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NECESIDAD DE APLICACIÓN DE NORMAS DEL DIH EN LUCHA CONTRA LAS BACRIM

11 Dic

NECESIDAD DE APLICACIÓN DE NORMAS DEL DIH EN LUCHA CONTRA LAS BACRIMLas bandas criminales, consideradas hoy organizaciones delictivas de derecho común, se convierten día a día en la principal amenaza contra la seguridad ciudadana y el orden público nacional; resultantes de la desmembración de los otrora poderosos cárteles de la droga y alimentadas por desmovilizados de las antiguas autodefensas ilegales y de los grupos narcoterroristas, son una fuerza poderosa que cuenta con estructuras y recursos que les permiten ejercer de cierta manera control territorial en algunas regiones del país.

La discusión jurídica y política sobre la naturaleza de las bacrim no ha permitido diseñar una estrategia exitosa para combatirlas, existen sectores que sostienen la tesis de que son organizaciones criminales de derecho común cuyo tratamiento debe ser únicamente policivo y judicial, porque no tienen un objetivo de combatir al Estado e interferir con el normal funcionamiento constitucional y legal, no les reconocen un ordenamiento jerárquico y una estructura piramidal que se asemeja a la de una fuerza armada ilegal. Por otro lado, se sostiene que su actividad es jerarquizada, sistemática y que obedecen a unas estructuras claramente definidas para ejercer control territorial para lograr sus fines delictivos e interferir en el normal desarrollo del orden constitucional y legal del país.

Cuál es la consecuencia, que contra las bandas criminales no se puede desarrollar la plena capacidad de la fuerza legítima del estado para neutralizar y combatir la actividad delincuencial que desarrollan, en su caso las FF.MM sólo pueden desarrollar tareas preventivas o de mera defensa, pero no adelantar operaciones ofensivas como si pueden desarrollarse contra organizaciones armadas ilegales como las Farc o el Eln, consideradas estructuras jerarquizadas que actúan con fines políticos y criminales conforme al DIH. En el estado actual de cosas, una operación ofensiva del Ejército contra las bacrim es considerada una acción violatoria de los derechos humanos, circunstancia aprovechada por las narcoguerrillas para mimetizarse como bacrim cuando sus actividades delincuenciales lo requieren y presentar sus bajas como “falsos positivos”.

Los instrumentos legales para neutralizar la acción de las bacrim están recogidos en la Directiva No. 14 del 27 de mayo de 2011 denominada Política del Ministerio de Defensa en la Lucha contra las Bandas Criminales Narcotraficantes BACRIM, que las define como grupos de crimen organizado y excluye expresamente su caracterización como grupos armados organizados al margen de la ley en los términos de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, por lo que deben ser enfrentadas en el marco de los DD.HH y no del DIH.

Estas consideraciones son más políticas que jurídicas, encabezadas por el ex viceministro y hoy negociador en La Habana Sergio Jaramillo, sostienen que ninguna de ellas tiene como objetivo político final derrocar al Gobierno, o reemplazar la labor de la Fuerza Pública. Y aunque se organizan para delinquir, lo que cuenta en este caso son los fines como lo dijo la Corte Suprema, que estableció que las Bacrim son grupos que se han asociado para cometer “delitos desligados de las causas que han llevado a sostener el conflicto armado”. Si se les comienza a tratar como si fueran parte del conflicto armado, señalan, entonces eventualmente se podría entrar en una negociación de paz con ellas, con todo lo que eso implica. Habría que ver si ese mismo principio se aplica ahora que comienza a hablarse del narcotráfico como delito conexo al de rebelión.

Otra consideración política de quienes se oponen a la aplicación de las normas del DIH está estrechamente vinculada al proceso que se desarrolla en La Habana y que supondría necesariamente que la firma de acuerdos con las Farc no implicaría alcanzar la paz como se pretende, entonces permitir que el combate de las Fuerzas Militares a las Bacrim sea regulado por el DIH implica que un acuerdo con las Farc no le pondrá punto final al conflicto armado, simplemente cambiará el nombre del enemigo.

Por otro lado, quienes sostienen que deben aplicarse las normas del DIH para combatir a las Bacrim, se señala que  las bandas criminales son grupos jerarquizados, con control territorial, con armas potentes y una capacidad ofensiva tal que cumplen las condiciones de grupo armado exigido por el DIH para ejercer sobre ellas toda la capacidad ofensiva del Estado. No se puede dar a las Bacrim un tratamiento jurídico y policial como si se tratara de una banda de delincuencia común dedicada al robo de celulares, al fleteo u otros delitos de ocurrencia común solamente en los centros urbanos, en tanto las Bacrim actúan en alianza con las narcoguerrillas y esperan heredar el poder que estas teóricamente dejarían una vez alcanzados los acuerdos con el gobierno en La Habana.

Ignorar esta realidad fundamentando la discusión en el sofisma de una supuesta confrontación de las FF.MM y la Policía Nacional por el poder y los recursos, es una gigantesca irresponsabilidad con el país. Es un hecho que aun alcanzando acuerdos con las Farc en La Habana, muchos de sus integrantes y estructuras pasarán a conformar otras organizaciones criminales o a engrosar las existentes para mantener el ilícito negocio del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos conexos a estos, de tal manera que Colombia se vería abocada a un problema mucho mayor que el que representan las maras en Centroamérica, resultantes de acuerdos de paz similares, y sus efectos de criminalidad desbordada e ingobernabilidad.

No puede tampoco dejarse de lado la realidad que representa la transnacionalidad del narcotráfico y la minería ilegal que ya opera en el país a través de las alianzas de las Farc, Eln y las Bacrim con los llamados cárteles mexicanos y las mismas maras centroamericanas, fenómeno que no podrá ser atacado solo con buena voluntad.

 
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Publicado por en diciembre 11, 2014 en Opinión Pública

 

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