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NEGACIONISMO Y REDUCCIONISMO EN LA MESA DE DIÁLOGOS

15 Dic

NEGACIONISMO Y REDUCCIONISMO EN LA MESA DE DIÁLOGOSDespués de más de 2 años de conversaciones en La Habana y habiéndose alcanzado algunos preacuerdos sobre los 3 primeros temas de la agenda de negociación establecida, la situación en la mesa de diálogos sigue siendo similar: negacionismo por parte de la delegación de las Farc y reduccionismo por los delegados del gobierno colombiano, especialmente en el tema del narcotráfico y las víctimas, dos puntos sensibles de la negociación.

Para las Farc negar la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a la luz del derecho internacional humanitario y su involucramiento en el negocio del narcotráfico, se han convertido en una premisa fundamental que no es otra cosa que negar la realidad para evadir verdades incómodas; para el gobierno, en el afán de alcanzar acuerdos, el reduccionismo de esa realidad y de la naturaleza criminal de la narcoguerrilla en una obsesión que pone en riesgo la seguridad jurídica penal amparándose en los alcances de la justicia transicional.

Las Farc se escudan en la necesidad de construir una memoria histórica para avanzar en las negociaciones, memoria histórica fabricada a la medida de sus interpretaciones e intereses, una especie de ejercicio donde la culpa de la violencia vivida en más de 50 años de su accionar delincuencial sea trasladada como responsabilidad objetiva del Estado. Ellas existen no por una decisión política de quienes introdujeron la tesis de la combinación de las formas de lucha para la toma del poder, sino por las inequidades, exclusiones e injusticias sociales, económicas y políticas del modelo de Estado que ha regido en Colombia.

Desde esa perspectiva rechazan el reduccionismo propuesto por el gobierno y no se avienen a las propuestas de justicia transicional que la Fiscalía, como órgano gubernamental ha realizado y que para gran parte de la sociedad son excesivas y vulneran los acuerdos internacionales que vinculan al país, como el Estatuto de Roma y las Convenciones de Ginebra que conforman el eje fundamental del derecho internacional humanitario y el derecho de guerra. Las Farc niega cualquier culpa y por ende cualquier posibilidad de pagar penas o castigos, así sean simbólicos, por el daño causado con su accionar terrorista y narcotraficante.

Aún los parámetros de la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de las autodefensas ilegales y de un alto número de componentes de las Farc y el Eln, que para algunos sectores políticos colombianos significaron impunidad, a la narcoguerrilla le parecen excesivos. 8 años de prisión máxima y la colaboración con la justicia para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas con la condición de que si esto no se cumplía quedaban excluidos de esos beneficios jurídicos y sufrirían las penas establecidas en la jurisdicción penal común por sus delitos. Las Farc han dicho de manera tajante que no pagarán 1 día de penas privativas de libertad y el gobierno, a través de la Fiscalía, ha ofrecido penas alternativas a la prisión, algo también rechazado; para los terroristas ninguna responsabilidad penal es aceptable.

Así, por ejemplo, señalan ahora que nunca han dirigido ataques contra la población civil y amparándose incluso en fallos del mismo Consejo de Estado, señalan que los efectos de los combates donde han utilizado armas no convencionales son responsabilidad del Estado por haber establecido bases policiales en los cascos urbanos de la población. No admiten la comisión de secuestros o tomas de rehenes, sino que hablan de retenciones por razón de su propia normatividad, la tristemente célebre Ley 002 que fijaba “contribuciones para la guerra popular” o de “prisioneros de guerra” en el caso del personal de la fuerza pública secuestrado. En el afán reduccionista ahora el gobierno también comienza a hablar de retenidos y no de secuestrados.

La cuestión no es puramente semántica, tiene un trasfondo vital para la vigencia de la Constitución y la ley en el país, en tanto muchas de las conductas punibles violatorias del DIH podrían quedar impunes o con una sanciones no acordes a la gravedad del daño antijurídico producido, lo que sin duda activaría la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el país. Ni siquiera el intento de poner a la Fuerza Pública en el mismo plato de la balanza con los narcoterroristas para justificar una normatividad laxa, evitaría tal situación.

Precisamente el afán, reduccionista que busca convertir conductas tipificadas como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el DIH en conductas conexas al delito de rebelión, para “blindar” jurídicamente a los miembros de las Farc de la acción de la CPI, incluyendo el narcotráfico regido por la Convención de Viena, son las que motivan la indignación de un muy amplio sector de la población y son causa de la polarización política, corriéndose el riesgo de que el pueblo colombiano en el mecanismo de participación popular que se adopte, no apruebe los acuerdos que se alcancen en La Habana y la anhelada paz se convierta nuevamente en un motivo de frustración nacional como efecto de una mayor división social de la que pueden generarse nuevas conflictos.

Son estos temas los que requieren una urgente aclaración pública del gobierno para que el pueblo colombiano y la institucionalidad sepan cuál es el norte real del proceso de diálogos en La Habana y se eviten especulaciones dañinas para la integridad misma del Estado; no mediante la descalificación sistemática de los contradictores, sino mediante una verdadera estrategia comunicacional y pedagógica que le lleve a los colombianos la certeza de que el modelo del Estado social de derecho vigente será preservado por sobre cualquier consideración política coyuntural que no significa el advenimiento de una paz mágica donde la firma de unos acuerdos erradicará todas las violencias.

 
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Publicado por en diciembre 15, 2014 en Opinión Pública

 

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