asociada a delitos políticos. De ahí la extradición de reconocidos jefes narcoguerrilleros a Estados Unidos, el caso de ‘Simón Trinidad’. Desde 1986 cuando se empezó a delimitar el alcance del delito político, se decidió considerar que de este sólo hacen parte las conductas típicas de rebelión y sedición. Hoy no hay espacio para el delito político, pues si se trata de expresiones de opinión, éstas no están considerados como reprimidos, sino deben ser hacer parte de la libre expresión. Y si se trata de conductas de carácter violento deben ser sancionadas como tales: homicidios, secuestros, etc.

Jurídica y moralmente hay una gran diferencia entre el hurto agravado a una agencia bancaria para obtener recursos de financiación de la “lucha armada” y el narcotráfico; mientras en la primera se causa un daño antijurídico a unos bienes económicos, el segundo tiene unos efectos catastróficos sobe el tejido social universal, no sólo son los recursos económicos que se obtienen con el tráfico de narcóticos, incluido el lavado de activos, sino el daño incalculable sobre personas, instituciones y naciones. Lo grave es que de aceptarse la tesis de la presidencia, la fiscalía y los sectores que la apoyan, se estaría abriendo un boquete jurídico por el que cabrían delitos de lesa humanidad como el secuestro extorsivo, la trata de personas para fines terroristas, sexuales o de otras dimensiones y otras conductas atroces cometidas por las Farc para obtener recursos económicos.

Ahora bien, tampoco se ha explicado y seguramente no se ha tenido en cuenta la situación jurídica de organizaciones y personas que sin ser parte integrante de las Farc se han asociado con estas en la materialización del delito de narcotráfico; hay que romper el molde ese que pretende mostrar que la narcoguerrilla se limitó solamente al cobro del llamado “gramaje” para obtener recursos, eso quizá sucedió por allá en los años 70, pero desde los 80 se involucraron en toda la cadena de producción y comercialización de narcóticos, de allí que precisamente su esfuerzo se concentrara en incluir en la agenda de negociaciones esta situación como se aprecia en el numeral 3 del punto 4 de la agenda en discusión: Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Qué va a pasar entonces con los elementos de las bacrim, la delincuencia común y sectores de la banca, el comercio y la industria que contribuyeron al tráfico de narcóticos y el lavado de activos para las Farc; qué va a pasar, incluso, con elementos de la fuerza pública que deshonrando las instituciones se convirtieron en aliados de la narcoguerrilla para ese criminal tráfico y los delitos conexos a este. No son solamente los integrantes del 60% de las estructuras criminales de las Farc los que están comprometidos con estas conductas punibles y no se puede pensar en excluir la responsabilidad penal para ellos y sostenerla para sus aliados necesarios en la comisión del delito sin caer en el riesgo de desquiciar todo el ordenamiento penal.

El gobierno, las instituciones y en general la sociedad colombiana deben ser muy prudentes y responsables en la definición de este aspecto de la negociación con las Farc; hay que tener en cuenta la enorme complejidad del problema del narcotráfico en el país y recordar que fue precisamente ese delito el que nos llevó a ser considerados una nación inviable por la comunidad internacional a finales del siglo pasado y especialmente por la consideración de escándalos como los generados en el período 1994-1998 derivados de la infiltración de dineros del narcotráfico en la elección de un gobierno, sin dejar de lado las oscuras páginas de la historia escritas por el terror desatado por los carteles de la droga para obtener beneficios jurídicos con respecto a la extradición. Ya las bacrim son una fuerza considerable y pueden convertirse en amenaza real para la nación dispuesta a repetir esa trágica historia.

 
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Publicado por en diciembre 10, 2014 en Opinión Pública

 

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