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DELITOS POLÍTICOS Y DELITOS CONEXOS

16 Dic

DELITOS POLÍTICOS Y DELITOS CONEXOSEl gobierno de Juan Manuel Santos y su Fiscal General han puesto como tema de discusión en el país y para facilitar los diálogos con las Farc en Cuba, el de la redefinición del delito político para considerar conexo al mismo delitos de lesa humanidad como el secuestro e incluso el enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, al considerar que estos últimos servían de medio de financiación de las Farc para sostener su pretendida “guerra popular”.

Vayamos por partes. Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) opositor al régimen de Franco, que debió por ello exiliarse en Argentina, distingue los delitos políticos de los comunes o atávicos, clasificándolos a su vez, en delitos políticos en sentido estricto (ejecutados para cambiar la forma de gobierno y crear otra nueva); anarquistas (contra la organización estatal, destruyéndola); y sociales (con el fin de lograr una más justa distribución de la riqueza). Los fines del delincuente político son generosos y propician la mejora social, a través de contradecir lo estipulado en leyes y políticas de gobierno que consideran inadecuadas. El hecho sigue siendo antijurídico aunque no se castigue, o se lo haga más benévolamente, salvo que la revolución triunfe y entonces al adecuarse las normas a las nuevas ideas resulten las actuaciones lícitas. Son por lo tanto los delitos políticos relativos a cada Estado y al momento histórico de que se trate[1].

De esta manera puede decirse que la noción de delito político ha sufrido variaciones de acuerdo con el tiempo y con las circunstancias; por eso, ha sido difícil establecer criterios homogéneos que permitan estructurar un concepto unificado. Sin embargo, el delito político ha estado siempre asociado con conductas que atentan contra el gobernante o contra el orden establecido en la organización estatal[2].

Dentro del ordenamiento legal colombiano el delito político es el único delito de rango constitucional. Mientras todos los demás delitos se definen de manera taxativa en el Código Penal, la enunciación del delito político en nuestra Carta Magna no tiene que ver con la tipificación de la conducta delictiva de quien lo comete o la delimitación del bien jurídico que se afecta con su comisión, sino con los beneficios que recibe el delincuente. Se dice en consecuencia que el delincuente político pude ser indultado o amnistiado, que no podrá ser extraditado, que no pierde los derechos políticos, que puede recibir asilo, sin que se pronuncie una sola palabra sobre las víctimas o el bien público afectado. Todo parece indicar que se trata de un delito aséptico, sin víctima o daño al bien común, delito que de entrada está justificado y perdonado. De hecho, lo propio del delito político es la ambigüedad en su definición. Ni la constitución, ni el Código Penal dicen con claridad de que se trata. La tradición jurídica colombiana asimila el delito político con los llamados dentro del Código Penal “delitos contra el régimen constitucional y legal”[3].

En honor a la verdad jurídica hay que señalar que el Protocolo II de la Convención de Ginebra de 1949 ni obliga a los Estados a conceder amnistías, ni a amnistiar todos los delitos cometidos durante una confrontación armada, puesto que simplemente señala que en caso de concederse la amnistía debe ser lo más amplia posible y la referencia se hace a los delitos políticos y conexos a estos, puesto que son los que naturalmente se derivan de motivos relacionados con el conflicto.

Prima en Colombia a partir de algunas definiciones de magistrados vinculados a la izquierda liberal o al socialismo, la noción de que los miembros de las Farc son luchadores altruistas que delinquen para que otros vivan mejor, con lo que sus delitos estarían en la órbita del delito político en tanto la motivación que se les atribuye. Se trata a todas luces de un delito atípico, más aún cuando recordamos que la interpretación más clara del delito político la encontramos en esa tradición jurídica que lo considera un “delito altruista”. Tomando como criterio de clasificación la intención de quien delinque, se diferencian los delitos en dos tipos, los “egoístas” o comunes y los “altruistas” o políticos.

Desde la época de Lombroso, mientras se identifica el delito egoísta con un delincuente nato motivado por la satisfacción de apetitos primitivos, se considera al delincuente político como un romántico sacrificado que pone en peligro su propia vida y seguridad por salvaguardar el bien común. Podemos decir entonces que más que con una delimitación objetiva del bien jurídico que se afecta o la conducta criminal que se tipifica, la definición del delito político tiene que ver con una mitología fundadora que legitima el uso de la violencia para propósitos altruistas, configurándose el típico caso de esa perversión ética que se resume en la frase lapidaria: el fin justifica los medios[4].

Corresponde entonces al Legislativo, a instancias del Ejecutivo, promulgar la Ley Estatutaria que regule el llamado Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo No. 01 del 31 de julio del 2012), teniendo en cuenta no sólo los reparos hechos ya por la Corte Constitucional sobre las conductas que no son conexas a la rebelión, sino fundamentalmente los Acuerdos Internacionales como la Convención de Viena y el Estatuto de Roma que son vinculantes para el país por ser parte de los mismos; siendo la inmensa tarea de gran responsabilidad por parte de los congresistas en tanto no van a redefinir el delito político, sino que van por fin a definirlo y a establecer los límites del mismo.

[1] JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Delitos Políticos  La guía de derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-politicos#ixzz3M49wyvM7

[2] CORREA RESTREPO, Cruz Elvira. La configuración del delito político en Colombia en la posguerra de la guerra fría. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2010

[3] RESTREPO RAMÍREZ, Luis Carlos. Caducidad del delito político. FCPPC. Bogotá, 2013.

[4] Ibídem.

 
1 comentario

Publicado por en diciembre 16, 2014 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “DELITOS POLÍTICOS Y DELITOS CONEXOS

  1. Alonso

    marzo 16, 2015 at 2:07 am

    Los delitos cometidos por las farc grupo terrorista no son justificados ni calificados politicos, porq existe enriquecimiento ilicito,secuestro, violaciones ha mujeres y niños asecinato, robo y demas son delitos comunes q pueden ser jusgados constitucionalmente con penas de hasta cadena perpetua paz sin impunidad, delito es delito ejecutece y apliquece la ley

     

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